El Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cumple 20 años. Dos de sus fundadoras, Mirta Fiorucci y Mónica Rodríguez, reconstruyeron la historia de una militancia atravesada por debates, movilizaciones y cambios sociales.
Por Candela Bustamante*

Defender el derecho a la interrupción del embarazo es más que reivindicar su dimensión legal: también implica garantizar condiciones de seguridad y acceso gratuito. Por esto bregaron las mujeres que conformaron el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que este año cumple 20 años.
Desde el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEG), a partir del vínculo con el Foro, nos pareció de suma importancia realizar una nota en conmemoración de este vigésimo aniversario. Para ello, entrevistamos a dos de sus fundadoras, Mirta Fiorucci y Mónica Rodríguez, quienes reconstruyeron parte de la historia de una militancia que atravesó distintos momentos.
La Pampa, como otras provincias, con la vuelta a la democracia instauró nuevos debates políticos. Así, el 23 de mayo de 1986 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Mujeres, con una agenda marcada por los derechos sexuales y reproductivos. Después de muchas luchas, el 3 de junio de 2006 se conformó el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto. Sin embargo, recién el 22 de septiembre de ese mismo año se realizó la presentación pública sumándose a la Campaña Nacional.
La militancia territorial tuvo -y tiene- una voz propia. Mirta y Mónica destacaron la importancia de movimientos sociales previamente organizados en la provincia, como Mujeres por la Solidaridad, que facilitaron la conformación de un activismo específico por este derecho y permitieron construir alianzas con otras organizaciones y actores sociales, como autoridades y medios de comunicación.
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Estudio y activismo
Las activistas pampeanas reflexionaron que, hasta lograr la ley, no se podía minimizar el “mientras tanto”. En ese proceso, el conocimiento legal era clave porque, como afirmó Mónica: “Estudiar forma parte del activismo”.
Así descubrieron el artículo 86 del Código Penal Argentino. Este artículo, que data de 1921, establecía que no era punible el aborto realizado en dos casos: cuando existía peligro para la vida de la persona gestante o cuando el embarazo provenía de una violación. Esto fue fundamental para garantizar, aunque fuera en pequeña medida, el derecho a la interrupción del embarazo.
En noviembre del año 2007, en nuestra provincia, se presentó un protocolo en la Cámara de Diputados. En la misma línea que la Campaña Nacional, hacía referencia a la atención hospitalaria de manera pública para los abortos no punibles. Fue aprobado, pero no promulgado por el gobernador Carlos Verna, y con el cambio de gestión, quien asumió, Oscar Jorge, vetó el protocolo. El caso fue llevado a la Corte Suprema en 2010, bajo acción declarativa de inconstitucionalidad. Mientras tanto, la discusión adquirió alcance nacional y tuvo un punto de inflexión con la definición del fallo F.A.L. en 2012.

La Marea Verde
A nivel nacional, la Campaña presentó ocho proyectos de ley a lo largo de 15 años de lucha. El proceso estuvo marcado por la movilización de la denominada marea verde y tuvo en 2018 un momento lleno de ilusiones, seguido de posteriores decepciones. La sanción de la Ley 27.610, en diciembre de 2020, significó un nuevo punto de inflexión. Sin embargo, sería incorrecto decir que esta lucha terminó entonces, porque perdura la penalización social. “Tenemos ley, pero se siguen criminalizando mujeres”, explicó Mirta.
En la coyuntura actual, las medidas del gobierno nacional, con un enorme recorte al presupuesto a la educación y la salud pública, repercuten directamente en el acceso a la Educación Sexual Integral (ESI), y el derecho al aborto. Esta gestión atenta contra los derechos adquiridos. “Y es distinto tener una ley que no tenerla”, afirmó Mónica.
Es importante entender que Argentina no es un caso aislado. El cuestionamiento de la decisión de las mujeres sobre sus propios cuerpos y de sus derechos en general es un problema actual y extendido en América Latina. Esta lucha no terminó y continúa vigente en la consigna: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir”. En este sentido, el aborto no se reduce a una dimensión jurídica o médica, sino que, como afirmaron las entrevistadas, “es una cuestión comunitaria”.
(*) Estudiante de Comunicación. Integrante del equipo de comunicación del Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer.
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