Carta Pública
Red de Docentes por el Derecho a Decidir- La Pampa
La Ley Micaela tiene su origen en un hecho aberrante, pero recurrente, que son los femicidios en Argentina. Micaela García era una militante del Movimiento Evita que fue violada y asesinada a la salida de una discoteca en Gualeguay (Entre Ríos) en el año 2017. El femicida se llama Sebastián Wagner, quien había estado preso por abuso sexual y había sido liberado días antes del femicidio. La Ley N° 27.499, lleva su nombre en honor a la lucha que Micaela consideraba fundamental: terminar con todo tipo de violencias. La misma se centra en terminar con la violencia institucional y la falta de conciencia y capacitación en las diversas esferas del estado, en todos sus niveles.
La ley establece la capacitación obligatoria en género y violencias de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública y en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación, Provincias y Municipios. Diversas provincias adhirieron a esta ley, como es el caso de La Pampa con la Ley N° 3.175, del año 2019; celebrada como un avance necesario a fin de lograr cuestionar sentidos y prácticas estigmatizantes, discriminatorias y la desigualdad arraigadas en el sentido común en base al género, y transformen las prácticas concretas de los organismos y efectores públicos para poder orientar, acompañar y actuar con la eficacia y celeridad que las personas en situación de violencia necesitan.
Su efectiva aplicación es una herramienta fundamental de cumplimiento integral de la ley 26.485 de prevención y erradicación de la violencia de género, así como la ley 26.061 sobre el sistema de protección y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes. Junta a los tratados internacionales de derechos humanos a los que nuestro país suscribe y tienen jerarquía constitucional. De esta manera se busca transversalizar la perspectiva de género en la justicia y los organismos estatales evitaría fallos vergonzosos como el que decantó en el asesinato de Micaela García o, como nuestra provincia los de Sofía Viale o Carla Figueroa.
Docentes de esta red, que venimos sosteniendo el sistema educativo, en pandemia, con cifras crecientes de violencia doméstica, sostenemos que esta capacitación no debería ser un trámite administrativo porque sabemos, y los innumerables casos así lo demuestran, que es cuestión de vida o muerte. Por eso, cuando ingresamos a la página del Ministerio, hemos sentido burla, subestimación y vulneración a nuestros derechos, porque se permite acreditar la capacitación sin realizar ningún tipo de análisis, producción escrita, evaluación, etc, ya que ni siquiera es requisito excluyente leer el material adjunto ni ver los videos que allí se brindan pudiendo descargar el certificado de forma directa. Creemos que es responsabilidad del Estado bregar para que se cumplan las leyes, porque si no la ley podría llegar a caer en “letra muerta” y hacemos responsable a la Secretaría de la Mujer y al Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa para que arbitren los medios necesarios para que la capacitación de la Ley Micaela nos dé efectivamente las herramientas para actuar ante escenarios de violencias, educar en igualdad y respeto a la diversidad.
Creemos firmemente que una educación con perspectiva de género es urgente y debemos asumir y repetir hasta el cansancio que la ley escrita por sí misma no transforma la realidad. En educación transversalizar estas leyes, tanto la de la ESI como la de la Ley Micaela, equivalen llegar a cada institución, a cada equipo directivo, a cada docente. Para ello se vuelve imperiosa la capacitación sistemática, permanente, en servicio, gratuita, por niveles y con un adecuado seguimiento del proceso de apropiación de contenidos mínimos. Como red de docentes con compromiso con esta realidad instamos a que el modo de aplicación pueda ser reelaborado bajo las ideas que anteriormente planteamos y donde exista una genuina participación de docentes.
