Administración de justicia y perspectiva de género. Descargar en imagen
Introducción
Este documento presenta lineamientos y propuestas concretas para la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia.
La perspectiva de género es una variable de análisis que permite ver a las personas en su contexto superando los estereotipos que provocan discriminación y desigualdad entre varones, mujeres y LGBTI+.
El uso de los estereotipos de género en las leyes, reglamentos, prácticas y creencias culturales, modos de organización institucionales, etc. constituyen una seria discriminación contra las mujeres y colectivos de la diversidad, y su traslado a la práctica judicial es nociva cuando se traduce en una vulneración de los derechos humanos y libertades fundamentales.
De este modo, se busca impulsar la modificación de aspectos estructurales de los sistemas de justicia actuales que han demostrado ser ineficaces para atender y dar respuesta a las necesidades de grupos históricamente oprimidos, reproduciendo la violencia y la discriminación a través de prácticas burocráticas androcéntricas. Más que garantizar a las mujeres y LGBTI+ el acceso efectivo a la justicia, la intervención judicial ha funcionado, en general, como un engranaje del sistema patriarcal.
En este sentido, la perspectiva de género para el diseño e implementación de políticas públicas, entre ellas, las vinculadas a la organización judicial y el servicio de justicia, se inserta en un marco conceptual y metodológico centrado en las normas del derecho internacional de los derechos humanos, que se orienta a la promoción y protección de estos derechos. De este modo, se constituye en una categoría analítica y política que permite analizar el impacto diferencial que tienen las prácticas sociales en las vidas y, por lo tanto, en el acceso efectivo a derechos de las mujeres y LGBTI+.
Las transformaciones de las administraciones de justicia deben apuntar, entre otras cuestiones, a construir un sistema capaz de gestionar los conflictos de quienes sufren diferentes tipos de violencia y resolverlos, desde una perspectiva de derechos humanos y de género. Para cumplir este rol, les operadores de justicia deben estar comprometides con la defensa de los derechos humanos y ser capaces de identificar las causas estructurales de las violencias contra las mujeres y LGBTI+ por motivos de género.
Una simple mirada a la composición actual de todas las dependencias y organismos de la administración de justicia da cuenta de, por ejemplo, que los procesos de selección de magistrades, fiscales y autoridades judiciales están fuertemente sesgados en función del género y restringen el acceso a mujeres y LGBTI+ a los cargos en igualdad de condiciones. A la vez, en escasas ocasiones se considera la formación y perspectiva de género de les candidates, lo cual luego se ve reflejado en cómo se llevan adelante los procesos judiciales e, incluso, en las sentencias, dictámenes o asesoría técnica, donde se desconocen, en la mayoría de los casos, las obligaciones del Estado en la materia. Se hará un breve diagnóstico, se mencionarán algunos de los principales déficits que se han detectado, proponiendo algunas líneas de acción para superarlos.
La construcción de una administración de justicia accesible, igualitaria y comprometida con los derechos fundamentales de mujeres y LGBTI+ es, además de una obligación ineludible del Estado, una deuda de la democracia.
