A casi seis años de la sanción de la Ley 27.610, el acceso al aborto legal enfrenta nuevas dificultades como el desfinanciamiento, las desigualdades territoriales y el retroceso de políticas de salud y educación sexual.
Cada 28 de septiembre, desde 1999, conmemoramos el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. La fecha invita a preguntarnos: ¿alcanza con una norma para que un derecho sea real? En Argentina, la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo cumple casi seis años de vigencia. Fue sancionada el 30 de diciembre de 2020 después de décadas de lucha feminista, de pañuelos verdes, de cuerpos organizados que transformaron lo impensable en una conquista legal. Pero una norma no garantiza por sí sola la capacidad de ejercer el derecho que consagra.
La filósofa del derecho Silvina Álvarez propone una idea clave para entender este desfasaje: la autonomía no es un atributo que se tiene o no se tiene, sino una capacidad gradual y relacional que depende de condiciones concretas. Para decidir sobre el propio cuerpo se necesita información veraz, opciones reconocibles, ausencia de coerción y un entorno que legitime la decisión. Sin esas condiciones, el derecho formal queda flotando en el vacío.
Un derecho bajo presión
El panorama actual obliga a mirar la distancia entre la letra y la práctica. Según un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable sufrió un desfinanciamiento drástico: su ejecución en 2024 representó apenas el 20% de lo invertido en 2023 y el 8% del nivel de 2021. El presupuesto para 2026 consolida ese retroceso.
No son números abstractos: son consultorios sin misoprostol, profesionales sobrecargadas y adolescentes sin respuesta. Además, la implementación de la IVE es profundamente desigual entre las provincias.
La pedagogía de la crueldad no descansa
La antropóloga Rita Segato nos enseñó a nombrar como pedagogía de la crueldad las prácticas que habitúan a una sociedad a la violencia sobre los cuerpos. Esa pedagogía no necesita violencia explícita: le basta con el silencio, la omisión y el estigma que rodea a quienes deciden no ser madres. No se detuvo con la sanción de la ley: se recicla y se adapta. Hoy aparece en discursos que califican la educación sexual integral como adoctrinamiento y en el retiro de materiales para prevenir el abuso sexual infantil. Cuando el Estado retrocede, los cuerpos más vulnerables pagan el costo. Como señaló la investigadora Josefina Brown, el cuerpo es el primer territorio de la ciudadanía: sin información, acceso ni acompañamiento, se pierde soberanía.
Las redes como sostén
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue mucho más que un movimiento político: fue una experiencia pedagógica colectiva que amplió el horizonte de opciones relacionales. Hizo que el aborto pasara de ser una opción impensable o ilegítima a ser reconocible, nombrable y reclamable. Ese aprendizaje no se borra con un recorte presupuestario.
Desde 2015 funciona en Argentina la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que reúne alrededor de 2000 profesionales y más de 700 equipos interdisciplinarios. Garantizan información, capacitación y prácticas seguras de manera gratuita y legal, sosteniendo desde dentro del sistema de salud las condiciones de acceso que el Estado nacional retira.
Enseñar el derecho
Hay una verdad que la experiencia feminista aprendió a fuerza de constatar sus límites: un derecho que no se conoce no se ejerce. La Ley 27.610 lo entendió desde su propio texto: en su artículo 13 vincula la Interrupción Voluntaria del Embarazo con la Educación Sexual Integral y establece que el Estado debe implementar la Ley 26.150 como parte de las políticas de salud sexual y reproductiva. No son dos leyes separadas: son una prescripción recíproca. La ESI sin derecho al aborto es una pedagogía incompleta; el derecho al aborto sin ESI es un derecho formal que no llega a ser real para quienes carecen de herramientas para reconocerlo como propio y viable.
La pregunta no es si la ley está vigente —que lo está—, sino cuáles son las condiciones para garantizar que pueda ejercerse. Durante demasiado tiempo, la sociedad enseñó, en su silencio y en la clandestinidad, que ciertos cuerpos no tenían derecho a decidir. Romper ese silencio sigue siendo la tarea más necesaria: que cada mujer, adolescente o niña sepa que puede decidir y que su voz debe ser oída.
Alejandra Érica Montaña
Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros. FCH-UNLPam
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