Clara* es directa, habla de forma pausada y no deja de sonreír. Llegó a España hace una década desde Centroamérica, con un título universitario y muchas ganas de iniciar un nuevo camino. Su primer trabajo fue como empleada del hogar en régimen de interna, una situación que provoca el aislamiento social de la trabajadora en entornos que facilitan los abusos por la falta de controles laborales. «Tu amiga es la lavadora, la cocina, la vitro y no hay más, porque para la gran mayoría de la gente en tu trabajo de interna eres solo parte del mobiliario», explica.

Clara vivió en primera persona las consecuencias de esa desprotección. Su jefe la violó, tras meses de acoso y dos intentos previos de agresión. Cuando Clara fue a urgencias, todavía en shock, con un desgarro vaginal, partes del cuello y el cuerpo magulladas, nadie le preguntó qué había pasado. Recuerda lo que le dijeron cuando fue examinada: «Esto hay que arreglarlo. Está todo bien, no te preocupes. Y la factura te llega a casa».

Aunque la víctima de la agresión no denuncie, el profesional sanitario que atiende casos como el de Clara está obligado por la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) a completar un parte de lesiones si tiene sospechas de que puedan deberse a una agresión o infracción criminal. En este caso, y hasta donde Clara fue informada, no se siguió este procedimiento. Clara tampoco recibió acompañamiento psicológico o emocional de ningún tipo.

Además del desgarro y los golpes, Clara fue contagiada por su violador con una infección de transmisión sexual (ITS). Cuando pasado un tiempo le aparecieron unas verrugas en la zona vaginal, decidió extirparlas ella misma porque tenía miedo de volver al hospital: continuaba sin papeles de residencia y permiso de trabajo.

Esos papeles que todavía no tenía fueron los culpables de que volviera a la casa de su violador. «Tenía los papeles metidos, tenía que quedarme. Necesitaba los papeles. Le conté a la señora de la casa lo que pasó y me dijo: Él estaba borracho. Ya sabes, estas cosas pasan. Es un accidente. No hace falta que te vayas. Te estamos arreglando los papeles y sabes que en esta casa te queremos un montón. Y ya», recuerda.

Los papeles que no tenía son los culpables de que volviera a casa de su violador

El caso de Clara ilustra de manera desgarradora muchas de las violencias y los procesos que una mujer migrante tiene que afrontar en el Estado español para acceder a asistencia pública de salud sexual y reproductiva.

Algunas de estas circunstancias afectan a cualquier mujer: falta de formación de las y los profesionales con perspectiva de género, violencia obstétrica, omisión de información previa a los procedimientos, deshumanización, listas de espera que superan los seis meses para ser revisada por un especialista, acompañamiento emocional y psicológico escaso, enfermedades no reconocidas como la endometriosis, entre muchas otras.

Pero si eres migrante, estas violencias se alimentan además por la discriminación y la situación administrativa irregular. Estas personas deben probar que viven en España un mínimo de 90 días para recibir asistencia sanitaria pública y para ello se exige el empadronamiento como única prueba válida. Este hecho deja fuera a todas aquellas personas que por diferentes circunstancias administrativas no puedan conseguirlo.

Así le pasó a Marly, nicaragüense residente en España desde 2016, quien sigue en situación irregular y por eso prefiere no hacer público su apellido. Hace cinco años sufrió una hemorragia que necesitó atención de urgencia. En el centro médico le realizaron una ecografía que reveló la presencia de miomas uterinos de gran tamaño y que eran necesario extirpar.

«Cuando estaba en triaje me preguntaron si tenía la tarjeta sanitaria, les respondí que no. Me dijeron, entonces, que esa atención de urgencias me la tenían que cobrar. Y, efectivamente, me mandaron una factura por 190 euros«, explica. La imposibilidad de costear la operación la dejó sin opciones para continuar con su tratamiento. Marly no ha vuelto a la sanidad pública, no quiere volver a sentirse avergonzada y vulnerable como aquel día.

La ONG Médicos del Mundo ha documentado 7.074 casos de personas que debido a barreras burocráticas y administrativas no han podido acceder al sistema nacional de salud en España sólo entre el 15 de marzo y el 15 de noviembre de 2022.

El laberinto burocrático

Ana es de Honduras, trabaja como cuidadora y -como Marly- pide mantener en secreto su apellido. Llegó a España hace menos de un año y sufre el síndrome de ovario poliquístico, lo que le ha provocado un desajuste hormonal para el que necesita tratamiento. Ana fue diagnosticada en su país y allí ya recibía tratamiento. Por eso, el mismo día que se empadronó en España fue al centro de salud: «Me dijeron que no me podían dar asistencia sanitaria, que no estaba dada de alta en la Seguridad Social», relata Ana.

«Escanea mi pasaporte, toman los datos y me dicen que regrese la semana siguiente. Regreso y me comunican que el trámite está pendiente. Semanas después, me dan cita para el 12 de junio. Le digo que es demasiado tiempo, que necesito asistencia para continuar mi tratamiento, pero me responden que no pueden hacer nada y que revisarán mis datos, que ellos deciden a quién le dan la asistencia y a quién no», explica.

A Ana ya le han dado cita para presentarse ante las conocidas Unidades de Tramitación (UT), oficinas creadas por la Comunidad de Madrid en 2021 para gestionar el acceso a la asistencia sanitaria de personas extranjeras, mayoritariamente migrantes en situación irregular. Existen siete UT en Madrid y la media de espera para conseguir una cita es de tres meses.

Marta Pérez, de Yo Sí Sanidad Universal, detalla también en una entrevista para este reportaje que «en las UT hay trabajadoras sociales, allí se completa un formulario para detectar si la persona ha venido a España con finalidad sanitaria. Por ello pueden denegar el acceso. Pero sin marco legal, no hay criterios oficiales para la decisión, según la Subdirección General de Aseguramiento».

Pérez deja así en evidencia que nos encontramos ante «un sistema en el que la lógica de la exclusión está instalada y pueden dejarte sin acceso a la asistencia».

Ana vive en Madrid, pero si estuviera en otro lugar el proceso sería diferente. El Real Decreto-Ley 7/2018, que sobre el papel reinstauró la universalidad de la asistencia sanitaria, deposita en las comunidades autónomas la gestión del acceso de las personas migrantes en situación irregular. Esto ha provocado desajustes en la aplicación de la norma entre comunidades, ha aumentado la inequidad en el acceso a un derecho básico dependiendo de tu lugar de residencia, tal y como refleja el último informe de Yo Sí Sanidad Universal.

A esto se suma, en muchos casos, la falta de información sobre los marcos legales o la confusión en la aplicación de los mismos, lo que provoca que los profesionales no puedan actuar de manera uniforme. «En realidad, muchas veces depende de la voluntad de quien te atienda», reflexiona Pérez… seguir leyendo