Abortar en España es legal pero parece ser clandestino porque médicas y médicos se niegan a efectuar los procedimientos.
A los fines de lograr una prestación efectiva en todo el país, se está revisando la Ley del Aborto, teniendo presente que el IVE libre y seguro es imposible en una gran parte del mundo.
En Madrid, los hospitales vedan el aborto terapéutico a quien llega a un centro de salud. El mapa de los lugares en los que se puede abortar, lo determina menos la legislación española, que médicas y médicos españoles.
Por Daniel Héctor Saban*
@danielhectorsa3
“España está preparada para despenalizar definitivamente el aborto”, sostiene la ministra de Igualdad Irene Montero.
Solo un 15% de los abortos efectuados en España se realizan en centros públicos. Miles de mujeres deben recorrer muchos kilómetros para poder lograr ser atendidas, debido a que una gran cantidad de médicas y médicos adhieren a la objeción de conciencia.
Han pasado once años desde que España aprobó la Ley del Aborto, pero aún persisten los obstáculos que hacen dificultosa su aplicación. La inmensa mayoría de las interrupciones voluntarias de embarazo son llevadas a cabo en centros especializados, según información suministrada por Sanidad. En 2019, esos establecimientos, realizaron un 85% del total de los abortos practicados. Los hospitales públicos aducen objeción de conciencia de sus planteles de profesionales.
La ley que entró en vigencia en 2010, estableció que los abortos se debían efectuar en la red pública contemplando como una excepcionalidad hacerlo en centros acreditados. Las comunidades, en lugar de crear centros de sanidad públicos optaron por seguir derivando, las interrupciones voluntarias a centros privados de salud. Está situación obliga a miles de mujeres, desde esos tiempos, a desplazarse a otras provincias para poder llevar a cabo esos procedimientos.
En cinco de las 17 comunidades autónomas de España, ningún hospital público realiza abortos
Existen provincias, en donde no se realizan esas prácticas directamente, entre las cuales podemos mencionar Jaén, Huesca, Teruel, Cáceres, como varias de Castilla y León. Si bien en estas últimas no se efectúa ninguna intervención, debemos destacar que también existen territorios a los cuales se derivan los procedimientos más allá de la semana 14, la cual es el límite para el aborto libre. A partir de ese momento solo es legal si hay riesgo para la vida o salud de la embarazada o “graves anomalías en el feto”.
En la península ibérica, la interrupción voluntaria del embarazo es libre y gratuita hasta la semana 14 de gestación.
El aborto en España, se convirtió en un derecho controversial en riesgo permanente. Por ese motivo se está efectuando su revisión para lograr una prestación efectiva en todo el territorio y por sobre todas las cosas su implementación en la sanidad pública. En la península ibérica, anteriormente, solo se permitía a las mujeres abortar en circunstancias extraordinarias.
“La objeción de consciencia a la hora de practicar abortos en centros públicos catalanes es algo bastante frecuente”, sostiene Silvia Aldavert, Coordinadora de L’Associació Drets Sexuals i Reproductius
No existen estadísticas oficiales sobre la cantidad de médicas y médicos objetores trabajan en España, pero la ministra de Igualdad Irene Montero ha propuesto en el mes de julio de 2021, cambiar la Ley del Aborto para poner límites a profesionales de la salud, a la capacidad de convertirse en objetoras y objetores. Según la legislación española, médicas y médicos pueden explicar las posibles consecuencias “psicológicas y sociales “de la interrupción del embarazo a sus pacientes.
Médicas y médicos se autodenominan “objetores de conciencia”, dado que consideran que al realizar abortos, violarían su juramento de no hacer daño. Está postura ha venido ganando terreno en países como Italia, siendo invocada por profesionales que trabajan en hospitales que mayoritariamente no realizan abortos.
Las clínicas especializadas se están encontrando sin la posibilidad de un relevo generacional de médicas y médicos, al no poder efectuar una formación de expertos en salud sexual y salud reproductiva, incluida la práctica de la interrupción del embarazo.
Mientras, tanto en Texas cómo en Polonia han dado un volantazo y prácticamente prohibieron su práctica. El aborto libre y gratuito se ha vuelto prácticamente imposible en gran parte del mundo, corriendo el riesgo a retroceder en aquellos lugares donde es aceptado.
El gobierno de España, está intentando que la ley sea completamente efectiva, buscando la eliminación de centros de salud que no realicen abortos por contar con plantillas objetoras de consciencia, verificándose la existencia de múltiples comarcas donde es imposible practicarlo. El 86% de las interrupciones voluntarias de embarazo se realizan en clínicas privadas.
En 2010, el número de abortos en España fue de 113.031, lo que constituye una cifra mayor en 18.908 que los producidos en 2017. El hecho demuestra que el número de interrupciones voluntarias del embarazo, desde la entrada en vigencia de la ley ha disminuido.
Uno de los factores que pueden haber ocasionado el descenso del número de los abortos, podría ser la autorización vigente desde 2009, al suministro en salud pública de la píldora del día después.
En España se verifican comunidades autónomas enteras donde no se puede abortar. A las puertas de las clínicas existentes, en la actualidad, concurren grupos de personas contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo con el fin de disuadir del procedimiento, hostigando a las mujeres que intentan ese paliativo terapéutico. Se asedia asimismo al personal sanitario que brinda sus tareas en esos centros de salud.
El último miércoles se han iniciado jornadas convocadas en todo el mundo, denominadas, “40 días por la vida”, que movilizan voluntarios para rezar frente a los nosocomios, realizándose en el caso de España en ocho ciudades hasta el próximo 31 de octubre.
En la Clínica Dator, en Madrid, uno de los asistentes ha sostenido que:” Solo venimos a orar, somos un grupo pacifico, no interactuamos con nadie”. Mientras otra de las participantes ha afirmado “que: «Estas mujeres están pasando por una situación muy dura”, sosteniendo con claridad sus principios de: “los bebés tienen derecho a vivir”.
El Congreso de los Diputados logró, en una tensa sesión, la toma en consideración para efectuar el cambio en el Código Penal e incluir como delito la acción de :”quienes hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. El plan del Ministerio de Igualdad prevé regular la objeción de consciencia y garantizar el acceso al aborto en hospitales públicos en todo el territorio, además de eliminar el requisito del permiso de los progenitores para menores de 16 y 17 años, para poder efectivizar el aborto. En este contexto, la reforma propuesta también quiere “penalizar el acoso a las clínicas donde se practica la IVE, a las mujeres que acuden y a los profesionales que trabajan”.
La titular de Igualdad, Irene Montero, ha señalado que: “Las mujeres no necesitan tutela de nadie”, agregando su intención de buscar eliminar los tres días de reflexión que se requieren a las mujeres para proceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
“El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo no puede estar por debajo del derecho a la objeción de conciencia de los médicos. Las mujeres han de poder realizar el IVE en un hospital público cercano, eligiendo el método y con garantía para sus derechos”, agregó la ministra Montero.
En los últimos 25 años, 47 países han despenalizado el aborto pero sin duda queda un largo camino por recorrer. Sin ir muy lejos en el tiempo está semana el papa Francisco ha sostenido: “El aborto es un homicidio. Quien aborta, asesina”.
Mercedes Sobreviela, ginecóloga en Zaragoza al noreste de España, considera que la decisión de abortar atañe a las mujeres y que la determinación adecuada para una mujer es “siempre la que ella quiera”. Cómo médica, también ha optado por no practicar abortos. Sostiene que el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, que es el lugar donde trabaja, tampoco los realiza. Ningún hospital de la zona de Aragón, donde viven más de un millón de personas, realiza la intervención.
Debido a los problemas que se vienen presentando es que el Gobierno de España, planea efectuar la reforma de la Ley del Aborto, para intentar compatibilizar el derecho a la objeción de consciencia con el derecho de las mujeres a tener una maternidad libremente decidida. En la reforma se incorporaran medidas con el fin de que el aborto sea un derecho pleno.
(*) Columnista de Diario Digital Femenino
danielhsaban@hotmail.com
