El Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito elaboró un documento donde plantea algunos cuestionamientos al protocolo que elaboró el gobierno provincial. Reclaman un listado oficial y público de los objetores de conciencia.
El Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito reclamó que los abortos no punibles no sólo se hagan en los hospitales públicos de Nivel IV, sino en otros centros de salud del Estado y también en clínicas y sanatorios privados.
Además advirtió que los objetores de conciencia deberían ser parte de un listado oficial -y público- en el que establezcan esa condición, tal como lo determina la ley 2079, en sus artículos 20 y 21.
El Foro hizo esos planteos en un documento que presentó en conferencia de prensa, en el que remarca otros aspectos cuestionables del protocolo elaborado por el gobierno provincial.
El Foro interpretó que la respuesta oficial ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia fue forzada «y no como una política de estado que busca garantizar la aplicación de derechos». El documento, al que se sumó el aval de la Secretaría de Género de la Facultad de Ciencias Humanas, insiste en que el gobierno “se vio obligado” a elaborar el protocolo, a raíz del fallo de la Corte y el reclamo constante del movimiento de mujeres.
“Esto queda en evidencia -asevera- porque en sus declaraciones y normativas, sigue incurriendo en numerosas contradicciones, expresiones sexistas, incompatibilidad con el fallo de la Corte, leyes provinciales y convenciones internacionales”.
El documento lleva las firmas de integrantes del Foro como Mónica Rodríguez, Erica Montaña, Fernando Giagetto, Mónica Molina y María Hermina Di Liscia. La aspiración del sector es hacer los planteos ante el ministro de Salud Mario González, que desde que está a cargo de esa cartera no ha recibido al Foro.
Restricciones y obstáculos
El Foro interpreta que se “obstaculiza” el acceso de niñas y adolescentes al derecho del aborto no punible: “se ve vulnerado por la derivación a la Dirección de Niñez y Adolescencia y se viola el principio de confidencialidad”.
El protocolo establece que se debe informar a ese organismo en caso de un aborto no punible solicitado por una menor de 18 años. El Foro recuerda que así “se dilatan los tiempos, se revictimiza a niñas y adolescentes y entra en contradicción con las normas internacionales de rango constitucional que forman parte del marco jurídico del fallo, que establecen la edad de 14 años como límite para demandar por sí mismas el goce de los derechos sexuales y reproductivos”.
A criterio del Foro, el hecho de que las clínicas privadas no estén alcanzadas formalmente por el protocolo, constituye “una discriminación de género por clase y/o sector social”. “Al excluir a los privados, hay una sectorización. Por un lado, las mujeres tendrían vedada una atención adecuada, y por otro no tendrían las demandas y obligaciones que sí tienen quienes se atienden en un hospital público”.
La organización cree además que hay que extender la posibilidad de la atención pre y post-aborto a hospitales de menor complejidad, para evitar una re-victimización a través de derivaciones o alejándolas de su lugar de residencia y contención. Las integrantes del Foro insistieron, en ese sentido, en que existen “procedimientos que no demandan una alta complejidad”.
También piden que sea “consentida y no compulsiva” la reserva de material genético durante los 90 días posteriores al aborto, como establece el protocolo.
Otro reclamo es que intervengan médicos y equipos interdisciplinarios que hayan recibido una capacitación acorde, y que se garantice una intervención laica. El Foro considera que el tratamiento sicológico a las mujeres que abortan no debe ser una obligatoriedad, sino una “opción a decidir libremente por ella”.
“No siempre un aborto es una situación traumática, a veces es una situación liberadora, y lo traumático en realidad es la carga social que a veces este proceso implica, la culpa, el hecho de que deba ser una situación clandestina”, dijeron en la conferencia de prensa las integrantes de ese espacio.
Objeción de conciencia
Acerca de la objeción de conciencia, el Foro planteó que “falta una regulación clara”. Se opusieron al planteo del ministro de Salud Mario González, que dijo que los profesionales pueden ser objetores de conciencia en cualquier momento y circunstancia.
Para el Foro, es necesario que exista un listado previo y público de quiénes son los profesionales que se niegan a intervenir.
El documento advierte también sobre “errores de forma” en la redacción del protocolo, incluyendo una referencia al “embarazo no punible” y otras “desprolijidades serias”. A la mujer se la denomina de manera diversa como “víctima” o “paciente” o “embarazada”. “Predomina un lenguaje sexista que no tiene por objetivo garantizar un derecho”, aseveró el Foro.
El espacio considera “imperioso” el diseño de una política pública, tal como recomienda la Corte Suprema en su “excelente” fallo, lo que incluye una “amplia difusión de este derecho”.
“Saludamos tener una herramienta, pero como somos críticos no queremos cualquier herramienta. Creemos que es posible mejorarla, trabajarla y perfeccionarla. Hay que seguir trabajando para hacer los ajustes necesarios”, redondeó el Foro.
Fuente: El Diario de La Pampa
