Aborto legal: a 7 años del fallo de la Corte, la mitad del país no tiene protocolos adecuados

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Por Admin marzo 14, 2019 19:33

Aborto legal: a 7 años del fallo de la Corte, la mitad del país no tiene protocolos adecuados

El 13 de marzo de 2012, el máximo tribunal recordó que el aborto es legal por algunas causas. Para el secretario de Salud de la Nación, “es un derecho” y todas las provincias deberían adecuarse.

Ante los persistentes obstáculos que encontraban las mujeres para acceder a los abortos legales, el 13 de marzo de 2012 la Corte Suprema dictó un fallo histórico que repitió que el aborto no punible es un derecho de las mujeres, resaltó que no era necesario judicializar estos requerimientos y exhortó a todas las provincias a adoptar medidas para garantizar el acceso al aborto legal. El Ministerio de Salud de la Nación publicó entonces un Protocolo de Atención. Siete años después, siete jurisdicciones aún no tienen protocolos y otras seis tienen guías propias que no se adecuan a lo planteado por la Corte.

Las provincias que no cumplen son Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. Las seis que tienen protocolos inadecuados son: CABA y Córdoba –en ambos casos suspendidos parcialmente por orden judicial–, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires y Río Negro. En estos casos, los distritos piden desde autorizaciones judiciales hasta acompañamientos de los padres, algo que no está contemplado en el protocolo nacional.

En Argentina, y desde 1921, el aborto es legal por tres causas: violación, riesgo en la salud o peligro de vida de la mujer. Lo dice el artículo 86 del Código Penal. Las mujeres que atraviesen alguna de estas situaciones tienen el derecho a pedir y acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). A pesar de la norma, no fue un derecho al que las mujeres hayan tenido acceso. De allí la importancia del fallo de la Corte, que en 2012 salió a reforzar una ley ya existente pero poco cumplida. Se llama FAL porque son las iniciales de una adolescente violada por su padrastro en Chubut. 

El año pasado, con el debate del aborto legal en el Congreso, muchas personas supieron de la existencia de este derecho, que comenzó a exigirse más. Y algunas jurisdicciones adecuaron sus protocolos. De todas maneras, hay provincias que continúan no sólo sin protocolos sino también negando este derecho a quienes les corresponde. Es lo que ocurrió en Tucumán con la niña de 11 años violada que pidió una ILE y el sistema público de salud de la provincia se la negó obligándola a ser madre contra su voluntad. No sólo eso: también denunciaron a los médicos que interrumpieron legalmente el embarazo a la niña.

“A la violencia institucional que significa la falta de cumplimiento con la ley que permite el aborto en los casos de violación, se suma la violación del secreto profesional tolerado por las autoridades sanitarias de Tucumán. En lugar de convalidar la persecución penal de los profesionales de salud que finalmente atendieron a la niña, la Fiscalía de Tucumán debería investigar el abandono de esa niña por parte de las autoridades y profesionales del hospital y la violación del secreto profesional al divulgar su historia clínica”, opina Natalia Gherardi del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

“Creo que lo que pasó con las niñas de Jujuy y Tucumán nos recuerda que las diferencias geográficas hace que haya diferencia de acceso a derechos. En estos casos además los médicos violaron el secreto profesional porque difundieron las historias de estas niñas, escrachándolas y a los profesionales que las ayudan también. Los denunciaron, y este hostigamiento es una estrategia para sembrar dudas, promueve falsas objeciones de conciencia que se plantean por temor a amenazas. El encarnizamiento es un retroceso absoluto -dice Agustina Ramón Michel, abogada, investigadora del CEDES e integrante fundadora de REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro)-. Algunas personas dicen que es una exageración hablar de tortura. ¿Cómo llamarían a todo lo que tuvieron que pasar estas niñas?”.

“Por suerte hoy son muy pocos los que se oponen a la ILE, y en eso fue muy importante el fallo de la Corte. El fallo FAL ayudó a construir legalidad -sigue Ramón Michel-. De todas maneras, la falta de protocolo provincial no es excusa jurídica para que no se practique la ILE. Que una provincia no tenga protocolo muestra la falta de voluntad política para que las mujeres accedan a sus derechos”.

El viernes pasado, Teresita Villavicencio, diputada tucumana del bloque Evolución Radical, presentó un recurso de amparo para que “en forma inmediata el Gobierno cumpla con su obligación constitucional indelegable de regular y garantizar el derecho a la ILE, de acuerdo al artículo 86 del Código Penal y el fallo FAL”. “Se condene al Poder Ejecutivo a que en un plazo razonable implemente un protocolo hospitalario para la concreta atención de los abortos no punibles, a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”, dice el escrito.

El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia también lo marca entre su objetivos de acción. Además de la prevención y disminución de los embarazos, habla de “fortalecer políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual” y del “acceso al ILE según el marco normativo vigente”.

Días atrás, el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, había dicho a Clarín que es necesario que todas las provincias adhieran al protocolo y remarcó que “la interrupción del embarazo es un derecho cuando está bajo las causales de la ley”. La ley está desde 1921.

Fuente: Clarin 
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