Ante la propuesta del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, de poner en discusión la baja de la imputabilidad, la Directora del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría, Maria Elena Naddeo opinó sobre la materia y dijo que “se torna necesario correr el eje de discusión, dado que los adolescentes de 14 y 15 años son en su mayoría víctimas y no victimarios de las acciones de los adultos”.
Agregó además que “resulta imprescindible desarrollar políticas de inclusión social y educativa en los barrios de mayor vulnerabilidad social para prevenir la comisión de delitos. Concentrar la misma energía política con que se discute la cuestión penal para desarrollar programas de intervención con los chicos cuyas prácticas sociales puedan indicar mayor cercanía con situaciones de violencias”.
Para la Directora del Centro, “recurrir a la ley penal y al sistema penal – aun proponiendo su reforma – es un atajo que no se traduce directamente en una disminución de los delitos que quieran evitarse. Será simplemente una respuesta mediática y demagógica frente a una comunidad movilizada por la inseguridad”.
Sostuvo también que derogar la Ley 22278 (Régimen penal de menores) es un desafío de difícil concreción. Solamente válido si se reemplaza por un sistema que ofrezca además del debido proceso, penas adecuadas, y dispositivos de responsabilización a través de medidas socio educativas con la privación de libertad como última ratio, en la misma franja etaria de 16 a 18 años.
Por último sostuvo Naddeo que es “necesario diseñar y poner en marcha un dispositivo eficaz que permita avanzar en esta franja etaria. Deberá articularse con las fuerzas de seguridad de justicia y de juventud y con la comunidad en cada uno de los territorios. Un esfuerzo hasta ahora nunca encarado desde la política social”.
