La violencia no prescribe.

En el día de ayer, la Asociación de Mujeres Argentina por los Derechos Humanos (AMADH), con el acompañamiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Red de Emergencia Feminista La Raquel, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y parte del Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad, presentaron ante la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta el proyecto: “Solicitud de reparación y reconocimiento para las sobrevivientes de prostitución, explotación sexual y/o trata personas en tanto víctimas de violencia institucional”.

Si bien Argentina hoy ofrece un marco normativo para denunciar los delitos, discriminaciones y vulneraciones que se atraviesan en las distintas situaciones que suceden en prostitución y explotación sexual, estas leyes no tienen carácter retroactivo y muchas sobrevivientes han quedado imposibilitadas de recibir acompañamiento y de someter a juicios a sus explotadores y a quienes ejercieron violencia sobre ellas en el pasado reciente. El proyecto de AMADH se propone visibilizar, reconocer y reparar esta situación.

Las compañeras sobrevivientes han sido partícipes activas en muchísimas conquistas en la materia, que incluyen la Derogación de los Artículos represivos de la prostitución en distintas provincias del país hasta la sanción y modificación de la Ley contra la Trata y la Asistencia a sus Víctimas, solo por nombrar algunas; quedaba pendiente avanzar en una reparación que las considerara. Se trata entonces de una demanda reparatoria para un colectivo “políticamente considerado” pero históricamente marginalizado.

Participaron de la presentación ante la Ministra, las sobrevivientes e integrantes de AMADH Graciela Collantes, Teresita Sifón, Claudia Chiconi y Cecilia Córdoba; por la APDH, María Elena Naddeo, Guillermo Torremare y Maria Elia Capella, el Fiscal de la PROTEX, Marcelo Colombo, y las referentas feministas Diana Maffía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A, y Marta Vasallo, de la Red de Emergencia Feminista La Raquel.

El proyecto solicita la reparación y el reconocimiento de las violencias por parte del Estado, a la vez que demanda la ampliación y el mejoramiento de las políticas públicas específicas para esta problemática. Los principales puntos son:

• Reparación económica y habitacional (a través de una asignación mensual, un pago por única vez y la incorporación a cupo preferencial de vivienda) para sobrevivientes de prostitución víctimas de violencia institucional durante los 90 y 2000.

• Reconocimiento de las violencias a través de la implementación de medidas generales (políticas, económicas, habitacionales, educativas y de salud) dirigidas a todas las personas que se encuentren o hayan encontrado en prostitución para reparar sus derechos y prevenir los daños de las violencias (incorporación a un cupo y/o derecho preferencial de vivienda, becas de estudio, asignación de prestación de salud-salud mental)

• Políticas públicas de sensibilización, visibilización y prevención de las múltiples violencias en prostitución.

La solicitud de este proyecto cuenta con el apoyo de las organizaciones internacionales feministas Coalición contra el Tráfico de Mujeres (CATW por sus sigles en inglés) y Sisterhood is Global Institute (SIGI).

Por otro lado, este proyecto se ha sustentado en las pericias psicológicas llevadas adelante por un equipo de expertas coordinadas por la Dra. María Lourdes Molina, de Nuestras Manos.

La aprobación de este proyecto significará un avance en términos de Derechos Humanos para nuestro país, reconociendo y reparando a víctimas de violencia institucional desde una perspectiva de género.

Para adherir al proyecto: https://forms.gle/4dwEBactX5ep2icF6

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