Si siguen funcionando, es porque hay quienes concurren a ellos. Sin embargo, nada se dice de los prostituidores (“clientes”) que debían encontrarse en el lugar. Ellos son la parte invisible del sistema prostituyente, aquellos de los que no se habla, pese a ser quienes con su demanda echan a andar toda la maquinaria que constituye el negocio de la explotación sexual y los que producen daño directo sobre los cuerpos y la subjetividad de las personas que prostituyen. Sonia Sánchez, la activista feminista abolicionista y sobreviviente de prostitución, los llama “torturadores prostituyentes”.

La prostitución es una institución patriarcal que consagra la subordinación de las mujeres a una sexualidad masculina basada en el dominio y se basa en la desigualdad social, económica, cultural y sexual entre hombres y mujeres. Es lo contrario a una sexualidad libre y placentera. A diferencia de lo que sostienen los sectores que presentan la prostitución como una forma transgresora del ejercicio de la sexualidad, es en realidad una institución conservadora y represiva, que coloca a las mujeres en lugar de objeto del goce de otro y no en sujeta de sus propios deseos.

Esta situación se ve agravada en razón de la pobreza de la mayor parte de las personas prostituidas y/o de los abusos sufridos en la infancia, generalmente en sus propias casas.

Diversas investigaciones muestran los daños físicos y psíquicos que provoca, entre ellos: alto riesgo de contraer VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), golpes y abusos de proxenetas y prostituidores, embarazos no deseados, abortos forzosos, hepatitis, ingesta obligada de hormonas y consumo inducido de drogas, cirugías, aplicación de inyecciones de silicona y aceites y, finalmente, femicidios y travesticidios. Las consecuencias psicológicas, especialmente disociación y el estrés traumático, se equiparan a las sufridas por las víctimas de tortura.

Muchas mujeres y niñas se encuentran desaparecidas víctimas de redes de prostitución y trata y es preciso tener en cuenta el daño generacional, ya que en muchas familias la prostitución se naturaliza y las hijas son prostituidas al igual que sus madres.

En esta emergencia sanitaria, se agrega el riesgo de contagio de un virus del que poco se sabe. Es fundamental que el Estado se ocupe de las personas prostituidas, sobre todo en la emergencia que las encuentra sin los medios económicos necesarios para su supervivencia y la de sus hijas e hijos y, en la mayor parte de los casos, explotadas por proxenetas y abusadas por prostituidores.

Para ello se requieren transferencias de ingresos a su favor, que les aseguren recursos económicos, alimentarios, habitacionales, sanitarios y sociales, suficientes y adecuados y que ello se convierta en una política de Estado que les permita salir de la prostitución. Asimismo, es deber del Estado cerrar los prostíbulos, bajos sus diversas denominaciones (cabarets, whiskerías, bares, “privados”, etc.), que habitualmente encubren la verdadera actividad. Con ello daría cumplimiento a la legislación interna, especialmente la ley 12331 y a los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, en particular el Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.

Las medidas de prevención y protección que se adopten no deben separar a las madres de sus hijas e hijos y las migrantes deben tener la posibilidad de permanecer en el país y, en su caso, regularizar su situación migratoria.

Es preciso, asimismo, proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de explotación sexual, haciendo cesar de inmediato dicha explotación de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño y la legislación interna, considerando especialmente que los prostituidores reclaman cuerpos cada vez más jóvenes y que la edad de ingreso a la prostitución oscila entre los 12 y 14 años. El discurso edulcorado de la prostitución como empoderante, fruto de la libre elección, un trabajo como cualquier otro y que permite ganar mucho dinero, no sólo falsea la verdadera experiencia de las personas prostituidas, sino que constituye una forma de promoción de la prostitución, especialmente entre las adolescentes de barrios populares, colegios y universidades.

Por ello, nuestra propuesta que le hicimos llegar al Poder Ejecutivo y ministerios nacionales y a autoridades provinciales mediante una carta que aún no fue respondida, es prevenir, efectivizar derechos, aplicar la legislación abolicionista que es parte de nuestro sistema jurídico, no criminalizar nunca a las personas prostituidas, sí a los/las proxenetas y tratantes, sancionar a los prostituidores, incluir en la educación sexual que se imparte en las escuelas información y contenidos que permitan prevenirla y evitar que las niñas sean prostituidas y los niños se conviertan en prostituyentes.

Infobae