La semana pasada se realizó la audiencia donde abogada y abogados se constituirían como querellante y defensores en el caso de la “Violación múltiple de Chubut” que investiga a tres jóvenes por el presunto abuso de una menor en 2012 en Playa Unión.

Fuentes judiciales confiaron a Diario Digital Femenino los pormenores de la audiencia, donde el juez no resolvió ninguno de los planteos, principalmente el de la abogada de la víctima. “La audiencia fue el 22 de septiembre, empezó a las 17 y finalizó pasada la medianoche”, contaron y afirmaron que se puede “prescindir” ese encuentro “porque el juez no resolvió ninguno de los planteos, menos aún el pedido de constitución en querellante de la abogada Verónica Heredia, planteo que recién pudo realizar alrededor de las 23”.

Las fuentes consultadas por este medio resaltaron “la postura de cada uno de estos varones defensores, fiscal y juez. Uno de los abogados diciendo que siente aprecio por el fiscal luego de que fuera injustamente atacado por decir ‘desahogo sexual’, otro solidarizándose con él, otro reclamando la ausencia de derecho constitucional de la víctima a constituirse como querellante. Todos alegando lo avanzada de la hora porque ‘mi pareja me está esperando con la comida’, ‘tengo que cuidar a mis hijos’, ‘tengo hijos y familia’”.

¿El juez se escondió?

Otro dato llamativo al que accedió este diario apunta al magistrado, quien tomó la decisión de no “poner” la cara en la audiencia. “El juez prendió su cámara por unos segundos al inicio por insistencia de uno de los defensores pero luego nunca más la encendió. Esto motivó que, ya ofuscado porque la audiencia avanzaba hacia la presentación de Heredia, casi a las 23 horas uno de los defensores comenzara a reclamar a los gritos al juez para que encendiera su cámara, que nunca hizo”, revelaron.

Por otro lado, explicaron que “los nuevos abogados de dos de los imputados alegan que sus defendidos fueron prácticamente coaccionados para firmar el abreviado, en un acuerdo entre defensores y fiscal”. Incluso, uno apuntó contra el fiscal y, según la versión a la que accedió este diario, le dijo: «yo nunca lo defendí a usted señor fiscal, usted sabe bien por qué somos diferentes», en alusión a que uno de los anteriores abogados fue abogado del fiscal.

Más allá de los cruces, la hipótesis que se maneja en la causa es que “no quieren ir a juicio porque saben que serán condenados”. En caso de aceptarse la querella, serán perito en la causa les profesionales de la psiquiatría y psicología, Enrique Stola, Silvina Rivilli y Marcelo Della Mora.

Denuncian “causa armada”.

Los defensores de los imputados -Francisco Oneto y Roberto Rallín, defensores de Luciano Mallemaci, y Gabriel Palmeiro y Martín Villar, patrocinantes de Leandro Del Villar- firmaron un documento en el que sostuvieron que la causa fue armada por el Dr. Rivarola, quien ya cuenta con denuncias por hechos similares en otras jurisdicciones de la Provincia, existiendo testimonios que forman parte del legajo de investigación de las defensas, que darán cuenta de ello en el correspondiente juicio”.

En el documento, replicado por el Diario Jornada, señalaron que “esto explica en gran medida la desesperación que tuvo el Dr. Rivarola para que esta causa termine en un juicio abreviado, y con ello sepultar su irregular actuación, que llegó a punto tal que el exdefensor de uno de los imputados fue defensor del Fiscal Rivarola, lo cual fue omitido por el mismo”.

Aunque no lo nombran, los abogados se refieren al abogado trelewense Fabián Gabalachis, que representó a uno de los imputados y, además, fue defensor del fiscal en una causa anterior en la que se lo investigó por un presunto caso de espionaje ilegal en la zona cordillerana, cuando Rivarola ejercía en aquella circunscripción provincial.

En relación al juez Zaratiegui, afirmaron que “resulta insólito y desopilante su comportamiento durante la audiencia de fecha 22/9/2020, que tuvo lugar de forma virtual y durante la cual permaneció casi las 8 horas que duró la misma, escondido detrás de su desactivada cámara”.

Finalmente, anunciaron que solicitarán “la intervención del Colegio de Abogados, mediante la designación de veedores que controlen la transparencia del trámite”.