El Consejo de Seguridad Ciudadana de General Pico, encabezado por el intendente Juan José Rainone, se reunió esta mañana con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Tomás Mustapich, y con los diputados provinciales por el caso Sofía Viale. Pidieron jurado de enjuiciamiento para juez y fiscales que intervinieron en el caso y juicio político al ministro de Gobierno, César Rodríguez.
“Venimos a acompañar el petitorio de los vecinos para que se pueda mejorar el sistema de seguridad, no sólo en General Pico, sino en la Provincia. Venimos a hacer las gestiones necesarias ante los distintos poderes”, dijo Rainone, y destacó que “la sociedad piquense está preocupada por la inseguridad, al igual que nosotros”.
Luego de la reunión con los jueces del STJ, el Consejo de Seguridad Ciudadana se dirigió a la Cámara de Diputados para reunirse con los legisladores provinciales.
«En lo que conpete al poder legislativo, la sociedad lo que está pidiendo es que se realice jurado de enjuiciamiento para que se investigue la responsabilidad que tuvieron y cómo procedieron en la investigación el juez y los fiscales que intervinieron. También pedimos juicio político al ministro (de Gobierno, César) Rodriguez y al procurador Mario Bongianino», dijo el abogado Darío Gros, representante de los autoconvocados.
Otro de los vecinos, Gustavo Diván, fue muy duro con los legisladores: «venimos a pedirles seguridad. Nos mintieron. Hoy no nos representan. Pongan en movimiento lo que esté a su alcance para que Pico sea una ciudad segura. Ustedes cobran para eso», dijo.
Luis Rolero, otro de los integrantes del Consejo de Seguridad piquense, también se expresó con dureza hacia los diputados. «Muchachos, qué planteo tienen en materia de seguridad?. Desde la legislatura no vemos nada que se propicie en materia de seguridad para la gente. Tuvimos que esperar que suceda un hecho lamentable como el de Sofía para que ustedes se sienten a ver lo que pasaba», dijo.
«Queremos seguridad, la tienen que dar ustedes. No sé donde viven, pero tener un promedio de 10 arrebatos por día, robos con armas de fuego, hechos cada vez más violentos y 25 abusadores con libertad asistida en Pico…en algo estamos fallando señores. Si creen que ustedes están haciendo las cosas bien, los felicito, pero creo que no estamos viviendo en la misma Provincia», agregó.
La concejala Paola Assone reclamó la puesta en marcha del Registro de Abusadores y la adhesión a leyes para la protección de los derechos de la niñez y la ley de violencia de género.
Osvaldo Lacapre aseguró que en General Pico «faltan patrulleros, policías y empresas que generen trabajo» y cuestionó «la interna feroz en el oficialismo que perjudica a los ciudadanos».
«Si ya están elegidos, qué mejor que ponerse a trabajar en pos de la gente!. La gente honesta está cansada de la inseguridad. Son ustedes quienes tienen que impartir órdenes de seguridad», dijo el vecino.
«En el caso Sofia ha habido mala investigación desde un comienzo, entonces queremos a los responsables. Este es un llamado de atención para que trabajen en equipo. De qué sirve entregar 400 casas si no se crea una sola empresa!», planteó Lacapre.
La respuesta de los diputados
Ante el reclamo de los integrantes del Consejo de Seguridad Ciudadana, los legisladores se dedicaron a repasar las iniciativas impulsadas y le achacaron al Poder Ejecutivo Provincial la responsabilidad de llevar adelante una política de seguridad.
El diputado Mariano Fernández (PJ, Convergencia) salió al cruce de los cuestionamientos y repasó todos los proyectos presentados en materia de seguridad. «Por supuesto que falta y me hago cargo de lo que me compete», reconoció, al tiempo que le achacó al Ejecutivo Provincial la lentitud en la puesta en marcha del Registro de Abusadores.
En tanto, el diputado Carlos Bruno (Frepam) propuso crear una «junta interpoderes» para abordar la problemática de la seguridad. La diputada Fernanda Alonso (PJ, vernista) admitió que «hay que mejorar mucho la legislación» y le reclamó al Gobierno Provincial «una política clara en materia de seguridad».
Destacó que los problemas no se solucionan con 30 policías más, cinco patrulleros y dos motos. Dijo que le pidieron «todas las modificaciones que se necesitan» en el Código de Procedimiento Penal, pero no obtuvieron respuestas.
«Trabajo hay que hacer, y mucho. Nosotros estamos dispuestos. La política de Estado en seguridad la tiene que generar el Poder Ejecutivo, nosotros vamos a aportar todas las herramientas que necesite», dijo Alonso.
Martín Berhongaray (Frepam-UCR) reconoció que «hay que ponerse a trabajar con urgencia» en materia de seguridad, pero aclaró que «muchas cuestiones que ocurrieron en el caso Sofía, como el tema de los funcionarios judiciales sustitutos y el régimen de libertad asistida, ya las veníamos planteando desde hace tiempo».
«Trabajen juntos»
La respuesta de los integrantes del Consejo de Seguridad no se hizo esperar. «No es cuestión de que digan quién presentó tal o cual proyecto, júntense, hagan cosas en común, lo que les estamos pidiendo es seguridad para la sociedad», dijo Luis Rolero.
Fuente: Diario Textual
Luego de la reunión con los jueces del STJ, el Consejo de Seguridad Ciudadana se dirigió a la Cámara de Diputados para reunirse con los legisladores provinciales.
«En lo que conpete al poder legislativo, la sociedad lo que está pidiendo es que se realice jurado de enjuiciamiento para que se investigue la responsabilidad que tuvieron y cómo procedieron en la investigación el juez y los fiscales que intervinieron. También pedimos juicio político al ministro (de Gobierno, César) Rodriguez y al procurador Mario Bongianino», dijo el abogado Darío Gros, representante de los autoconvocados.
Otro de los vecinos, Gustavo Diván, fue muy duro con los legisladores: «venimos a pedirles seguridad. Nos mintieron. Hoy no nos representan. Pongan en movimiento lo que esté a su alcance para que Pico sea una ciudad segura. Ustedes cobran para eso», dijo.
Luis Rolero, otro de los integrantes del Consejo de Seguridad piquense, también se expresó con dureza hacia los diputados. «Muchachos, qué planteo tienen en materia de seguridad?. Desde la legislatura no vemos nada que se propicie en materia de seguridad para la gente. Tuvimos que esperar que suceda un hecho lamentable como el de Sofía para que ustedes se sienten a ver lo que pasaba», dijo.
«Queremos seguridad, la tienen que dar ustedes. No sé donde viven, pero tener un promedio de 10 arrebatos por día, robos con armas de fuego, hechos cada vez más violentos y 25 abusadores con libertad asistida en Pico…en algo estamos fallando señores. Si creen que ustedes están haciendo las cosas bien, los felicito, pero creo que no estamos viviendo en la misma Provincia», agregó.
La concejala Paola Assone reclamó la puesta en marcha del Registro de Abusadores y la adhesión a leyes para la protección de los derechos de la niñez y la ley de violencia de género.
Osvaldo Lacapre aseguró que en General Pico «faltan patrulleros, policías y empresas que generen trabajo» y cuestionó «la interna feroz en el oficialismo que perjudica a los ciudadanos».
«Si ya están elegidos, qué mejor que ponerse a trabajar en pos de la gente!. La gente honesta está cansada de la inseguridad. Son ustedes quienes tienen que impartir órdenes de seguridad», dijo el vecino.
«En el caso Sofia ha habido mala investigación desde un comienzo, entonces queremos a los responsables. Este es un llamado de atención para que trabajen en equipo. De qué sirve entregar 400 casas si no se crea una sola empresa!», planteó Lacapre.
La respuesta de los diputados
Ante el reclamo de los integrantes del Consejo de Seguridad Ciudadana, los legisladores se dedicaron a repasar las iniciativas impulsadas y le achacaron al Poder Ejecutivo Provincial la responsabilidad de llevar adelante una política de seguridad.
El diputado Mariano Fernández (PJ, Convergencia) salió al cruce de los cuestionamientos y repasó todos los proyectos presentados en materia de seguridad. «Por supuesto que falta y me hago cargo de lo que me compete», reconoció, al tiempo que le achacó al Ejecutivo Provincial la lentitud en la puesta en marcha del Registro de Abusadores.
En tanto, el diputado Carlos Bruno (Frepam) propuso crear una «junta interpoderes» para abordar la problemática de la seguridad. La diputada Fernanda Alonso (PJ, vernista) admitió que «hay que mejorar mucho la legislación» y le reclamó al Gobierno Provincial «una política clara en materia de seguridad».
Destacó que los problemas no se solucionan con 30 policías más, cinco patrulleros y dos motos. Dijo que le pidieron «todas las modificaciones que se necesitan» en el Código de Procedimiento Penal, pero no obtuvieron respuestas.
«Trabajo hay que hacer, y mucho. Nosotros estamos dispuestos. La política de Estado en seguridad la tiene que generar el Poder Ejecutivo, nosotros vamos a aportar todas las herramientas que necesite», dijo Alonso.
Martín Berhongaray (Frepam-UCR) reconoció que «hay que ponerse a trabajar con urgencia» en materia de seguridad, pero aclaró que «muchas cuestiones que ocurrieron en el caso Sofía, como el tema de los funcionarios judiciales sustitutos y el régimen de libertad asistida, ya las veníamos planteando desde hace tiempo».
«Trabajen juntos»
La respuesta de los integrantes del Consejo de Seguridad no se hizo esperar. «No es cuestión de que digan quién presentó tal o cual proyecto, júntense, hagan cosas en común, lo que les estamos pidiendo es seguridad para la sociedad», dijo Luis Rolero.
Fuente: Diario Textual
