Es José Arce, condenado a prisión perpetua por haber mandado a matar a su mujer.
Por primera vez el Estado se mete en la causa. Los padres de Rosana piden la tenencia de sus nietos desde hace ocho años.
Por Mariana Iglesias
El 16 de enero de 2008 alguien le disparó a Rosana Galliano y la mató. Tenía 29 años y sus hijos, 3 y 4. No fue difícil probar que su marido, el empresario José Arce, había contratado a un sicario para que matara a Rosana. Y que lo había hecho con la ayuda de su madre, Elsa Aguilar. Los dos fueron condenados a prisión perpetua, condena que quedó firme en diciembre de 2015. Lo llamativo de esta historia es que tanto Arce como su madre gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Ella tiene 87 años, y él 67. Pero lo aberrante es que durante todo este tiempo los dos nenes vivieron con Arce y Aguilar. Desde el asesinato de su hija, los padres de Rosana piden la tenencia de sus dos nietos, que hoy tienen 11 y 12 años. La Justicia no sólo no les da la tenencia sino que Arce ni siquiera deja que los vean. Tampoco les permite ver a sus tíos ni a sus primos. Viven presos, junto a los asesinos de su propia mamá.
17-03-15 LOS PADRES DE ROSANA GALLIANO, GRACIELA Y REYNALDO EN SU CASA DE CASEROS.
FOTO, NESTOR SIEIRA
Pasaron más de ocho años desde que Rosana fue asesinada. Y la Justicia, ciega. Por eso, el año pasado, un grupo de especialistas y organizaciones no gubernamentales presentaron en el Juzgado de Familia N°5 de San Isidro un amicus curiae para que el juez Carlos Ruiz revea su postura: “El interés superior de estos niños debe regir cualquier decisión judicial y/o administrativa que los involucre, ya sean tanto cuestiones de familia -como su guarda o tenencia- como decisiones penales que al disponer la prisión domiciliaria de estos asesinos, no toman en consideración que terminan condenando a sus víctimas a convivir con ellos”, dice el escrito.
El juez nunca respondió, como tampoco lo ha hecho a los insistentes llamados de Clarín ni de ningún otro medio, ya que la vulneración de derechos de estos dos niños ha sido publicada innumerables veces. Ahora es el Estado el que va a tomar cartas en el asunto. “Es increíble lo que está pasando. Si alguien mata a una persona y la condena está firme pierde la patria potestad inmediatamente. Arce y su madre están condenados a prisión perpetua, y no pueden estar viviendo con estos chicos”, dice a Clarín Yael Bendel, al frente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).
“Estos chicos están viviendo con dos personas que no pueden salir de su casa. No pueden llevarlos a la escuela, ni al médico ni a ninguna parte. Tampoco les permiten ver a sus familiares ni tener un abogado del niño, ni seguir tratamiento psicológico. Tienen todos sus derechos vulnerados”, agrega Bendel, que mañana presentará un escrito en el juzgado de San Isidro en el que la SENNAF solicitará ver las actuaciones. Es decir, va a pedir explicaciones al juez. Tal vez ahora Ruiz conteste. La infancia de estos chicos ya fue robada. Pero tienen una familia enorme que espera con ansiedad vivir con ellos. Sus abuelos, Graciela y Reinaldo, sus tíos Gustavo, Mónica y Oscar, y sus nueve primos, todos los esperan. A ellos también les vulneraron todos sus derechos.
Andrea Vázquez
«Hay un montón de niños con sus derechos vulnerados», dice Bendel, y habla de la situación de los tres hijos de Andrea Vázquez. Por ellos habló hoy en una reunión en la Corte Suprema de Justicia.
Andrea Vázquez presentó un Per Saltum a la Corte después de conocer la Resolución del Juzgado n° 5 de Familia de Lomas de Zamora, a cargo de Gustavo Lullo, quien ordenó el reintegro de los tres niños a su padre, denunciado en varias oportunidades por violencia y abusos contra su ex esposa y sus tres hijos también.
El acusado se defendió usando el Síndrome de Alienación Parental (SAP), una figura inexistente que usan los abusadores para decir que las madres les llenan la cabeza a sus hijos, y consiguió la tenencia de los tres chicos.
«No podemos descontextualizar la violencia de género de casos como éstos -agrega Bendel-. Si obligamos a los chicos a vivir y permanecer con los violentos, seguimos reproduciendo y perpetuando estos modelos. Los chicos no mienten».
Fuente: Clarín
