En el momento de tomar las decisiones, no se graduó el impacto que iba a tener el aislamiento en la vida de los niños y eso tiene que ser una cuestión a abordar de forma rápida. Ahora hay unas consecuencias a las que hay que prestar atención: tanto por el número de las violencias hacia la infancia (que se ha disparado) como al estrés, la angustia y la preocupación por el entorno y por el impacto económica en las familias… Hay un montón de cuestiones importantes de abordar, incluido el regreso a la escuela.

Lo que nos ha dicho la pandemia es que debemos urgentemente prestar atención a lo que están viviendo los niños en todo el mundo a partir de lo ocurrido. Porque esta emergencia sanitaria viene a empeorar aún más una situación que ya era frágil. Y una cuestión que habrá que analizar es el hecho de que las medidas que se tomaron se hicieron de una forma muy homogeneizante, lo que ha hecho perder la perspectiva de la diversidad en términos de infancia, pero también la diversidad de las situaciones en el mundo. No es lo mismo una cuarentena en países desarrollados, como los nórdicos, que la cuarentena en un país latinoamericano, que es la región más desigual del mundo, o en países africanos.

Cuando se homogeneizó de acuerdo a un patrón de niño que tenía las necesidades básicas satisfechas, que disponía de un casa, que tenía conectividad 100%, se perdió la perspectiva de pensar particularizando las infancias. Esta es una cuestión que tenemos que tomar como un aprendizaje para recuperar la mirada de las peculiaridades y particularidades de niños y niñas, porque cuando homogeneizamos las respuestas se pueden cometer grandes errores e injusticias. Eso es lo que está dejando al descubierto: las consecuencias de estas decisiones en las vidas de los niños (y niñas).

¿Cuales eran los problemas que sufría la infancia en el mundo y que esta crisis sanitaria vino a empeorar?

«En muchos países aún los niños siguen siendo identificados como los peligrosos, como un problema para la seguridad y los Estado ponen el foco en las medidas represivas»

Es difícil generalizar porque se pueden cometer errores,  pero la pobreza es un problema importante en la infancia. Los datos en el mundo indican que los niños siguen siendo en un porcentaje mayor, la población que se encuentra en situación de pobreza. Otra tema clave es la criminalización de los niños. Como ejemplo tenemos el caso de los niños migrantes y cómo muchos Estados abordan este tema a través de la represión. En muchos países aún los niños siguen siendo identificados como los peligrosos, como un problema para la seguridad y se pone el foco en las medidas represivas o policiales.

En reacción a la pandemia los Estados han creado comités científicos para pensar la mejor respuesta a partir de la evidencia, y que esas respuestas sean permanentemente evaluadas. En este contexto, el Comité de los derechos del Niño le pide a los Estados que pongan especial empeño en la recogida y sistematización de los datos, porque no es posible pensar en desarrollar políticas públicas hacia la infancia sin información. También será importante la coordinación entre distintas agencias del Estado y que la planificación de esta política pública pueda ser evaluada para ver si funciona, si no, si es necesario corregirla o incluso eliminarla.

«Uno de los grandes desafíos que tienen los Estados es escuchar a los niños. La pandemia deja también esa enseñanza»

Por último, uno de los grandes desafíos que tienen los Estados es escuchar a los niños. La pandemia deja también esa enseñanza. Los niños y niñas han sido los que menos han podido expresar sus opiniones en todo el proceso que ha ocurrido desde que se declaró la pandemia. Bastan los dedos de una mano para contar cuales han sido las jefas de Estado que han hablado directamente a los niños y se animaron a contarles lo que estaba ocurriendo y a escuchar sus opiniones. En este sentido todas las sociedades tenemos una gran deuda con la infancia: de explicarles, de acuerdo a su nivel de desarrollo, el momento histórico que estamos viviendo y de escuchar como se sienten, qué piensan de la medidas que se están tomando y oírlos también al momento de evaluar.

Los niño y niñas siguen siendo un actor social al que no se le reconoce su lugar. Creo que han demostrado a lo largo de toda la pandemia que han vivido este proceso con una responsabilidad, con una preocupación y con un sentido de solidaridad que muchos adultos e instituciones no han tenido. Ahí reside uno de los desafíos más importantes de nuestras sociedades. Poder hacerle el lugar que los niños deberían ocupar en nuestras sociedades para que su voz esté presente.

En este contexto, ¿Cómo valora el anteproyecto de Ley contra la violencia en la infancia que acaba de anunciar España?

Es muy importante. Porque uno de los datos que presenta la pandemia es el incremento de la violencia que se desató en el confinamiento. El Estado español con este paso se está poniendo a tono con una recomendación que ya le hizo el Comité en el años 2010 y que le volvió a reiterar en el 2018. El anteproyecto tiene muchas fortalezas y de aprobarse finalmente la Ley colocaría a España a la vanguardia mundial.

Y lo digo porque lo que se ha aprobado hasta ahora han sido siempre leyes en los que la infancia han estado de arrastre, es decir, pensadas siempre para los adultos. En este caso es una ley específica que reconoce el problema concreto de la violencia en la infancia y trata de darle un abordaje integral. No solamente mirando a la persecución de quienes ejercen la violencia, sino un abordaje que la Convención de los Derechos del Niño reclama que tiene que ser holístico.

Este proyecto de ley es muy relevante en el contexto internacional, porque no tenemos casi ejemplos de este tipo de legislación tan completa. De lo que conocemos, sólo en los países nórdicos existen algunas experiencias (en Noruega, por ejemplo). Lo que nos encontramos es que hay leyes integrales contra la violencia de género. Pero los niños en estas leyes parece que vinieran accesoriamente. Esta ley lo que hace es poner sobre la mesa una cuestión urgente el tema de la violencia específica hacia la infancia, que tiene una mirada integral.

Además, por lo que conozco, esta ley lleva en proceso desde 2010 y ha pasado por distintas administraciones, por lo existe un cierto consenso político sobre la importancia en la agenda y creo que en ese escenario hay esperanzas en que avance en su aporbación.

Hay algún tipo de guía o de recomendaciones que exija Naciones Unidas para elaborar estas legislaciones?

No de manera global. Están los documentos de observaciones y recomendaciones que ha hecho el Comité al Estado español. En 2018 saludamos la reforma del Código Civil que erradicó el castigo físico en todos los ámbitos. Luego le pedimos que el párrafo 22 y siguientes, es decir, los dedicados a violencias, estaba pendiente la aprobaciòn de una ley integral… Eso específico para España. Pero no hay un decálogo específico, sino que las medidas a adoptar sugen de un diálogo del Comité que presido con los distintos estado y en el que intervienen agencias de Naciones Unidas y ONG, además del propio Estado.

El comité hace observaciones generales sobre partes específicas de los derechos de los niños y comentarios generales para abordar la violencia y estaría bien que los Gobiernos los usen, porque aunque no son obligatorios marcan unos estándares mínimos. Consideramos que el anteproyecto es un buen piso para comenzar y no deberíamos conformarnos con menos de lo que ya está recogido. Ahora toca pensar en que más añadir para mejorarla, para que España tenga la mejor ley contra la violencia en la infancia que sea posible.

¿La incorporación de una perspectiva de género en la ley sería una de esas mejoras?

«La evidencia internacional demuestra que los niños y las niñas viven la violencia de manera diferente. Y el proyecto de ley debería reconocerlo»

Teniendo en cuenta que no soy un experto en el anteproyecto, hay algunas cuestiones que me surgen en su lectura. Una de ellas es cómo incorporar de manera transversal la perspectiva de género en la ley, que es un desafío importante. En su artículo cuarto, la ley reconoce que todo debe realizarse con perspectiva de género y permanentemente habla de niños y niñas. Hay un camino iniciado, pero creo que debería ser mejorado, porque la evidencia internacional demuestra que los niños y las niñas viven la violencia de manera diferente. Y el proyecto de ley debería reconocerlo.

Por ejemplo, la cuestión de Intenet y los delitos que se cometen ahí sobre violencias sexuales, el grooming y el ciberbulling, tienen una forma de atacar específica y diferenciada a niños y a niñas. No quiero decir que los niños no sean víctimas. Pero las preferidas en este tipo de ataques en el ciberespacio son ellas. Las investigaciones indican que son las niñas las que más sufren los abusos dentro del hogar y que los niños lo viven en otros ámbitos como el deporte. Pero también hay oras cuestione que hay que reconocer que madriza el patriarcado, que es como viven esa violencia los niños y las niñas. A ellos les cuesta más expresar cuando son abusado sexualmente porque padecen todos los estereotipos del patriarcado. Por eso la ley debería reconocer esas singularidades, que son importantes de mirar con perspectiva de género.

El tema de la orientación sexual es otra línea que habría que profundizar. La infancia LGTB viven de manera particular la violencia, el acoso, por su condición. Y esto debería ser abordado específicamente también en la ley y desde el ámbito educativo. Por último, le hemos dicho a España que debería abordar la cuestión de las intervenciones quirúrgicas de los niños intersex. El Comité considera que cuando las decisiones las toman los padres y los niños y niñas son pequeños y no participan en ese proceso, las afectaciones a sus derechos son muy importantes. También ahí habría que tener un enfoque con perspectiva de género para que la ley recogiera esta cuestión.

¿Qué otro aspecto habría que tener en cuenta en una ley contra las violencias hacia la infancia?

Un tema clave que la ley debería tocar es el tema del Síndrome de Alienación Parental. Y esto lo digo por casos que conozco y en los que he tenido la oportunidad de reunirme con madres víctimas de este falso síndrome y he visto testimonios de arrancamientos de hijos entregados a sus padres o institucionalizado después de un proceso en el que se acusó a la madre de este falso SAP. Y las escenas de gritos de niños y niñas durante estos procesos de arrancamiento forzosos son tremendos y deben ser abordados en una ley contra las violencias. Porque lo que viven esos niños son situaciones de violencia que nos se pueden tolerar. Es una ocasión importante para que sea abordado en esta ley y ésta prohiba el uso de este inexistente síndrome.

Ningún órgano reconoce a este Síndrome de Alineación Parental como una patología. La CEDAW [el comité de la ONU contra la discriminación hacia las mujeres] y las relatoras específicas de violencia contra las mujeres lo han remarcado con claridad en 2019 en una declaración. Por lo que conozco en España, sería importante que esta ley contemplara su prohibición, porque lo que sufren los niños con su aplicación son situaciones de extrema violencia.

«Los países en el mundo que están aplicando este supuesto síndrome de forma preocupante son Brasil, Chile y España»

Además, la aplicación de este supuesto síndrome genera una desprotección tremenda de los niños. Los arrendamientos forzosos son violencia que no toma para nada en cuenta su interés superior. Este interés superior no es una frase que tiene que adornar nuestro discurso. Es un principio que tiene que operar en los momentos en que los niños lo están pasando mal.

Los países en el mundo que están aplicando este supuesto síndrome de forma preocupante son Brasil, Chile y España. Y creo que esta ley tendría que ser una oportunidad para decir algo sobre esto en la línea de lo que dicen los órganos de NNUU: que no se puede aplicar bajo ninguna circunstancia. Pero con una perspectiva centrada en la infancia, no en el adulto. Tiene que estar pensado desde la perspectiva de sus derechos y su protección.

Mi especialización es el de justicia juvenil, no tanto sobre la violencia haca los niños y el género. Pero en el comité he aprendido a escuchar mucho a mis compañeras y a colaborar con otros comités y con el de la CEDAW. Juntos acabamos de enmendar el comentario general de prácticas nocivas que decía que la edad de matrimonio era a los 16 años. Ahora lo hemos elevado a 18, pero afirmando que no puede haber ninguna excepción por debajo de esa edad.  Y le hemos dicho a España que si bien ha subido la edad del matrimonio a los 18 años, aún tiene que corregir la excepciones justificadas en prácticas culturales, porque lo que suponen son prácticas nocivas.