Un informe

Estos y otros datos surgen del informe sobre violencia obstétrica en los lugares de enciero, que recomienda “se tomen medidas alternativas a la privación de la libertad para las mujeres embarazadas y con hijos pequeños” El trabajo fue elaborado por la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

“Parí como una condenada. Experiencias de violencia obstétrica de mujeres privadas de la libertad”, es el título del documento, en el que se acentúa que “es una modalidad particular de discriminación y de violencia de género que afecta de manera transversal al conjunto de las mujeres en el embarazo, el parto y el posparto. Las presas, sin embargo, pueden sufrirla de una forma exacerbada, porque el encierro carcelario implica restricciones sustantivas para el goce de los derechos reconocidos y una mayor exposición a la violencia institucional”.

El estudio consistió en encuestas y entrevistas en unidades penitenciarias que alojan embarazadas o con hijos menores de cuatro años. Su análisis muestra formas específicas de maltrato ejercidas por la institución penitenciaria y de salud, vinculadas de forma directa con la condición de mujer privada de su libertad yratifica la necesidad de replantear la política criminal y penitenciaria actual respecto de las mujeres. “La forma más extrema de violencia detectada, tanto obstétrica como institucional, puede encontrarse en la dimensión de vigilancia y seguridad. Es alarmante que en la actualidad se continúen aplicando medidas de sujeción sobre mujeres embarazadas, y más grave aún resulta su utilización durante los procesos de preparto y parto”, especifican.

Los principales datos que arroja el informe es que “la gran mayoría de las mujeres encuestadas (94%), inició el trabajo de preparto en la unidad penitenciaria y buena parte de ellas (casi el 76%), lo hizo en su pabellón de alojamiento”. También que “el horario nocturno es identificado como un punto crítico para la atención de salud no sólo al momento del trabajo parto, sino también en relación con la atención médica de los/as niños/as que conviven con sus madres en prisión”. En tal sentido, un 30% de las relevadas manifestó haber sido atendida por un/a médico/a de una especialidad distinta a la obstetricia.

Además, el 85% expresó haber experimentado durante el trabajo de parto realizado en el penal algún tipo de maltrato verbal de parte del personal penitenciario. Tal como “la presencia de una multiplicidad de intermediarios que burocratizan y, por ende, retardan la salida de las mujeres al hospital: personal de requisa, médicos/as, área de judiciales, entre otros”.