La violencia hacia personas adultas mayores no puede comprenderse desde una única mirada. Mientras el derecho ofrece herramientas para prevenir, sancionar y reparar estas violencias, la comunicación tiene la capacidad de hacerlas visibles, cuestionar los estereotipos que las sostienen o, por el contrario, contribuir a su naturalización. Desde ese diálogo entre ambas disciplinas, esta columna propone reflexionar sobre una problemática atravesada por el edadismo, las desigualdades de género y el silencio social.
Por Diego Oscar Ortiz* y Lenny Cáceres**
Cuando hablamos de violencia hacia personas adultas mayores solemos pensar en agresiones físicas, abandono o conflictos familiares. Sin embargo, muchas de estas situaciones comienzan mucho antes de que exista una denuncia. Empiezan cuando determinadas prácticas dejan de ser cuestionadas y pasan a formar parte de lo cotidiano.
La naturalización constituye uno de los principales obstáculos para prevenir y erradicar las violencias. No porque las genere, sino porque las vuelve invisibles. Frases, gestos, decisiones y formas de relacionarnos que durante años fueron consideradas «normales» terminan consolidando relaciones desiguales de poder y dificultan que las personas reconozcan esas experiencias como una vulneración de sus derechos.
En el caso de las personas adultas mayores, esta problemática se encuentra atravesada por el edadismo: una forma de discriminación basada en la edad que reduce a las personas a estereotipos asociados con la fragilidad, la dependencia o la incapacidad para decidir sobre su propia vida. Cuando esa discriminación se combina con las desigualdades de género acumuladas a lo largo de décadas, muchas mujeres mayores enfrentan una situación de especial vulnerabilidad.
Esto se relaciona con el inicio de procesos de declaración de incapacidad por parte de parientes con el objetivo de menoscabar los recursos económicos y patrimoniales de las personas mayores, de obtener la administración y disposición de sus bienes y de cercenar su autonomía y su libertad de decisión
La comunicación no es ajena a este proceso. Las palabras con las que nombramos a las personas también construyen sentidos. Llamar «abuelos» a todas las personas mayores, incluso fuera del ámbito familiar, puede parecer un gesto afectuoso, pero implica reducir identidades diversas a un único rol. No todas las personas mayores son abuelas o abuelos y, aun cuando lo sean, esa condición pertenece a su vida privada. En la comunicación pública e institucional corresponde reconocerlas como personas sujetas de derecho, con historia, autonomía y capacidad para decidir.
Reconocer a las personas mayores como sujetas de derecho también implica garantizar el ejercicio pleno de sus derechos civiles, económicos, sociales, culturales y de tercera generación, entre ellos los derechos de las personas consumidoras y usuarias.
El edadismo también se expresa cuando se habla de las personas mayores sin hablar con ellas; cuando otras personas responden en su nombre, administran su palabra o toman decisiones bajo la premisa de que «ya están grandes». No siempre se trata de acciones intencionales. Muchas veces son aprendidas, naturalizadas y socialmente aceptadas que despojan, de manera casi imperceptible, a las personas de su voz y de su autonomía.
Debemos destacar que ese despojo de voz y autonomía se traslada al derecho, cuando su pretensión no es escuchada, es dilatoria y no contempla este maltrato estructural.
Los medios de comunicación tienen una responsabilidad ineludible en esta construcción. Con frecuencia muestran a las personas mayores únicamente desde la enfermedad, la dependencia, la pobreza o la vulnerabilidad. En los últimos meses, las imágenes de personas jubiladas golpeadas durante manifestaciones por sus derechos recorrieron el país y evidenciaron una violencia que debe ser informada. Pero también es necesario mostrar a esas mismas personas ejerciendo ciudadanía, organizándose, participando de la vida pública y defendiendo sus derechos. Reducirlas exclusivamente al lugar de víctimas también constituye una forma de invisibilización.
La Ley 26.485 incorpora la modalidad de violencia mediática, una categoría que permite analizar los mensajes y estereotipos que también afectan a las mujeres mayores.
Las violencias hacia las personas adultas mayores adoptan múltiples expresiones. Además de las agresiones físicas, persisten formas de violencia psicológica, simbólica, económica, patrimonial y sexual que muchas veces permanecen ocultas dentro del ámbito familiar. El control de la jubilación, la apropiación de bienes, las descalificaciones permanentes, el aislamiento, el abandono o la imposición de decisiones sobre la propia vida no son conflictos domésticos: son formas de violencia que vulneran derechos fundamentales.
Es importante que el derecho reconozca estas situaciones y las traduzca en procesos para garantizar los derechos a estas personas, ya sea el inicio de un procedimiento de violencia familiar para peticionar medidas específicas de protección, la interposición de demandas de daños y perjuicios para obtener indemnizaciones, reclamos previsionales o demandas en el marco de los derechos del consumidoras y usuarias para recibir una respuesta de todos los responsables.
Persiste la idea de que la violencia de género desaparece con la vejez. La experiencia cotidiana y los casos que llegan a las instituciones muestran exactamente lo contrario. Las modalidades pueden modificarse, pero la violencia continúa presente. La dependencia económica, el aislamiento, los años de naturalización y las dificultades para pedir ayuda suelen profundizar el problema y volver aún más compleja su detección.
En este punto, la comunicación y el derecho se encuentran. Las leyes reconocen derechos y establecen mecanismos de protección. La comunicación, por su parte, puede contribuir a que esos derechos sean conocidos, comprendidos y ejercidos, o bien reforzar los prejuicios que durante años justificaron el silencio.
Operadores y operadoras del derecho deben comprender, en esta temática, la estrecha relación entre derecho y comunicación, que exige comprensión, sensibilización, interpretación y actualización.
Este diálogo también interpela a quienes trabajan en el sistema de justicia. Comprender estas violencias exige una mirada interdisciplinaria, sensibilidad frente a las experiencias de las personas mayores, interpretación actualizada de las normas y una formación permanente que permita traducir esos aprendizajes en prácticas concretas.
Porque las violencias no se sostienen únicamente por quienes las ejercen. También encuentran terreno fértil cuando las palabras las minimizan, las justifican o las convierten en parte del paisaje cotidiano. Desnaturalizarlas implica revisar nuestras formas de nombrar, de representar y de escuchar. Es una tarea jurídica, institucional, comunicacional y, sobre todo, social.
(*) Abogado, Profesor y Especialista en violencia familiar, autor de libros y artículos de su especialidad. Columnista de Diario Digital Femenino.
(**) Periodista feminista abolicionista, directora/editora de Diario Digital Femenino. Titular de la web de Asesoramiento y Capacitación https://lennycaceres.com.ar/
Autora del libro La transversalidad del género: espacios y disputas. (Ed. Sudestada)
Autora de la Guía: Violencia simbólica en la Comunicación, disponible en Mercado Libre.
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