En un país que desmanteló su institucionalidad de género, la ciudad mantiene un área, a cargo de Paula Inchaurraga, que acompaña, interviene y articula políticas para mujeres, diversidades y niñeces. Un trabajo que crece en silencio y resiste en el territorio.
La Dirección de Políticas de Género y Diversidad de Santa Rosa acaba de presentar su Informe de Gestión 2025. Un documento que, leído en clave local y nacional, no sólo refleja un año de trabajo: también expone la importancia estratégica de sostener áreas que hoy, en otras jurisdicciones, directamente dejaron de existir.
Mientras a nivel nacional el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue degradado, vaciado y finalmente eliminado —con una caída del 62 % en la inversión, recortes del 84 % en acompañamiento económico y un desmantelamiento de líneas centrales como la 144 y el Programa Acompañar—, en Santa Rosa esta Dirección continúa funcionando, interviniendo y articulando respuestas. Y lo hace para una población potencial de 90.000 personas, según el Censo 2022.
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Esa continuidad no es menor. En un país sin organismo rector nacional, donde incluso organismos internacionales como MESECVI y CEDAW alertaron sobre retrocesos que vulneran derechos, las áreas locales se transformaron en el primer y, muchas veces, único eslabón de protección para mujeres, adolescentes y diversidades.
El informe destaca que, durante 2025, la Dirección recibió 2.190 solicitudes de intervención, entre oficios judiciales, derivaciones, guardias y acompañamientos espontáneos. Cifras que hablan de la magnitud de la demanda y de la capacidad de sostén institucional en un contexto adverso
Informe de gestión 2025
(Descárgalo en la portada)
Entre los hitos del año, se señala la recuperación del Centro Territorial de Intervención a la órbita municipal, la reorganización metodológica con nuevos protocolos, y la incorporación de abordajes interdisciplinarios y grupales —una práctica que mejora la calidad de las intervenciones y reduce la sobrecarga profesional.
El trabajo también alcanza otras dimensiones: el acompañamiento socioeconómico de más de 200 mujeres y diversidades por mes, los talleres que no solo forman, sino que producen insumos comunitarios, la capacitación de trabajadores municipales bajo Ley Micaela y la articulación con salud, justicia, seguridad y espacios territoriales. Todo en un entramado que intenta sostener derechos en medio de un clima social y político que tensiona, recorta y retrocede.
La Dirección, creada en 2010 y ampliada en 2013 con el abordaje pionero a varones que ejercen violencia, sostiene desde hace más de una década una política pública que no siempre ocupa titulares, pero sí sostiene vidas. Y en este momento histórico, eso es decir mucho.
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