Deconstruir la Justicia

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Por Admin octubre 27, 2020 14:05

Deconstruir la Justicia

Claudio Mazuqui, juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y Género de la Segunda Circunscripción Judicial, con Sede en la localidad de Huinca Renancó (Córdoba) reflexionó sobre el rol de la Justicia y planteó la necesidad de una “desconstrucción y construcción de nuevas perspectivas, mediante la capacitación y actualización conceptual a los fines de juzgar desde de la perspectiva de género”.

En diálogo con Diario Digital Femenino, el magistrado destacó que “en los últimos tiempos los integrantes de la justicia -en muchos de los casos- hemos intervenido en protección de los derechos de las mujeres, niñas y diversidades, con fallos inéditos en su protección”.

De todas maneras, reconoció que también “existen resabios de fallos que quizás no estén a la altura de los nuevos paradigmas  -a estos últimos la historia y la sociedad los juzgará-, paradigmas que responden a la perspectiva de género, y que conlleva a la desconstrucción de conceptos y discursos añejos que atentan contra la integridad de las personas”.

Por estos motivos, remarcó que es necesaria “la desconstrucción y construcción de nuevas perspectivas, mediante la capacitación y actualización conceptual a los fines de juzgar desde de la perspectiva de género, siendo un ejercicio en la cotidianidad y no en forma esporádica”.

Abordaje interdisciplinario.

Mazuqui explicó que las normas y convenciones internacionales “garantizan la protección y no vulneración de derechos, y toda resolución debe estar enmarcada en esas normas. Es el ideal, y a lo que los distintos operadores de la justicia debemos propiciar”.

En esa línea, sostuvo que “ser cómplice de la manipulación que puede ejercer el victimario, no es viable en nuestras intervenciones”, por lo que consideró que “se debe intervenir desde la interdisciplinariedad a los fines de encontrar herramientas que fortalezcan a la víctima”.

“El vicio de la voluntad está atravesada por causas múltiples, que solo con el abordaje de varias disciplinas podremos juzgar de manera holística, donde se falle desde la especificidad disciplinaria y no desde el deseo”, agregó.

Justicia y punitivismo.

Consultado sobre la postura que busca tildar de “punitivista” a un sector del feminismo que reclama justicia, el juez afirmó que “el reclamo de justicia es un derecho de rango constitucional, el derecho de toda persona a peticionar a las autoridades. Quién no ha requerido alguna vez ello, negarlo sería utópico”.

“Quien no se ha encontrado en alguna oportunidad reclamando justicia, no tan solo a los estamentos judiciales sino en la vida, o requiriendo una resolución o solución a una determinada demanda. Entonces claro que ante un reclamo de justicia hay que ver cuál es el motivo, y si está al alcance solucionarlo cada uno desde el lugar que ocupa”, señaló.

Sin embargo, advirtió que no hay que “estigmatizar las luchas colectivas” y consideró que “desvalorizar las voces, actitudes, expresiones que generan cambios, conquistas, habla de la reproducción de una lógica patriarcal que sigilosamente pretende seguir existiendo. Depende del compromiso de cada uno como personas y funcionarios conquistar espacios y generar cambios en el ejercicio de la justicia”.

Violencia sexual.

El magistrado explicó que en “los delitos sexuales o de violencia de género, la mirada debe estar sobre la vulneración de los derechos de esas víctimas, que han padecido lamentablemente hechos que la han menospreciado como persona. Por ello, ante causas que no avanzan o no se obtiene una resolución acorde al derecho vigente, la militancia de las distintas organizaciones es de suma importancia, ya que visualizan la situación que ha padecido una mujer, niña, joven, trans, y colaboran en el ejercicio de la presión a los distintos organismos del Estado, que deben protegerlos. La militancia, el movimiento social, es un cuarto poder que todos como sociedad podemos ejercer desde la convicción, desde la voz que no es escuchada, desde el derecho vulnerado”.

“Ante una situación es importante expresar que la víctima siempre dice la verdad, por ende la escucha atenta es primordial. La contención psicológica, el tratamiento psico-social y médico es crucial. Se deben adoptar las medidas urgentes y necesarias sobre el agresor, cada estamento judicial, policial de acuerdo a las normas que así lo disponen. Los distintos operadores debemos hacer cumplir los fundamentos de la Ley nacional N° 26485 de protección contra la violencia las mujeres”, enfatizó.

La experiencia en Huinca Renancó.

Mazuqui comentó que “junto al Equipo de trabajo del Juzgado de Violencia Familiar y Género de Huinca Renancó venimos trabajando desde hace varios años sobre la temática, incorporando la Perspectiva de Género, aún antes de las capacitaciones en “Ley Micaela”.

De esta manera, ante hechos de violencia de género “hemos dispuesto todas las medidas necesarias a fin de dar protección a la víctima. Particularmente desde el año 2010, en una resolución inédita a nivel nacional y sudamericana, disponemos -según la gravedad- que la ‘custodia policial en casos de violencia sea hacia el agresor por un tiempo determinado o hasta que deje de ser una amenaza inminente para la víctima’”.

“Esta es una medida enmarcada en la ley que establece que el juez puede adoptar cualquier otra disposición además de las señaladas en el ordenamiento siempre que sea para proteger a la víctima. Esta inédita medida, de ‘custodia sobre el agresor’, está siendo analizada para incorporar en la normativa de la vecina república oriental del Uruguay”, destacó.

Recrudecimiento de la violencia.

El juez señaló que, durante el contexto de cuarentena por la pandemia de Covid-19, “el número de violencia familiar y género ha aumentado considerablemente ya que en muchas situaciones la víctima debió quedarse en la misma vivienda que su agresor”.

“Por ello ante un caso particular de violencia extrema, y encontrándose todos los hoteles cerrados, dispusimos la apertura de un hotel de la zona para que una víctima y su hijo se alojaran cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, y al cabo de unos días autorizamos su traslado desde la provincia de Córdoba a la provincia de Entre Ríos, donde se encontraba el resto de su familia (madre, hermanas)”, comentó.

Durante la pandemia desde el Juzgado de Violencia Familiar y Género de Huinca Renancó, se han dispuesto distintas medidas: “Audiencias por medios tecnológicos, autorizaciones a niñas y niños para trasladarse a otras provincias donde se encontraban su otro progenitor, como así también se han receptado denuncias por violencia de Género por Whatsapp, disponiendo en forma urgente e inmediata las medidas para su protección. Esto es un trabajo ensamblado con la Policía, Jueces de Paz, Áreas sociales de los distintos municipios, como así del Hospital Provincial «René Favaloro in memorian» de Huinca Renancó”.

Por otro lado, su actividad fue más allá y en septiembre gestionó “a conformación de una mesa de diálogo entre las provincias de Córdoba y La Pampa, a los fines de acordar el traslado de pacientes y personal de salud entre ambas provincias, con un resultado óptimo, gracias al compromiso, responsabilidad y solidaridad de ambos ministerios de salud”.

Un largo camino.

Con respecto a la Ley Micaela, Mazuqui planteó que “es una herramienta necesaria”, pero solo es el “principio de un largo camino que recorrer. Sostengo que el ejercicio de la Ley Micaela (Ley n° 27499) debe generarse en la cotidianeidad, en cada acto de justicia. Debe ser corpórea en el accionar y no una mera capacitación a cumplir. La educación es una herramienta importante, donde el proceso de enseñanza debe generarse desde diferentes organismos”.

“Por eso es importante que la Ley Micaela sea expresada y enseñada desde otros organismos no judiciales, sino el sistema judicial patriarcal continuaría reproduciéndose. En este sentido la capacitación que se adopta a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad resulta altamente indispensable”, concluyó.

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