Un informe del CEPA releva 717 conflictos entre enero 2024 y febrero 2026, con predominio de despidos y fuerte impacto en la industria y las pymes.
En los primeros dos años del actual gobierno nacional, la conflictividad laboral dejó de ser un dato aislado para convertirse en un fenómeno extendido en todo el país. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) releva al menos 717 casos entre enero de 2024 y febrero de 2026, con una fuerte concentración en el sector industrial y con los despidos como principal causa de conflicto.
El estudio, basado en registros de medios de comunicación y organizaciones sindicales, muestra que el 62,1% de los casos se produjeron en la industria y que el 63,6% de los conflictos estuvieron vinculados a despidos. Las pymes fueron las más afectadas, seguidas por conglomerados extranjeros que redujeron producción o avanzaron con importaciones en lugar de sostener empleo local.
Lejos de atenuarse, la conflictividad se intensificó tras las elecciones legislativas de octubre de 2025: el promedio mensual de casos pasó de 24 a 42. El fenómeno alcanza a las 24 jurisdicciones del país y atraviesa sectores estratégicos como alimentos, textil, metalurgia, automotriz, comercio y servicios.
El informe no pretende agotar el universo de casos, sino sistematizar aquellos que alcanzaron relevancia pública. Aun así, el volumen y la distribución territorial de los conflictos permiten dimensionar el impacto del actual escenario económico sobre el empleo registrado y el entramado productivo nacional.
Pero reducir la conflictividad laboral a porcentajes y sectores sería una lectura incompleta. Los números describen el fenómeno; no muestran de inmediato su impacto en la vida cotidiana.
Detrás de cada conflicto laboral hay una trama que excede la fábrica o la empresa. En un país donde las tareas de cuidado siguen recayendo mayoritariamente en mujeres, cada despido o suspensión desorganiza economías familiares completas. La pérdida de empleo no es solo un dato macroeconómico: es una crisis cotidiana que profundiza desigualdades y refuerza la feminización de la precariedad. Sin perspectiva de género, la conflictividad laboral queda contada a medias.
Fuente: Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Informe “Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei”, febrero 2026
Descarga el informe completo en la imagen:
Introducción
El presente informe busca dar cuenta y caracterizar la conflictividad laboral de los primeros dos años del gobierno de Milei. A partir de la construcción de una base de datos propia, se pretende analizar un conjunto de variables que incluyen sector de actividad, tipos de conflictos desarrollados, ubicación geográfica y empresas afectadas. Este documento releva, sistematiza y analiza aquellos casos dados entre enero 2024 hasta inicios del mes de febrero 2026, que surgen a partir del seguimiento periódico a coberturas periodísticas y sitios web sindicales, que permitieron identificar conflictos laborales tanto del sector público como del privado. Cabe destacar que dicha base no contempla la totalidad de casos que se desarrollaron durante estos dos últimos años, sino que es solo aquella parte que fue de interés para la opinión pública.
Conflictividad laboral desde el inicio de la gestión de Milei
La conflictividad laboral es un indicador central para el análisis de la evolución del mercado de trabajo y las relaciones laborales, ya que refleja las tensiones derivadas de los procesos económicos y productivos. Durante los últimos dos años Argentina atravesó transformaciones macroeconómicas y productivas, caracterizadas por el ajuste fiscal, desregulaciones, apertura importadora y redefinición del rol del Estado (por solo nombrar algunas), lo que generó impactos directos sobre el nivel de actividad, empleo, salarios reales y la negociación colectiva. Desde enero 2024 hasta el 5 de febrero 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en todo el país…
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