Violentados por garantizar el aborto no punible en Argentina

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Por Admin junio 29, 2020 16:01

Violentados por garantizar el aborto no punible en Argentina

Violentados por garantizar el aborto ni punible

Los y las profesionales de la salud que garantizan el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en salitas y hospitales se enfrentan a diario con presiones de colegas y ofensas de todo tipo. Aun así, ponen el cuerpo y deciden continuar. ¿Qué sienten y por qué lo hacen?

Por Jazmín Bronstein*

No importa la provincia de la que se trate, y si está adherida o no al protocolo nacional para abortos no punibles. Todos los profesionales que garantizan hoy la interrupción legal del embarazo (ILE) en Argentina sufrieron algún tipo de acoso o violencia. La finalidad siempre es la misma: amedentrarlos y que dejen de cumplir con la ley. La gran pregunta es por qué molesta tanto que sigan los parámetros contemplados en el Código Penal argentino, el protocolo ILE y la legislación vigente.

“Hacer abortos es una práctica contrahegemónica en este país, en el que siempre se impuso la ideología católica de que el sexo es pecado, salvo cuando es para procrear”,lanza Stella Maris Manzano, especialista en Tocoginecología y Medicina Legal en Trelew, Chubut. Stella es conocida como “la médica del caso F.A.L”, aquel fallo histórico de 2012 en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ratificó que no son punibles los abortos en casos de violación y que no hay necesidad de presentar autorización judicial para que se lleve adelante la interrupción.

Después de haberle practicado en 2010 ese aborto a la joven de 15 años violada por su padrastro, Stella empezó a sufrir aprietes sistemáticos y violencia institucional. No solo le pusieron trabas para que no pudiera hacer la ILE, sino que después le bajaron su jornada laboral de 30 horas de trabajo a 20, esperaron a que la inflación le comiera el sueldo y hasta la corrieron de un cargo en el hospital.

Tampoco le permitían intervenir en las reuniones de equipo y una vez, después de hacer desaparecer algunas de sus historias clínicas, la llamaron para presionarla con datos falsos y que dejara de hacer abortos. “Me han intentado sumariar, me han enviado cartas documento. Nombraron en un servicio donde ningún médico garantiza ILE a una médica católica encubierta para que me denunciara e impulsara un sumario en mi contra. Intentaron hacerme un juicio civil”, resume.

La lista de presiones es interminable. Todos los días nace una nueva nota en su contra en el Hospital Zonal de Trelew, en Chubut, donde trabaja actualmente.  Las enfermeras, las parteras, los administrativos, el personal de limpieza. El equipo completo del hospital está en su contra. “Debo ser la ginecóloga con más notas de todo Trelew. No sé cuáles descartaron y cuáles están en mi legajo. Todo desde que empecé a ser abortos, funciona como estigma”, confirma.

Violentados por garantizar el aborto no punible en Argentina

Violentados por garantizar el aborto no punible en Argentina. Materiales para un aborto seguro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la mesa de entrada del hospital muchas veces niegan turnos para molestarla y hasta les inventan a sus pacientes que ese día no trabaja. Incluso los mismos médicos y médicas residentes a los que viene formando en materia de aborto seguro desde el 2007 la han llamado “asesina”. Nadie la ayuda. Tiene que ir caminando hasta la farmacia del hospital ella misma, a unas cuadras, para retirar la medicación que les da a las mujeres.

Uno de los mensajes más fuertes para Stella fue el juicio a Estrella Perramón, una de las residentes a la que formó en el sur. La médica fue acusada en 2015 por el delito de “aborto consentido seguido de muerte” por la muerte de una chica de 17 años. “Los que se mandaron la cagada fueron los médicos de Esquel, pero la denunciada y enjuiciada fue ella. Era una muerte dudosa”, cuenta Stella.

En primera instancia, la médica fue condenada a un mes de prisión en suspenso y a un año de inhabilitación. Buscaban sacarle la matrícula. La autopsia verificó que los médicos de Esquel estaban mintiendo y, finalmente, después de 3 años de proceso judicial, Estrella fue absuelta en 2019. El caso fue “aleccionador”, muchos profesionales decidieron declararse objetores y no garantizar ILE’s después de ver lo que pasó con su colega.

Violentados por garantizar el aborto no punible en Argentina. Hospital Soria, en la provincia de Jujuy.

El estigma “abortero” lo comparte en la otra punta de la Argentina el médico Ricardo Cuevas.  Es médico ginecólogo en Jujuy, especialista en fertilidad, y trabajó durante 42 años en el sector de salud pública. En el Hospital Soria –el más importante de la provincia- fue el primero en garantizar la interrupción legal del embarazo a una niña violada. El primero y el único.

“Tuve serios problemas con mis colegas para hacer ILE en menores de edad. No querían ayudarme, no querían hacer absolutamente nada. El jefe de ginecología estaba en contra y presionaba al resto de mis colegas. Yo era el abortero del servicio”,recuerda.

Ricardo dejó en 2017 su puesto. Se tuvo que ir porque ya no podía vivir bajo hostigamiento: Hice una nota denunciando que yo había sido víctima de acoso laboral”. Tuvo que pedir apoyo hasta del ministro de Salud, porque las agresiones que sufrió no tenían límites. No pudo ni siquiera jubilarse en el lugar donde trabajó toda su vida. ¿Acaso eso no es violento?

Pero el ataque no es solo hacia los médicos. El resto de los profesionales de la salud son víctimas de la misma violencia. “Sufrí el acoso por parte de los jefes. Intentaron trasladarme de centro de salud y también cambiarme los turnos. Siempre buscaban algo para hacerme. Hasta les pidieron a mis compañeros que hicieran una nota en mi contra”, cuenta Carola Mendoza, enfermera generalista y hoy jefa del Centro de Atención Primaria de Lozano, en Jujuy.

“Yo salí por la puerta de la universidad, vos no”, le dijo un día el médico de guardia. Para Carola, dentro del ámbito laboral hay ‘sufrimiento’: “Los médicos me ningunean. La jefa anterior me escondía los métodos anticonceptivos de emergencia, y encima en el área rural tenemos pocos”. La maltratan porque es la única en garantizar la ESI en la zona, y porque además ha acompañado a varias chicas abusadas a hacer la denuncia.

En la Argentina hay 700 mil nacimientos por año y el 16% proviene de madres adolescentes de entre 15 y 19 años. Más de 3000 son de niñas de 10 a 13 años. El 69% de esas mujeres adolescentes no planearon ese embarazo. Carola sabe que negarles un aborto no punible y obligarlas a parir es un delito.

Violentados por garantizar el aborto no punible en Argentina. Consultorio donde se practica aspiración manual endouterina (la segunda técnica de aborto seguro).

La cuestión religiosa y la doble moral (médicos que no garantizan las ILE en el sector público y que practican los abortos en sus consultorios privados) son muy fuertes en el norte argentino. La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir está trabajando desde el 2013 en Jujuy con una perspectiva de género y feminista.

“En el caso de la niña de 12 años de San Pedro (violada y obligada a parir en 2019), se ninguneó al equipo de salud completo. No hubo posibilidad de que las compañeras de salud mental y trabajo social pudieran acompañar a la niña”, cuenta Soledad Gargiulo, psicóloga en el Hospital Miguel Miskoff de Maimará. En ese hospital también hace acompañamientos de ILE la trabajadora social Marina Ariza, una de las pioneras en el tema.

Marina recuerda que en el caso de la niña de San Pedro ni siquiera se enteraron de lo que estaba pasando porque “se blindó la información”. “En Maimará, el jefe de maternidad es objetor, es un señor muy grande y misógino, que leía nuestros informes y nos decía: “Pero acá no ponen nada, ¿esto para qué sirve? Ustedes no son médicas, qué vienen a meterse en la ecografía”.

Muchas mujeres a la hora de abortar necesitan referentes afectivos y emocionales. Por eso es tan importante el trabajo de psicólogas/os, enfermeras/os, y trabajadoras sociales, que ponen el cuerpo y acompañan. Por lo general, el ejercicio de su profesión se invisibiliza detrás de la figura del médico. La única palabra que vale es la del doctor: eso también es violento, y es parte del sistema médico hegemónico contra el que lucha la Red de Profesionales.

“Hay un ninguneo a nuestra práctica. Trabajamos con el padecimiento”, reflexiona María Laura Lerma, colega de las chicas y psicóloga en el Hospital General Belgrano de Humahuaca. En esta ciudad los relatos populares son muy fuertes y a las mujeres se las culpabiliza constantemente. La primera interrupción en Humahuaca tuvo lugar en 2015 y el médico no usó anestesia: fue un disciplinamiento sobre el cuerpo de una niña de 14 años violada, acción que se repite en muchas otras provincias.

La violencia mayor: la objeción de conciencia

Negar un aborto no punible es un delito. La misma actualización del protocolo deja en claro que la objeción de conciencia “no debe traducirse en obstrucción a la práctica contemplada en la normativa legal y de la que el Estado es responsable de garantizar”.

Hay mucho desconocimiento al respecto dentro de los equipos de salud, y esa misma desinformación lleva a que la mayoría de los y las profesionales prefieran declararse como “objetores de conciencia”. Es la madre de todas las violencias, de ahí derivan después las presiones y el hostigamiento.

Violentados por garantizar el aborto no punible en Argentina. Saulo Dalmasso, cuidador no binarie de Rosario.  

“Hay muchas personas que trabajan en salud y que no quieren tener problemas, quieren ir a trabajar sin ninguna dificultad. Los profesionales hoy se plantean: si me es más fácil objetar, objeto y listo”, explica Saulo, cuidador no binarie del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario y ex integrante de la Red de Profesionales.

Todo esto abre escenarios peligrosos para la salud pública. En el Centro Materno Infantil de Trelew, por ejemplo, no hay jefe de servicio en Ginecología. Como los objetores de conciencia no deberían tener cargos jerárquicos y justo en esa institución todos los profesionales son objetores, hace tres años que el servicio está acéfalo.

“El que no quiere atender mujeres hoy no las atiende y no recibe sanción. En la mayoría de los lugares hay un solo médico o dos por servicio teniendo que encargarse de todos los abortos más todo el resto de su trabajo”, explica Stella.

Pintada en San Salvador de Jujuy.

Con esa mirada coincide Elena Meyer, médica garante de ILE en Casa de Piedra, Jujuy, y miembro de la Red de Profesionales: “En una sociedad patriarcal, las corporaciones médicas y la justicia se protegen mucho entre ellos. Hubo casos de negación de derechos y de mala praxis muy graves relacionados con las mujeres, y hasta ahora no tuvimos ninguna sanción que funcione como medida ejemplificadora”.

Mirar para afuera puede ayudar un poco: Francia tiene hace 45 años una ley de aborto legal, pero todavía hay problemas de acceso, que derivan justamente de la misma objeción. Están empezando a aparecer proyectos para suprimirla porque las francesas deciden irse a España o los Páises Bajos para interrumpir su embarazo.

Según la normativa argentina, el profesional puede objetar pero es obligatorio que comparta información verídica y que derive al paciente a otro profesional. De esa manera, garantiza el derecho, aunque no garantice la práctica. El problema es cuando todos los integrantes de un mismo equipo se autoperciben como objetores. Ahí es cuando uno debe preguntarse: ¿Quién garantiza entonces el derecho de las mujeres a la ILE?

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo de Amnistía Internacional Argentina y el Women’s Equality Center.

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Periodista y licenciada en Comunicación Social (UBA), especializada en temas de Género, Sociedad y Ciencia.

@JazBronstein

Fuente para Diario Digital FemeninoJazmín Bronstein
publicada en Cenital
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