Un acto de reparación para una joven a quien se le negó el derecho al aborto

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Por Admin enero 4, 2016 11:35

LMR, la  joven discapacitada a quien se le negó hace 9 años el acceso a un aborto no punible tras una violación y recibió una compensación económica por daño físico y moral por parte de los Estados nacional y bonaerense, compró una casa con ese dinero, hecho que especialistas consideraron «una justa reparación» para ella y su madre.

Un acto de reparación para una joven a quien se le negó el derecho al aborto. Cuadro pintado por Miki

Un acto de reparación para una joven a quien se le negó el derecho al aborto.
Cuadro pintado por Miki


Por Silvina Molina[1]

Miki (LMR) y su madre, Vicenta Avendaño, decidieron adquirir una vivienda con el dinero que recibieron cuando el Estado cumplió con el dictamen del Comité de Derechos Humanos de  Naciones Unidas que estableció, en 2011, que se violó el derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación, a no sufrir actos inhumanos y crueles de la adolescente.
La decisión internacional estableció una reparación económica para LMR, hecho que se concretó en diciembre del año pasado.
A un año, ese dinero se invirtió en una nueva casa «para poder alejarse del barrio donde ocurrieron los hechos que ellas prefieren olvidar, pero también para vivir en un lugar más céntrico de su ciudad, que pueda darle a la joven mayor autonomía», contó Estela Díaz, titular de Género de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Díaz acompañó desde los inicios a la joven discapacitada que fue violada, quedó embarazada y pasó por distintas instancias para poder recibir asistencia médica.
La provincia de Buenos Aires «tenía restricciones de la Fiscalía de Estado para pagar indemnizaciones por juicios internacionales, que en general son los referidos a violación de Convenciones y Tratados de Derechos Humanos firmados por Argentina», explicó la dirigente social.
El pago económico reparatorio «es la primera vez que se hace efectivo a causa de una demanda internacional, con lo que este caso ha permitido sentar un precedente importante para otro tipo de demandas, que están pendientes o por desarrollarse», agregó Díaz.
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), presentaron en 2007 una demanda contra los Estados nacional y bonaerense ante el Comité de ONU, que falló favorablemente.
Esa resolución internacional «implicó no sólo prestaciones personales para la joven y una indemnización que se convirtió en una vivienda para ella y su madre, sino también avances normativos y jurisprudenciales que benefician a todas las mujeres del país», destacó Susana Chiarotti, de Insgenar.
La indemnización fue pedida por las ONGs en su demanda, lo que se cumplió, y el otro objetivo fue «que no se repitiera la vulneración de derechos de mujeres y niñas», destacó la referente de la CTA.
Para Díaz esto se va logrando con la sanción de la ley 26485, de protección a las mujeres contra las violencias; con los protocolos para atención de abortos no punibles fijados por la Corte Suprema de Justicia en 2012; con «la consolidación» del programa nacional de salud sexual y reproductiva y con «los avances» en la implementación de la ley de Educación Sexual Integral «para prevenir abusos y violencias».
El llamado «Caso LMR» sentó un antecedente en el efectivo cumplimiento de los derechos de las mujeres. Para la joven fue otra vida, que incluye pintar cuadros, como los que ilustran esta nota.
Miki decidió inaugurar su casa con una comida en la que estuvieron Díaz, Chiarotti, Marta Alanis de CDD, Cristina Zurutuza y Edurne Cárdenas, de Cladem, y les está pintando un cuadro a cada una. Es la manera que encuentra para sanar y agradecer.
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[1] Periodista, Especialista en Género
Coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina
RIPVG-Ar

 

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