ONGs apoyan el jury contra el juez de La Pampa que otorgó el avenimiento que terminó en femicidio

Admin
Por Admin octubre 3, 2012 20:09

 
 
 
 
Buenos Aires, 3 de octubre -Una red de organizaciones sociales que trabaja contra la violencia hacia las mujeres destacó el trabajo del procurador general de La Pampa, Mario Oscar Bongianino, por el jury que se realiza al juez Carlos Antonio Flores, uno de los magistrados que autorizó la figura del «avenimiento» que terminó con el femicidio de Carla Figueroa.
«Sin lugar a dudas el actuar del juez Flores posibilitó el asesinato de Carla» el año pasado, afirmó a Télam Diana Rosenhek, abogada de la asociación Shalom Bait.
La ONG, junto a Dignos de Ser, Nuestras Manos, Enlaces Territoriales para la Equidad de Género y las asociaciones Pablo Besson y Especialistas en Violencia Familiar (Acevifa), conforman la red «La violencia contra las mujeres siempre mata».
Ayer, comenzó en la capital pampeana el jury de enjuiciamiento a Flores, uno de los integrantes del Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa que autorizó, el año pasado, el casamiento de la joven con su violador, Marcelo Tomaselli, basándose en la ahora derogada figura penal del avenimiento.
La decisión del juez liberó a Tomaselli, ya que el avenimiento preveía «el perdón» del delincuente si se casaba con su víctima. Tomaselli mató a Carla Figueroa una semana después de contraer matrimonio.
La sentencia de Flores fue avalada por su par Gustavo Adolfo Jensenm quien pidió jubilación anticipada, razón por la cual no está siendo juzgado, mientras Pablo Balaguer, fue el único magistrado del Tribunal que votó en contra.
El procurador general de La Pampa, Mario Oscar Bongianino, acusó al juez, quien está suspendido, «por mal desempeño en sus funciones al dictar una resolución judicial contraria al plexo normativo vigente que permitió la libertad de un acusado de un grave delito en el contexto de violencia de género, que desencadenó en el femicidio de Carla».
Ante el inicio del jury, la abogada de la asociación Shalom Bait dijo a Télam que el lunes la red de organizaciones presentó ante el Parlamento de las Mujeres de la Legislatura porteña una declaración para apoyar el trabajo del procurador y el jury contra el juez.
«Ahora esperamos que tome estado parlamentario ya que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento», dijo.
Para la dirigente, Flores «no sólo no hizo una lectura profunda e integral de la prueba, sino que también ignoró toda la legislación vigente relativa a la protección contra la violencia de género, circunstancia que llevo al asesinato de Carla Figueroa».
No dudó al afirmar que «el hecho hubiera sido evitable si el magistrado hubiera actuado con la probidad que le requería su cargo», por lo que ahora «debe ser responsable de las consecuencias que su decisión causó y responder ante la sociedad por su sentencia».
«Más que evidente es que el juez Flores actuó llevado por los prejuicios que influyen en el modo en el que las instituciones reaccionan frente a la violencia contra las mujeres», agregó.
El jurado de enjuiciamiento está presidido por el titular del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Eduardo Fernández Mendía, y conformado por los diputados Martín Berhongaray (FrePam-UCR), María Silvia Larreta (PJ) y los abogados Sergio Escuredo y Ana Mariela Bonaver.
En la audiencia de hoy declaró Armando Agüero, el abogado defensor del violador que pidió el avenimiento, y la ex jueza de Paz, Marta Susana Covella, que concretó al casamiento.
Ayer lo hicieron como testigos los jueces de General Pico, ciudad donde sucedieron los hechos. Se trata de Alfredo Alonso, Florentino Rubio y Carlos Pellegrino, quienes hicieron efectiva la libertad de Marcelo Tomaselli.
Mañana se conocerán los alegatos y el martes próximo se leerá el pronunciamiento del tribunal.
El asesinato de Carla generó que el Congreso nacional derogara este año el artículo 132 del Código Penal que permitía que, excepcionalmente y bajo ciertas condiciones, una víctima de violación «libremente y en condiciones de igualdad» decidiera casarse con su victimario para que éste fuera perdonado.
Para la representante de Shalom Bait nada de esto fue considerado por el juez: «Estaba obligado a evaluar todos los antecedentes antes de tomar una decisión de carácter excepcional. Ante la existencia de un caso de violencia de género surge el deber ineludible de pensar y de evaluar todas las posibilidades y riesgos». (Télam).-
 
 
 
 

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