Familias rotas por femicidios unidas para exigir prevención, ayuda y justicia

Agustina
Por Agustina febrero 22, 2021 09:06

Familias rotas por femicidios unidas para exigir prevención, ayuda y justicia

Familias rotas por femicidios unidas para exigir prevención, ayuda y justicia

Desde hace un año, los familiares (madres, padres, hermanxs) de varias víctimas de violencia de género se organizan y se unen para exigir al Estado que tome medidas efectivas de prevención y ayuda. Son las Familias Sobrevivientes de Femicidios y resumieron sus propuestas en 5 puntos. Insisten en que hay que cambiar protocolos, cumplir leyes, entregar botones antipánico con GPS y dejar de repetir los errores que hacen que la matanza no pare. Dramas que se repiten y les llevaron a ganar la calle.

Por: Fernanda Sández

Familias rotas por femicidios unidas para exigir prevención, ayuda y justicia

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Cada familia por separado (la de Araceli Fulles, la de Lucia Pérez, la de Melina Romero, la de Carla Soggiu, la de otras tantas asesinadas que ni siquiera lograron captar la atención de los medios y cuyas muertes ni siquiera tienen una cara y una historia que la gente reconozca y reivindique) recorrió el mismo campo minado. El mismo: abogados intermitentes, fiscales que no acusan, testigos que se esfuman, policías sospechados, pericias que no se hacen o que, si se hacen, un buen día “se pierden”, implicados a los que no se cita a declarar hasta que ya no están en sus domicilios, botones antipánico que no funcionan…

Quizá por eso escuchar a Marta Montero (la mamá de Lucía Pérez, drogada y asesinada en  Mar del Plata en 2016), a Mónica Ferreyra (mamá de Araceli Fulles, la chica de 22 años asesinada en 2017) o a Alfredo Barrera (papá de Carla Soggiu, quien tenía un botón antipánico y lo mismo apareció flotando en el Riachuelo) es como ver la misma película de terror, sólo que deteniéndose en ésta o en aquella escena. Todo es tan parecido –las familias de las víctimas se mueven más rápido y logran más información que los propios investigadores, una policía quelónida que corre detrás de los hechos y elige a qué testigos oír y a cuáles no, etc- que se parece sospechosamente a una coreografía ensayada una y mil veces. A una pantomima, un simulacro en donde los encargados de investigar no parecen tener el mismo apuro de las familias por localizar a la desaparecida, ni mucha más idea que ellos con respecto a cómo hacerlo.

En ese sentido, el caso de Carla Soggiu es claro. A Carla le dieron un botón antipánico luego de que su pareja y padre de sus dos hijos la retuviera, atara, golpeara y violara por seis horas. Carla quedó muy debilitada luego de eso. El día de su desaparición, apretó el botón antipánico dos veces. En una de esas, la policía acudió… a la casa de Carla. “Yo les dije que era el padre y que Carla no estaba ahí. Y la policía, sin verificar nada, se fue. Yo podría haber estado reteniendo a Carla, cualquier cosa, y ellos jamás se hubieran enterado. Esta gente no está capacitada para lo que hace”, destaca Alfredo Barrera, el padre de la chica. ”Pero, además, darle a una víctima de violencia un botón antipánico sin GPS es como darle una radio sin baterías: no sirve de nada. Pero eso es lo que hace el gobierno de la ciudad y nadie dice nada. Larreta tiene un blindaje mediático absoluto y ningún periodista pregunta por qué se compran botones que después no tienen mantenimiento ni funcionan”, resalta.

Familias rotas por femicidios unidas para exigir prevención, ayuda y justicia

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Carla apareció cuadro días después de su pedido desesperado,  flotando en el río a la altura de Barracas. No la encontró la policía sino un cartonero. Igual con Melina Romero: a ella también la encontraron dos cartoneras, a orillas del arroyo Marrón, junto a un predio del CEAMSE. “Eso es lo que más me duele”, dice Rubén, papá de Melina y ex policía. “Eran mis compañeros, cobran por investigar. Y no hicieron nada”, dice.

Juntos somos más

Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, habla como mira: de frente, firme  y claro. Cuando hace cinco años un grupo de adultos drogó, violó y llevó muerta a Lucía, su hija de dieciséis años, a la salita de salud de La Serena, en Mar del Plata, Marta era otra. Una enfermera era, casada con Guillermo, un chapista de pelo largo y amante de la música, mamá de dos adolescentes (Lucía y Matías) y ama de una casa repleta hasta hoy de perritos y gatos rescatados por Lucia. Pero la muerte de la chica y lo que siguió a eso (la odisea para lograr que los tres adultos implicados en el femicidio respondieran penalmente por el crimen) la transformó en esto que es hoy. Una guerrera canosa y en jeans que no pide para su hija más que lo que pide para las hijas masacradas de todos los demás: justicia real. Y, antes que eso, Estado presente, que es lo que tampoco hay. Porque mientras las secretarías, subsecretarías, áreas y hasta ministerios se multiplican, se siguen cometiendo los mismos errores que cuando todo eso no existía: denuncias que no se toman, perimetrales que no se respetan, rondines que no existen y fuerzas de seguridad y autoridades que masajean la espalda de los violentos hasta que todo se vuelve rojo y ya no hay vuelta atrás.

Familias rotas por femicidios unidas para exigir prevención, ayuda y justicia

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Hoy, cada familia, como pueda y sepa, debe lidiar con pericias, tribunales, cámaras y fallos. Sola cada quien con su pena, con sus huérfanos a cargo, con su falta de plata para pagar un pasaje, sellados, traslados, timbrados y consultas al psicólogo en las que nadie parece haber pensado.  “Parece una broma, pero nosotros nos hicimos cargo Angelito y de Ambar, los dos nenes de Carlita, y no tenemos acceso ni siquiera a una Asignación Universal por Hijo: los abuelos y las abuelas quedan a cargo de chicos que a veces no tienen cómo mantener”, ilustra Alfredo Barrera. “Es más: hace unas semanas tuvimos un Zoom con gente del Ministerio de Mujeres y nos contaron todas las cosas que habían conseguido. Y lo primero que nos dijeron era que a las familias de las víctimas de femicidio les dan $ 40.000. Sonó como una cargada, porque yo quiero a mi hija viva, no cuarenta mil pesos”.

Al margen de eso todo, desde el ataúd hasta la terapia que pueda  llegar a necesitar cada miembro de la familia sobreviviente, tendrá que ser costeado como se pueda. Y la verdad es que muchas familias no pueden, no sólo por limitaciones económicas sino también por el estado emocional en el que quedan las hermanas, hermanos, madres, hijos y padres de las chicas y mujeres masacradas. “Uno de mis hijos entró en depresión después de lo de Ara. Hay familias con intentos de suicidio. Nadie queda bien después de una cosa como ésta”, dice Mónica Ferreyra, la mamá de Araceli Fulles.

Familias rotas por femicidios unidas para exigir prevención, ayuda y justicia

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Hay una mínima ayuda económica, sí, pero acotada y sólo al principio. Todo lo demás  queda por cuenta de los familiares pero, además, éstos deben literalmente ponerse al hombro no sólo la búsqueda cuando las víctimas están desaparecidas sino también la investigación cuando finalmente aparece el cuerpo, que a menudo es también encontrado por vecinos, recolectores de residuos o recuperadores urbanos. Así pasó en el caso de Angeles Rawson, de Carla Soggiu, de Melina Romero. Y, después de eso, lo que queda por delante es la amansadora judicial que agota y desespera. A Melina Romero la mataron en 2014 y su mamá, Ana María Martínez, lo dice sin vueltas: “Todos sabemos que después de cierto tiempo las causas prescriben. Al único preso por lo de Meli le dieron 13 años y la investigación nunca avanzó. Todo esto pasa por el sistema judicial que tenemos, un sistema en el que todo se tapa con dinero”.

Familias rotas por femicidios unidas para exigir prevención, ayuda y justicia

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Por eso, también, el reclamo de estas familias detonadas por el dolor es que las investigaciones sean más veloces y eficaces, y que cuando se logren condenas, éstas se cumplan. “Cumplimiento efectivo de la pena”, dice la carta que le hicieron llegar por quinta vez al presidente de la Nación. Y lo dicen para evitar que se repitan casos como el de Micaela García en Entre Ríos o el de Tatiana Kolodziey, en Chaco, ambas asesinadas por violadores que gozaban de salidas anticipadas.

Piden también ayuda para los huérfanos y huérfanas de cada femicidio, acompañamiento a los familiares, que las capacitaciones a magistrados y funcionarios sean dictadas por quienes conocen de primera mano lo que provoca un femicidio y, finalmente, que se reconozca como víctimas también a las familias.

El 17 de febrero, cuando la cuenta de cadáveres que en Argentina no se detiene había llegado ya a 44 víctimas en 40 días y acababa de sumar a Ursula Bahillo, una chica de 18 años asesinada por su novio policía al que había denunciado casi veinte veces, el presidente Alberto Fernández recibió a los padres de la víctima. Les dio la mano, los escuchó. Les prometió viajar a su pueblo, Rojas, dentro de dos semanas. Ese mismo día, a las 17 horas, se replicaron las marchas frente a los Tribunales de todo el país.

“El presidente recibió a padres que acaban de enterrar a su nena, que todavía no entienden lo que sucedió y no saben lo que todavía les queda por sufrir. Ellos están vulnerables, pero nosotros no. Nosotros estamos más firmes, ya tenemos más experiencia y propuestas concretas. Empezando porque las leyes que existen se cumplan, porque si la Ley Micaela realmente se cumpliera hoy Ursula estaría viva. Eso queremos: que el Estado deje de ser un espectador o un cómplice de lo que pasa”, dice Barrera. Repite, en realidad, porque esto que dice lo han dicho muchas veces. El y tantos y tantas otras. Mientras, el tiempo pasa y la justicia, huye.

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Por Agustina febrero 22, 2021 09:06
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