{"id":76146,"date":"2026-10-13T12:36:57","date_gmt":"2026-10-13T15:36:57","guid":{"rendered":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/?p=76146"},"modified":"2026-10-13T12:36:57","modified_gmt":"2026-10-13T15:36:57","slug":"exclusion-digital-de-las-personas-mayores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/exclusion-digital-de-las-personas-mayores\/","title":{"rendered":"Exclusi\u00f3n digital de las personas mayores"},"content":{"rendered":"

Hace unos meses participe de la Declaraci\u00f3n de inter\u00e9s legislativo de un libro[1]<\/a>, el licenciado Gonzalo Beladrich hablo de un tema que despert\u00f3 mi inter\u00e9s, el de exclusi\u00f3n digital de las personas mayores. Ahora el interrogante que surge es analizar como esa exclusi\u00f3n digital no solo es un maltrato estructural sino que tambi\u00e9n restringe total o parcialmente los derechos de estas personas mayores.<\/p>\n

Por Diego Oscar Ortiz<\/a>[2]<\/a><\/p>\n

I). Aspectos conceptuales <\/strong><\/p>\n

Como dec\u00edamos anteriormente, la exclusi\u00f3n digital es un supuesto de maltrato estructural hacia las personas mayores, es una forma de relegarlas de las innovaciones tecnol\u00f3gicas o no brindarles alternativas a las mismas. Sin embargo este tema no queda solamente en ese tipo de maltrato, sino tambi\u00e9n en las consecuencias que el mismo acarrea, la p\u00e9rdida de derechos, recursos y posibilidades de reclamo.<\/p>\n

II). Un fallo ilustrativo del tema <\/strong><\/p>\n

En un fallo[3]<\/a>, Primero: el Sr. R. V., se presenta con patrocinio de la Defensor\u00eda General, interponiendo acci\u00f3n de amparo y el dictado de una\u00a0 medida cautelar innovativa y urgente con el objeto de que se ordene a la empresa prestataria del servicio, la reconexi\u00f3n inmediata y provisoria del suministro de agua potable en el inmueble habitado por una persona mayor de edad, la cual se encuentra privada de este recurso vital, indispensable para asegurar su subsistencia, la preservaci\u00f3n de su salud psicof\u00edsica y el respeto elemental por su dignidad humana.-<\/p>\n

Segundo: Para la procedencia de las medidas cautelares no se exige un examen de certeza absoluta sobre el derecho invocado, sino un juicio de probabilidad o verosimilitud, sumado al inminente peligro en la demora y la necesidad de evitar la producci\u00f3n de un da\u00f1o grave, irreparable o de extrema gravedad durante la sustanciaci\u00f3n del proceso. Estos recaudos procesales adquieren una intensidad superlativa y se flexibilizan notablemente cuando se encuentran en juego derechos fundamentales de personas adultas mayores en condici\u00f3n de vulnerabilidad[4]<\/a><\/strong>.-<\/p>\n

Tercero: En lo relativo a la verosimilitud del derecho, el reclamo encuentra un s\u00f3lido e indiscutible sustento normativo, convencional y constitucional en la protecci\u00f3n reforzada que el ordenamiento jur\u00eddico acuerda a las personas mayores<\/strong> y en el car\u00e1cter de derecho humano fundamental e inderogable que reviste el acceso al agua potable.-<\/p>\n

Cuarto: Al respecto la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n en el fallo \u00abKersich\u00bb, reafirma la tutela preferencial de los bienes colectivos y de los servicios p\u00fablicos esenciales vinculados a la preservaci\u00f3n de la vida y de los recursos naturales vitales como el agua, imponiendo a los \u00f3rganos judiciales una actuaci\u00f3n tuitiva y urgente frente a afectaciones que impactan en derechos de incidencia colectiva y en la salud de sectores vulnerables.-<\/p>\n

Quinto: Asimismo, la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores consagra de modo categ\u00f3rico el derecho a la salud, a la seguridad y a un nivel de vida adecuado que incluya el acceso continuo a los servicios b\u00e1sicos, imponiendo a los Estados partes y a los operadores jurisdiccionales la obligaci\u00f3n de adoptar todas las medidas reforzadas necesarias para garantizar el goce efectivo de estos derechos sin discriminaci\u00f3n por razones de edad.-<\/p>\n

Sexto: En el \u00e1mbito jurisdiccional provincial, la Gu\u00eda de Buenas Pr\u00e1cticas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la atenci\u00f3n y el trato de personas mayores establece pautas claras de actuaci\u00f3n institucional orientadas a remover activamente cualquier obst\u00e1culo procesal, garantizando un acceso a la justicia real, r\u00e1pido y efectivo, y velando prioritariamente por la integridad, la autonom\u00eda y el bienestar de este colectivo hist\u00f3ricamente vulnerable.<\/p>\n

S\u00e9ptimo: En otro orden de ideas, las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia, exhortan a los \u00f3rganos judiciales a adoptar medidas de tutela urgente y de preferencia que garanticen la efectiva protecci\u00f3n de los derechos de quienes, por razones de edad avanzada, salud precaria o condici\u00f3n social, se hallan en una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta frente a la interrupci\u00f3n de suministros vitales por parte de empresas prestatarias de servicios p\u00fablicos.-<\/p>\n

Octavo: El actor manifiesta haber dejado de recibir la boleta en formato papel, y que desconoce c\u00f3mo bajar la factura digital y la app, siendo la brecha digital, un obst\u00e1culo que hizo que se atrasara en alg\u00fan pago.-<\/p>\n

Al respecto, entiendo que la imposici\u00f3n unilateral de canales digitales de facturaci\u00f3n por parte de las empresas prestatarias de servicios p\u00fablicos esenciales (Como la supresi\u00f3n de la factura en soporte papel), configura una barrera estructural discriminatoria que vulnera los derechos de las personas mayores[5]<\/a>.<\/strong><\/p>\n

La brecha digital no constituye una mera incomodidad t\u00e9cnica o una falta de voluntad de pago, sino una condici\u00f3n objetiva de exclusi\u00f3n derivada de la edad avanzada, la escasez de recursos tecnol\u00f3gicos y la\u00a0 ausencia de conectividad o de saberes inform\u00e1ticos espec\u00edficos[6]<\/a>.<\/strong><\/p>\n

Condicionar la continuidad de un suministro vital como el agua potable al uso obligatorio de plataformas electr\u00f3nicas de cobro, exigiendo un\u00a0 manejo digital ajeno a las capacidades de un adulto mayor, subvierte la l\u00f3gica de los servicios p\u00fablicos domiciliarios.-<\/p>\n

Ninguna reglamentaci\u00f3n comercial o modernizaci\u00f3n administrativa de car\u00e1cter privado puede anteponerse al orden p\u00fablico constitucional y convencional.-<\/p>\n

Noveno: Es m\u00e1s que claro que exigir la virtualidad como requisito excluyente para acceder al conocimiento de las liquidaciones de deuda, transforma una barrera socio-digital en un mecanismo de privaci\u00f3n ileg\u00edtima, afectando de manera directa el derecho humano fundamental al agua potable, a la salud, a la vida y a un trato digno e igualitario de una persona mayor, contraviniendo todas las disposiciones convencionales en la materia.-<\/p>\n

D\u00e9cimo: La exclusi\u00f3n derivada de la brecha digital no puede constituir bajo ning\u00fan punto de vista un valladar leg\u00edtimo para privar a una persona mayor de un recurso vital[7]<\/a>.<\/strong> La imposici\u00f3n unilateral de canales inform\u00e1ticos de facturaci\u00f3n y la supresi\u00f3n de la boleta en soporte papel, operativiza una barrera discriminatoria que desconoce las limitaciones reales y objetivas asociadas a la edad avanzada, la escasez de saberes inform\u00e1ticos espec\u00edficos y la falta de conectividad id\u00f3nea.-<\/p>\n

Ninguna reglamentaci\u00f3n comercial o simplificaci\u00f3n administrativa de car\u00e1cter privado puede anteponerse al orden p\u00fablico constitucional y convencional. Exigir la virtualidad como requisito excluyente para conocer las liquidaciones de deuda transforma una mera dificultad tecnol\u00f3gica en un mecanismo de privaci\u00f3n ileg\u00edtima, vulnerando de manera directa el derecho humano fundamental al agua potable, a la salud, a la vida digna y al trato equitativo consagrado por el plexo normativo protectorio[8]<\/a>.<\/strong><\/p>\n

D\u00e9cimo primero: No es menos cierto que la supresi\u00f3n de la factura en soporte papel y la consecuente imposici\u00f3n unilateral de canales inform\u00e1ticos de facturaci\u00f3n configuran una barrera estructural discriminatoria que vulnera gravemente los derechos de las personas mayores y la exclusi\u00f3n digital derivada de la supresi\u00f3n inconsulta del soporte papel no puede convalidar la afectaci\u00f3n de un derecho humano fundamental, especialmente cuando se traduce en la imposici\u00f3n de una carga econ\u00f3mica o t\u00e9cnica desproporcionada que el usuario, por su edad y condiciones socio-culturales, se encuentra f\u00e1ctica y jur\u00eddicamente imposibilitado de superar.-<\/p>\n

D\u00e9cimo segundo: Los argumentos derivados de la teor\u00eda de la imprevisi\u00f3n y la alteraci\u00f3n de las bases negociales en el marco de los contratos de servicios p\u00fablicos domiciliarios, imponen el deber de buena fe y las empresas prestatarias no pueden modificar unilateralmente las condiciones de cumplimiento de las obligaciones contractuales (Como la forma de facturaci\u00f3n y notificaci\u00f3n del d\u00e9bito) alterando las reglas bajo las cuales el usuario ven\u00eda operando de buena fe, para luego endilgarle un supuesto incumplimiento derivado de una barrera tecnol\u00f3gica que la propia prestataria introdujo sin su consentimiento.<\/p>\n

D\u00e9cimo tercero: La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n ha sostenido reiteradamente que la interrupci\u00f3n de un servicio p\u00fablico esencial como medida de autodefensa ante la falta de pago no puede ejercerse de manera abusiva ni desatendiendo el principio de razonabilidad (Art. 28 de la Constituci\u00f3n Nacional), convirti\u00e9ndose en una v\u00eda de hecho ileg\u00edtima cuando el obst\u00e1culo para abonar obedece a un impedimento de accesibilidad digital generado por la propia prestataria frente a un sector hipervulnerable, como lo es una persona adulta mayor jubilada que percibe el haber m\u00ednimo y la distribuidora de servicios ostenta una posici\u00f3n m\u00e1s favorable y se encuentra obligada a arbitrar medios de notificaci\u00f3n inclusivos, accesibles y seguros, pues pretender que la falta de acceso a una plataforma web o la imposibilidad de descargar una boleta electr\u00f3nica, constituya una falta liberatoria de responsabilidad para la empresa equivaldr\u00eda a trasladar ileg\u00edtimamente los costos de la modernizaci\u00f3n tecnol\u00f3gica sobre las espaldas de los sectores m\u00e1s desprotegidos de la sociedad, subvirtiendo flagrantemente el esp\u00edritu tuitivo del ordenamiento jur\u00eddico.-<\/p>\n

D\u00e9cimo cuarto: Entiendo que condicionar la continuidad de un suministro vital como el agua potable, al uso obligatorio de plataformas electr\u00f3nicas de cobro, exigiendo un manejo digital ajeno a las capacidades reales de un adulto mayor en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, transforma desfavorablemente la finalidad tuitiva de los servicios p\u00fablicos domiciliarios, dando viabilidad a que la exclusi\u00f3n tecnol\u00f3gica se traduzca en el corte intempestivo de un recurso indispensable para la subsistencia, lo que implica una forma de exclusi\u00f3n social intolerable, desnaturalizando la obligaci\u00f3n de los prestadores de garantizar servicios accesibles y seguros para todos los sectores de la comunidad sin discriminaci\u00f3n alguna.<\/p>\n

\"Exclusi\u00f3n
Exclusi\u00f3n digital de las personas mayores<\/figcaption><\/figure>\n

D\u00e9cimo quinto: El juego arm\u00f3nico de las garant\u00edas consagradas en los arts. 14 bis, 16 y 75 incs. 22 y 23 de la Constituci\u00f3n Nacional, as\u00ed como los arts. 10, 11, 15 y concordantes de la Constituci\u00f3n de la Provincia de Buenos Aires, consagran el principio de tutela judicial continua y efectiva, el respeto a la dignidad de la persona humana y el deber constituyente de protecci\u00f3n integral de los sectores vulnerables de la comunidad.<\/p>\n

D\u00e9cimo sexto: Que la Ley 14782 de la Provincia de Buenos Aires reconoce formalmente el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para la vida\u2026y establece un nivel m\u00ednimo esencial de disponibilidad diaria por persona, con programas prioritarios para grupos vulnerables y zonas de escasez.<\/p>\n

D\u00e9cimo s\u00e9ptimo: En cuanto al peligro en la demora, la privaci\u00f3n del suministro de agua potable a una persona mayor genera un perjuicio irreparable, continuo y de extrema gravedad que compromete de forma directa e inmediata su salud, su integridad f\u00edsica, su dignidad y su subsistencia diaria, tornando ilusoria cualquier decisi\u00f3n tard\u00eda que pudiera adoptarse al finalizar el debate del proceso principal.<\/p>\n

D\u00e9cimo octavo: La tutela urgente en supuestos de servicios p\u00fablicos esenciales y personas mayores exige una actuaci\u00f3n judicial altamente tuitiva y de orden p\u00fablico, apart\u00e1ndose de rigorismos formales excesivos y ponderando el principio protectorio consagrado constitucionalmente.<\/p>\n

Se resuelve hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada y, en\u00a0 consecuencia, ordenar a la empresa prestataria del servicio que proceda en el plazo perentorio e improrrogable de 24 hs a la reconexi\u00f3n inmediata y provisoria del servicio de agua potable en el inmueble habitado por R. V., debiendo abstenerse de realizar nuevos cortes, restricciones o suspensiones mientras dure la tramitaci\u00f3n de las presentes actuaciones bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias de $ 1.000.000,00) por cada d\u00eda de retraso en la reconexi\u00f3n y de comunicar la desobediencia a la justicia penal en los t\u00e9rminos del art. 239 del CP.<\/p>\n

Fijar la vigencia de la presente medida precautoria por el plazo legal necesario hasta la resoluci\u00f3n definitiva de la cuesti\u00f3n de fondo, o hasta tanto se disponga lo contrario en el marco del proceso principal, debiendo facilitar al SR. V. R. el acceso a las boletas en formato papel y otorgar el plan de pago y\/ otorgamiento de plazos para la regularizaci\u00f3n del pago del servicio teniendo en cuenta la condici\u00f3n de vulnerabilidad del mismo.-<\/p>\n

III). La importancia del fallo <\/strong><\/p>\n

El fallo anterior es un ejemplo de ponderar la vulnerabilidad de las personas mayores para tomar una decisi\u00f3n que realmente las proteja, garantizando un acceso a la justicia real, r\u00e1pido y efectivo, y velando prioritariamente por la integridad, la autonom\u00eda y el bienestar de este colectivo hist\u00f3ricamente vulnerable.<\/p>\n

En este caso la autoridad judicial analiza la exclusi\u00f3n digital de un hombre mayor que derivo en la perdida del suministro de agua potable y en eventual perjuicio para su salud y nivel de vida adecuado.<\/p>\n

El marco procesal elegido, es el de una acci\u00f3n de amparo, donde el se\u00f1or solicita una\u00a0 medida cautelar innovativa y urgente con el objeto de que se ordene a la empresa prestataria del servicio, la reconexi\u00f3n inmediata y provisoria del suministro de agua potable.<\/p>\n

El fallo cita las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la justicia y realiza una interpretaci\u00f3n de las mismas, plantea que la reglas exhortan a los \u00f3rganos judiciales a adoptar medidas de tutela urgente y de preferencia que garanticen la efectiva protecci\u00f3n de los derechos de quienes, por razones de edad avanzada, salud precaria o condici\u00f3n social, se hallan en una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta frente a la interrupci\u00f3n de suministros vitales por parte de empresas prestatarias de servicios p\u00fablicos.-<\/p>\n

IV). Los presupuestos de admisibilidad de la medida <\/strong><\/p>\n

Con respecto a cuales son los presupuestos para resolver una medida, se plantea que los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora son recaudos procesales que adquieren una intensidad superlativa y se flexibilizan notablemente cuando se encuentran en juego derechos fundamentales de personas adultas mayores en condici\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n

En lo relativo a la verosimilitud del derecho, el reclamo encuentra un s\u00f3lido e indiscutible sustento normativo, convencional y constitucional en la protecci\u00f3n reforzada que el ordenamiento jur\u00eddico acuerda a las personas mayores y en el car\u00e1cter de derecho humano fundamental e inderogable que reviste el acceso al agua potable.<\/p>\n

El fallo amplia que en cuanto al peligro en la demora, la privaci\u00f3n del suministro de agua potable a una persona mayor genera un perjuicio irreparable, continuo y de extrema gravedad que compromete de forma directa e inmediata su salud, su integridad f\u00edsica, su dignidad y su subsistencia diaria, tornando ilusoria cualquier decisi\u00f3n tard\u00eda que pudiera adoptarse al finalizar el debate del proceso principal.<\/p>\n

Este es un enlace necesario que siempre debe existir de la tem\u00e1tica con el derecho procesal, cuando se encuentre en juego los derechos de una persona en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, como los de una persona mayor.<\/p>\n

No debemos dejar de resaltar que en este caso se encuentra en juego el derecho a la salud de una persona vulnerable en raz\u00f3n de la edad.<\/p>\n

La Convenci\u00f3n Interamericana sobre Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores consagra de modo categ\u00f3rico el derecho a la salud, a la seguridad y a un nivel de vida adecuado que incluya el acceso continuo a los servicios b\u00e1sicos, imponiendo a los Estados partes y a los operadores jurisdiccionales la obligaci\u00f3n de adoptar todas las medidas reforzadas necesarias para garantizar el goce efectivo de estos derechos sin discriminaci\u00f3n por razones de edad.-<\/p>\n

Del fallo surge la necesidad de resolver medidas reforzadas[9]<\/a> en raz\u00f3n del sujeto de protecci\u00f3n y su situaci\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n

En una parte del fallo se expresa que exigir la virtualidad como requisito excluyente para acceder al conocimiento de las liquidaciones de deuda, transforma una barrera socio-digital en un mecanismo de privaci\u00f3n ileg\u00edtima, afectando de manera directa el derecho humano fundamental al agua potable, a la salud, a la vida y a un trato digno e igualitario de una persona mayor.<\/p>\n

V). El maltrato estructural por la exclusi\u00f3n digital <\/strong><\/p>\n

El art 5 inc. f de la ley 5420 da una definici\u00f3n de maltrato institucional y \/ o estructural, como cualquier legislaci\u00f3n, procedimiento, actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n procedente de los poderes p\u00fablicos o instituciones p\u00fablicas o privadas, o bien derivada de la actuaci\u00f3n individual de las personas que all\u00ed se desempe\u00f1an, que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar f\u00edsico, o que viole los derechos b\u00e1sicos del adulto mayor\u00bb.<\/p>\n

Este tipo de violencia apunta a las bases de la sociedad, es decir, a las instituciones en general y a las instituciones geri\u00e1tricas. Se refiere a la responsabilidad de las instituciones p\u00fablicas o privadas y de la actuaci\u00f3n de las personas que trabajan all\u00ed (desde personal de limpieza hasta puestos directivos) que conformen abuso, negligencia, detrimento de la salud, bienestar f\u00edsico o vulneren derechos b\u00e1sicos de los adultos mayores[10]<\/a>.<\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de la perdida del suministro de agua potable, existe un previo maltrato institucional y estructural que le impide a la persona mayor acceder a un servicio b\u00e1sico.<\/p>\n

El maltrato estructural reside en reconocer de antemano que todas las personas pueden acceder a los medios digitales para obtener la factura, invisibilizando la posible dificultad que tengan las personas mayores, no dando la opci\u00f3n de recibir la boleta en formato papel.<\/p>\n

En este caso el se\u00f1or desconoce c\u00f3mo bajar la factura digital y la app, siendo la brecha digital, un obst\u00e1culo que hizo que se atrasara en alg\u00fan pago.-<\/p>\n

VI). La exclusi\u00f3n digital <\/strong><\/p>\n

El maltrato institucional y estructural referido se configura por la exclusi\u00f3n digital que padece la persona mayor. \u00a0El fallo es a m\u00ed entender pionero en el tema porque no solo menciona la brecha digital sino que tambi\u00e9n la profundiza orientando la decisi\u00f3n judicial.<\/p>\n

Expresa que la imposici\u00f3n unilateral de canales digitales de facturaci\u00f3n por parte de las empresas prestatarias de servicios p\u00fablicos esenciales (Como la supresi\u00f3n de la factura en soporte papel), configura una barrera estructural discriminatoria que vulnera los derechos de las personas mayores.-<\/p>\n

Con este p\u00e1rrafo, el juez destaca que la imposibilidad que tiene el se\u00f1or mayor de acceder a la factura en formato papel es una barrera estructural que lo discrimina.<\/p>\n

La brecha digital no constituye una mera incomodidad t\u00e9cnica o una falta de voluntad de pago, sino una condici\u00f3n objetiva de exclusi\u00f3n derivada de la edad avanzada, la escasez de recursos tecnol\u00f3gicos y la\u00a0 ausencia de conectividad o de saberes inform\u00e1ticos espec\u00edficos.-<\/p>\n

Con este p\u00e1rrafo define a la brecha digital como una forma de excluir a la persona en raz\u00f3n de la edad, por falta de informaci\u00f3n tecnol\u00f3gica o desconocimiento.<\/p>\n

La exclusi\u00f3n derivada de la brecha digital no puede constituir bajo ning\u00fan punto de vista un valladar leg\u00edtimo para privar a una persona mayor de un recurso vital.<\/p>\n

La imposici\u00f3n unilateral de canales inform\u00e1ticos de facturaci\u00f3n y la supresi\u00f3n de la boleta en soporte papel, operativiza una barrera discriminatoria que desconoce las limitaciones reales y objetivas asociadas a la edad avanzada, la escasez de saberes inform\u00e1ticos espec\u00edficos y la falta de conectividad id\u00f3nea.<\/p>\n

Exigir la virtualidad como requisito excluyente para conocer las liquidaciones de deuda transforma una mera dificultad tecnol\u00f3gica en un mecanismo de privaci\u00f3n ileg\u00edtima, vulnerando de manera directa el derecho humano fundamental al agua potable, a la salud, a la vida digna y al trato equitativo consagrado por el plexo normativo protectorio.<\/p>\n

No es menos cierto que la supresi\u00f3n de la factura en soporte papel y la consecuente imposici\u00f3n unilateral de canales inform\u00e1ticos de facturaci\u00f3n configuran una barrera estructural discriminatoria que vulnera gravemente los derechos de las personas mayores y la exclusi\u00f3n digital derivada de la supresi\u00f3n inconsulta del soporte papel no puede convalidar la afectaci\u00f3n de un derecho humano fundamental, especialmente cuando se traduce en la imposici\u00f3n de una carga econ\u00f3mica o t\u00e9cnica desproporcionada que el usuario, por su edad y condiciones socio-culturales, se encuentra f\u00e1ctica y jur\u00eddicamente imposibilitado de superar.<\/p>\n

Entiendo que condicionar la continuidad de un suministro vital como el agua potable, al uso obligatorio de plataformas electr\u00f3nicas de cobro, exigiendo un manejo digital ajeno a las capacidades reales de un adulto mayor en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, transforma desfavorablemente la finalidad tuitiva de los servicios p\u00fablicos domiciliarios, dando viabilidad a que la exclusi\u00f3n tecnol\u00f3gica se traduzca en el corte intempestivo de un recurso indispensable para la subsistencia, lo que implica una forma de exclusi\u00f3n social intolerable, desnaturalizando la obligaci\u00f3n de los prestadores de garantizar servicios accesibles y seguros para todos los sectores de la comunidad sin discriminaci\u00f3n alguna.<\/p>\n

VII).La resoluci\u00f3n en consecuencia de los fundamentos <\/strong><\/p>\n

Las resoluciones judiciales que involucre la integridad psicof\u00edsica, econ\u00f3mica y sexual de una persona mayor deben ser integrales y eficaces. De nada sirve una resoluci\u00f3n que sea incompleta o inocua.<\/p>\n

En el fallo se resuelve ordenar a la empresa prestataria del servicio a que en 24 hs proceda a la reconexi\u00f3n inmediata y provisoria del servicio de agua potable en el inmueble del se\u00f1or, debiendo abstenerse de realizar nuevos cortes, restricciones o suspensiones bajo apercibimiento de aplicar una multa de $ 1.000.000,00 por cada d\u00eda de retraso en la reconexi\u00f3n. La vigencia de la medida ser\u00e1 hasta la resoluci\u00f3n definitiva de la cuesti\u00f3n de fondo, debiendo facilitar al Sr el acceso a las boletas en formato papel y otorgar el plan de pago y\/ otorgamiento de plazos para la regularizaci\u00f3n del pago del servicio teniendo en cuenta la condici\u00f3n de vulnerabilidad del mismo.<\/p>\n

[1]<\/a> Declaraci\u00f3n de inter\u00e9s legislativo de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires del libro Maltrato a mayores, compiladora: Lic. Sandra Hiriart, Editorial Hugo Benjamin. Evento que se realiz\u00f3 el 17 de junio del a\u00f1o 2026.<\/p>\n

[2]<\/a> Abogado, Profesor, Especialista en Violencia Familiar, Colaborador de diario digital femenino, autor de libros y art\u00edculos de su especialidad.<\/p>\n

[3]<\/a> R. C\/ C. DE P. DE S. DE O., A. P. Y OTROS S. P. C. L. s\/ AMPARO\u201d, Expediente nro. 24462, Juzgado de Paz de Ituzaingo, Provincia de Buenos Aires, 17\/09\/2026.<\/p>\n

[4]<\/a> La negrita me pertenece<\/p>\n

[5]<\/a> La negrita me pertenece<\/p>\n

[6]<\/a> La negrita me pertenece<\/p>\n

[7]<\/a> La negrita me pertenece<\/p>\n

[8]<\/a> La negrita me pertenece<\/p>\n

[9]<\/a> Consultar ORTIZ, Diego, Aspectos jur\u00eddicos sobre violencia familiar a personas mayores, Ediciones Jur\u00eddicas, Buenos Aires, 2026.<\/p>\n

[10]<\/a> ORTIZ, Diego, Breves comentarios a la ley 5420, Microjuris, 15\/03\/16, https:\/\/aldiaargentina.microjuris.com\/2016\/03\/15\/breves-comentarios-a-la-ley-caba-5420-sobre-prevencion-y-proteccion-integral-contra-abuso-y-maltrato-a-los-adultos-mayores\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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