{"id":75977,"date":"2026-07-29T13:35:27","date_gmt":"2026-07-29T16:35:27","guid":{"rendered":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/?p=75977"},"modified":"2026-07-29T18:19:59","modified_gmt":"2026-07-29T21:19:59","slug":"un-fallo-garantiza-la-tarjeta-alimentar-a-la-madre-cuidadora","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/un-fallo-garantiza-la-tarjeta-alimentar-a-la-madre-cuidadora\/","title":{"rendered":"Un fallo garantiza la Tarjeta Alimentar a la madre cuidadora"},"content":{"rendered":"

La Corte Suprema reafirm\u00f3 la garant\u00eda efectiva del derecho alimentario de una ni\u00f1a, asegurando la percepci\u00f3n de la Prestaci\u00f3n Alimentar por parte de quien ejerce su cuidado personal. <\/strong>\u201cG., L. S. c\/ ANSES s\/ amparo ley 16.986\u201d. Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n. C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Paran\u00e1. Juzgado Federal de Paran\u00e1 n\u00b0 2<\/p>\n

Por Erica P\u00e9rez<\/a>[1]<\/sup><\/a>, Maru Breard<\/a>[2]<\/sup><\/a> & Tamara Bezares[3]><\/a>
\nDescarga el\u00a0Fallo<\/a>\u00a0completo<\/p>\n

I.- Resumen de los hechos:<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. S. G., actuando en representaci\u00f3n de su hija menor de edad A. C. G., interpuso una acci\u00f3n de amparo contra la ANSES para solicitar la rehabilitaci\u00f3n de la Prestaci\u00f3n Alimentar, beneficio que hab\u00eda dejado de percibir desde julio de 2022. La actora sostuvo que tiene el cuidado personal exclusivo de su hija, quien es beneficiaria de la Asignaci\u00f3n Universal por Hijo (AUH) y, por esa raz\u00f3n, acced\u00eda autom\u00e1ticamente a la Prestaci\u00f3n Alimentar. Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que realiz\u00f3 numerosos reclamos ante la ANSES por la suspensi\u00f3n de los pagos, pero no obtuvo respuesta. Por ello, pidi\u00f3 que se ordenara a la demandada continuar acreditando regularmente los fondos correspondientes en su cuenta bancaria, conforme a la normativa vigente.<\/li>\n<\/ol>\n

    II.- La percepci\u00f3n de la Prestaci\u00f3n Alimentar y la tutela efectiva del derecho alimentario<\/strong><\/p>\n

    \u00a0<\/strong>a) ANSES se opuso a la procedencia de la acci\u00f3n de amparo<\/strong><\/p>\n

    Sostuvo que la Asignaci\u00f3n Universal por Hijo (AUH) es una prestaci\u00f3n del r\u00e9gimen no contributivo y que, para percibirla, ninguno de los progenitores debe realizar aportes al sistema. Explic\u00f3 que las asignaciones familiares pasar\u00edan a abonarse al padre de la menor dentro del r\u00e9gimen contributivo y que la actora solo las percib\u00eda de manera excepcional mientras se encontraba vigente su Cr\u00e9dito Argenta.<\/p>\n

    Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que no pod\u00eda depositar dichas asignaciones al padre porque este no contaba con una boca de pago habilitada. Finalmente, indic\u00f3 que, si se consideraba que la Prestaci\u00f3n Alimentar deb\u00eda continuar siendo abonada a la madre, esta deber\u00eda concurrir a una oficina de ANSES y presentar la documentaci\u00f3n correspondiente para regularizar la situaci\u00f3n.<\/p>\n

    b) El juez de primera instancia hizo lugar a la acci\u00f3n de amparo <\/strong><\/p>\n

    El juez de primera instancia hizo lugar a la acci\u00f3n de amparo promovida por la actora y orden\u00f3 a la ANSES que liquidara y abonara de forma inmediata tanto la Prestaci\u00f3n Alimentar como la Asignaci\u00f3n Universal por Hijo (AUH). Dispuso que dichos pagos se realizaran con efectos retroactivos desde agosto de 2022 y que continuaran siendo percibidos por la madre hasta que el padre de la menor acreditara efectivamente estar cobrando la asignaci\u00f3n familiar correspondiente al r\u00e9gimen contributivo.<\/p>\n

    c) La C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Paran\u00e1 revoc\u00f3 la sentencia de primera instancia<\/strong><\/p>\n

    La C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Paran\u00e1 revoc\u00f3 la sentencia de primera instancia y rechaz\u00f3 la acci\u00f3n de amparo. Consider\u00f3 que correspond\u00eda a la actora acreditar los hechos en los que fundaba su pretensi\u00f3n, conforme a las reglas de la carga de la prueba previstas en el art\u00edculo 377 del C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial de la Naci\u00f3n.<\/p>\n

    El tribunal entendi\u00f3 que la prueba incorporada al expediente era insuficiente para demostrar que la actora hab\u00eda solicitado formalmente el reconocimiento del derecho reclamado y que la ANSES lo hab\u00eda denegado. Se\u00f1al\u00f3 que esos extremos eran indispensables para determinar si exist\u00eda una conducta arbitraria o ileg\u00edtima por parte del organismo demandado. En consecuencia, al no encontrarse acreditados tales requisitos, rechaz\u00f3 la demanda.<\/a><\/p>\n

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    <\/a><\/p>\n

    III.- La tutela judicial efectiva del derecho alimentario frente al exceso de formalismo procesal<\/strong><\/p>\n

    La parte actora interpuso recurso extraordinario federal contra la sentencia de la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Paran\u00e1 que hab\u00eda rechazado la acci\u00f3n de amparo. Sostuvo que dicha decisi\u00f3n vulneraba derechos de jerarqu\u00eda constitucional, en particular la protecci\u00f3n integral de la familia y los derechos de la ni\u00f1a involucrada. Asimismo, aleg\u00f3 que la sentencia era arbitraria porque hab\u00eda privilegiado aspectos formales y procesales por encima de los derechos sustanciales comprometidos, <\/strong>especialmente el derecho a la alimentaci\u00f3n de una menor en situaci\u00f3n de vulnerabilidad social.<\/p>\n

    Dada la participaci\u00f3n de una ni\u00f1a en el proceso, intervino el Defensor General Adjunto de la Naci\u00f3n, quien respald\u00f3 la postura de la actora y solicit\u00f3 que se declarara procedente el recurso, se revocara la sentencia apelada y se admitiera la acci\u00f3n de amparo.<\/p>\n

    La Corte Suprema se\u00f1al\u00f3 que, si bien los agravios planteados se relacionaban principalmente con cuestiones de hecho y de derecho procesal, ajenas en principio al recurso extraordinario, correspond\u00eda intervenir cuando se advierte un apartamiento de las constancias de la causa o un rigor formal excesivo que afecte garant\u00edas constitucionales, en particular el derecho de defensa en juicio previsto en el art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n

    Al analizar el caso, el Tribunal concluy\u00f3 que la C\u00e1mara hab\u00eda incurrido en un injustificado rigor formal. Observ\u00f3 que el rechazo del amparo se hab\u00eda basado en la supuesta falta de prueba del pedido de reconocimiento del derecho y de su negativa por parte de la ANSES. Sin embargo, la propia respuesta brindada por el organismo demandado en el informe previsto por el art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 16.986 demostraba que la actora hab\u00eda sido beneficiaria de la AUH y de la Prestaci\u00f3n Alimentar, que esos pagos hab\u00edan sido suspendidos y que la ANSES no hab\u00eda restablecido la prestaci\u00f3n. Tambi\u00e9n surg\u00eda de ese informe que se pretend\u00eda transferir el beneficio al otro progenitor, pese a que la ni\u00f1a se encontraba bajo el cuidado exclusivo de su madre, y que esos pagos tampoco se estaban efectuando por dificultades administrativas.<\/p>\n

    Por ello, la Corte entendi\u00f3 que los hechos cuya prueba hab\u00eda exigido la C\u00e1mara estaban suficientemente acreditados por las propias manifestaciones de la ANSES, por lo que resultaba arbitrario rechazar la demanda por falta de acreditaci\u00f3n de esos extremos.<\/p>\n

    En consecuencia, la Corte Suprema hizo lugar a la queja, declar\u00f3 procedente el recurso extraordinario federal y dej\u00f3 sin efecto la sentencia dictada por la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Paran\u00e1. Finalmente, orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de las actuaciones al tribunal de origen para que se dictara un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios establecidos en la sentencia.<\/p>\n

    \"Un
    Un fallo garantiza la Tarjeta Alimentar a la madre cuidadora<\/figcaption><\/figure>\n

    IV.- <\/strong>Los desaf\u00edos del acceso efectivo a los derechos de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes<\/strong><\/p>\n

    El reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n ofrece una valiosa oportunidad para reflexionar sobre una problem\u00e1tica que excede la resoluci\u00f3n jur\u00eddica del caso concreto: la capacidad de las instituciones estatales para garantizar de manera efectiva los derechos de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes.<\/p>\n

    La sentencia pone de manifiesto una situaci\u00f3n que interpela directamente al sistema de protecci\u00f3n social. Una prestaci\u00f3n destinada a asegurar el derecho a la alimentaci\u00f3n dej\u00f3 de ser percibida por una ni\u00f1a que se encontraba bajo el cuidado personal exclusivo de su madre. A partir de ello se inici\u00f3 un prolongado recorrido administrativo y judicial que culmin\u00f3 con la intervenci\u00f3n del M\u00e1ximo Tribunal. Esta circunstancia invita a formular un interrogante ineludible: \u00bfqu\u00e9 ocurre cuando el acceso a una pol\u00edtica p\u00fablica de protecci\u00f3n requiere atravesar un extenso itinerario institucional para que un derecho previamente reconocido sea finalmente garantizado?<\/p>\n

    El caso evidencia la persistente brecha existente entre el reconocimiento formal de los derechos y su goce efectivo. Las pol\u00edticas p\u00fablicas de protecci\u00f3n social tienen por finalidad garantizar derechos, reducir desigualdades y brindar respuestas frente a situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, cuando su implementaci\u00f3n se distancia de las condiciones reales de vida de las personas destinatarias, su eficacia protectoria puede verse significativamente comprometida.<\/p>\n

    En este sentido, la Corte otorg\u00f3 especial relevancia al hecho de que la ni\u00f1a permanec\u00eda bajo el cuidado exclusivo de su madre y que, pese a ello, la Prestaci\u00f3n Alimentar hab\u00eda dejado de ser percibida por quien asum\u00eda efectivamente las tareas cotidianas de crianza. Lejos de constituir una circunstancia accesoria, este aspecto se erige como uno de los ejes centrales de la decisi\u00f3n judicial, en tanto pone de relieve que las decisiones administrativas no pueden desentenderse de la realidad familiar sobre la que proyectan sus efectos.<\/p>\n

    Asimismo, el fallo permite reflexionar acerca del rol que desempe\u00f1an las distintas instituciones involucradas en la protecci\u00f3n integral de los derechos de las infancias. La ANSES, en su car\u00e1cter de organismo encargado de la gesti\u00f3n de prestaciones de seguridad social, tiene la responsabilidad de garantizar que los beneficios lleguen de manera efectiva a sus destinatarios. Por su parte, el Poder Judicial debe intervenir cuando la respuesta administrativa resulta insuficiente o cuando existen obst\u00e1culos que impiden el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n

    Sin embargo, el derrotero que revela este expediente demuestra c\u00f3mo tales intervenciones pueden fragmentarse y perder efectividad. La actora debi\u00f3 efectuar reclamos administrativos, promover una acci\u00f3n de amparo, atravesar distintas instancias judiciales y recurrir finalmente a la Corte Suprema para obtener una respuesta favorable. Este recorrido no puede ser interpretado exclusivamente como una sucesi\u00f3n de actuaciones procesales; constituye tambi\u00e9n una manifestaci\u00f3n de las dificultades que, en ocasiones, enfrentan las personas para acceder a derechos que fueron concebidos precisamente como mecanismos de protecci\u00f3n social.<\/p>\n

    Particular relevancia adquiere la observaci\u00f3n realizada por la Corte respecto de la exigencia de acreditar circunstancias que ya se encontraban respaldadas por las propias constancias aportadas por el organismo demandado. Esta situaci\u00f3n invita a revisar determinadas pr\u00e1cticas institucionales que, aunque formalmente justificadas, pueden transformarse en obst\u00e1culos para el acceso efectivo a los derechos. Cuando el Estado exige demostrar reiteradamente informaci\u00f3n que obra en sus propios registros, la carga administrativa deja de ser un requisito procedimental razonable para convertirse en una barrera que dificulta el ejercicio de derechos fundamentales.<\/p>\n

    Desde esta perspectiva, el caso tambi\u00e9n permite advertir c\u00f3mo las responsabilidades de cuidado suelen coexistir con exigencias burocr\u00e1ticas que recaen, de manera desproporcionada, sobre quienes asumen las tareas cotidianas de crianza. Las personas cuidadoras no solo garantizan la alimentaci\u00f3n, la salud y el acompa\u00f1amiento de ni\u00f1as y ni\u00f1os, sino que con frecuencia deben afrontar complejos procedimientos administrativos y judiciales para acceder a prestaciones destinadas precisamente a sostener dichas tareas. De esta forma, las cargas de cuidado terminan complement\u00e1ndose con cargas institucionales que pueden profundizar situaciones de desigualdad preexistentes.<\/p>\n

    Por otra parte, el pronunciamiento recuerda que la obligaci\u00f3n alimentaria derivada de la responsabilidad parental y las pol\u00edticas p\u00fablicas de protecci\u00f3n social constituyen deberes distintos, aunque necesariamente complementarios. Mientras la primera surge de las responsabilidades que corresponden a los progenitores respecto de sus hijos e hijas, la segunda responde al deber estatal de garantizar condiciones m\u00ednimas para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Precisamente por ello, la actuaci\u00f3n articulada de las instituciones resulta indispensable para asegurar que el inter\u00e9s superior de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes prevalezca sobre obst\u00e1culos administrativos o interpretaciones excesivamente formalistas.<\/p>\n

    En definitiva, la relevancia del caso trasciende la soluci\u00f3n particular alcanzada. El fallo invita a reflexionar acerca de la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales que reduzcan la distancia entre los derechos reconocidos normativamente y su efectiva realizaci\u00f3n en la vida cotidiana. Cuando el acceso a una prestaci\u00f3n destinada a garantizar la alimentaci\u00f3n de una ni\u00f1a exige a\u00f1os de reclamos administrativos y la intervenci\u00f3n de la m\u00e1xima instancia judicial del pa\u00eds, la cuesti\u00f3n ya no se limita a analizar la correcci\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial. Tambi\u00e9n obliga a interrogarse sobre las transformaciones que deben impulsar las instituciones para evitar que el ejercicio de derechos fundamentales dependa de la capacidad de las personas para sostener prolongados procesos de reclamaci\u00f3n. La verdadera medida de una pol\u00edtica p\u00fablica no radica \u00fanicamente en su dise\u00f1o normativo, sino en su capacidad de llegar oportunamente a la vida de quienes fue creada para proteger.<\/strong><\/p>\n

    V.- A modo de conclusi\u00f3n <\/strong><\/p>\n

    En el presente caso, la Corte Suprema se pronunci\u00f3 en favor de la efectividad del derecho alimentario, entendiendo que la \u201cPrestaci\u00f3n Alimentar\u201d<\/strong> debe ser percibida por quien tiene a su cargo el cuidado cotidiano de la ni\u00f1a. De este modo, garantiz\u00f3 la protecci\u00f3n integral de sus derechos y prioriz\u00f3 el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, evitando que obst\u00e1culos meramente formales o administrativos impidieran el acceso a la prestaci\u00f3n esencial para su subsistencia y desarrollo.<\/p>\n

    Asimismo, el criterio adoptado se vincula con los lineamientos establecidos por la Opini\u00f3n Consultiva OC-31\/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos<\/strong>, que reconoce el derecho al cuidado<\/strong> como un derecho humano aut\u00f3nomo y destaca la obligaci\u00f3n estatal de garantizar condiciones que permitan a las personas cuidadoras ejercer adecuadamente sus tareas, particularmente cuando se trata de ni\u00f1os y ni\u00f1as que requieren especial protecci\u00f3n.<\/p>\n

    Desde la perspectiva del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n, la soluci\u00f3n adoptada tambi\u00e9n refleja los principios de tutela judicial efectiva, acceso a la justicia e interpretaci\u00f3n de las normas de conformidad con los derechos fundamentales de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes (art. 706 CCyC), privilegiando una respuesta jurisdiccional que atienda a la realidad familiar por sobre exigencias procesales que puedan frustrar derechos de naturaleza alimentaria.<\/p>\n

    En materia alimentaria tambi\u00e9n se ha sostenido que la AUH y la Tarjeta Alimentar no integran la cuota alimentaria ni pueden imputarse al cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria del progenitor obligado, por tratarse de prestaciones estatales destinadas directamente al ni\u00f1o. Asimismo, se ha reconocido el valor econ\u00f3mico de las tareas de cuidado y la utilidad del \u00cdndice de Crianza del INDEC como par\u00e1metro objetivo para la determinaci\u00f3n de la cuota alimentaria.[4]<\/strong><\/sup><\/em><\/a><\/p>\n

    En definitiva, la sentencia reafirma que el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, el derecho al cuidado y la tutela judicial efectiva exigen que las prestaciones de seguridad social destinadas a garantizar la alimentaci\u00f3n de ni\u00f1os y ni\u00f1as lleguen efectivamente a quien asume su cuidado cotidiano, sin que las dificultades administrativas o el excesivo formalismo procesal puedan convertirse en obst\u00e1culos para la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales.<\/p>\n

    [1]<\/a> Abogada U.B.A. columnista jur\u00eddica del Diario Digital Femenino. Direcci\u00f3n de equidad de g\u00e9nero y diversidad sexual de la c\u00e1mara de diputados de la provincia de Buenos Aires.\u00a0 https:\/\/blog-ericaperez.blogspot.com<\/p>\n

    [2]<\/a>\u00a0 Licenciada en Trabajo Social. Perito. Capacitadora Nacional de Ley Micaela. Directora de Equidad de G\u00e9nero y Diversidad Sexual en la Honorable C\u00e1mara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.<\/p>\n

    [3]<\/a> Abogada. Fundadora de @alasenaccion_<\/p>\n

    [4]<\/a> Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Miner\u00eda y Sucesiones N.\u00b0 11 de El Bols\u00f3n, \u201cR.V.P.N. c\/ G.P.J. s\/ Sumar\u00edsimo \u2013 Alimentos\u201d<\/em>, sentencia del 1 de diciembre de 2025. Comentado en: Diario Femenino \u2013 \u201c\u00bfAUH y Tarjeta Alimentar cuentan como aporte alimentario? Un fallo que derriba uno de los mitos m\u00e1s frecuentes\u201d<\/a>.<\/p>\n

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    La Corte Suprema reafirm\u00f3 la garant\u00eda efectiva del derecho alimentario de una ni\u00f1a, asegurando la percepci\u00f3n de la Prestaci\u00f3n Alimentar por parte de quien ejerce su cuidado personal. \u201cG., L. S. c\/ ANSES s\/ amparo ley 16.986\u201d. Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n. C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Paran\u00e1. 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