{"id":75646,"date":"2026-02-27T09:03:13","date_gmt":"2026-02-27T12:03:13","guid":{"rendered":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/?p=75646"},"modified":"2026-02-27T12:39:58","modified_gmt":"2026-02-27T15:39:58","slug":"analisis-del-proyecto-de-reforma-al-regimen-penal-juvenil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/analisis-del-proyecto-de-reforma-al-regimen-penal-juvenil\/","title":{"rendered":"An\u00e1lisis del proyecto de reforma al R\u00e9gimen Penal Juvenil"},"content":{"rendered":"

An\u00e1lisis jur\u00eddico legislativo \u2013 Dra. \u00c9rica P\u00e9rez<\/strong>
\nEquipo Direcci\u00f3n de Equidad de G\u00e9nero y Diversidad Sexual
\nHonorable C\u00e1mara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires<\/p>\n

Descargar el documento completo en portada.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Introducci\u00f3n <\/strong><\/p>\n

\"An\u00e1lisis<\/a>
An\u00e1lisis del proyecto<\/figcaption><\/figure>\n

El Proyecto de Ley de R\u00e9gimen Penal Juvenil, propone una reforma profunda del sistema penal aplicable a adolescentes. Sustituye la Ley 22.278 e incorpora nuevos criterios sobre imputabilidad, escalas de penas y procedimientos. Sin embargo, su dise\u00f1o normativo presenta serias tensiones con el bloque de constitucionalidad federal, integrado por la Constituci\u00f3n Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarqu\u00eda constitucional (art. 75 inc. 22 CN).<\/p>\n

Un examen constitucional del proyecto exige identificar estos puntos cr\u00edticos, analizar su fundamento jur\u00eddico y evaluar su compatibilidad con los est\u00e1ndares constitucionales y convencionales vigentes.<\/p>\n

El principal foco de conflicto es la reducci\u00f3n de la edad de imputabilidad a los 14 a\u00f1os, que constituye el n\u00facleo de las objeciones constitucionales. El proyecto habilita el reproche penal a adolescentes sin establecer de manera expresa un r\u00e9gimen de culpabilidad disminuida.<\/p>\n

La falta de este est\u00e1ndar vulnera el principio de culpabilidad (art. 18 CN) y convierte al r\u00e9gimen propuesto en potencialmente inconstitucional.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la reducci\u00f3n de la edad m\u00ednima no respeta los est\u00e1ndares internacionales espec\u00edficos en materia de justicia juvenil. La Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o (CDN), junto con la Observaci\u00f3n General N\u00ba 24 del Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o, recomienda no disminuir las edades m\u00ednimas de responsabilidad penal. Incluso, en sus Observaciones Finales a la Argentina de 2024, el Comit\u00e9 inst\u00f3 expresamente al Estado a mantener el m\u00ednimo en 16 a\u00f1os.[1]<\/sup><\/a><\/p>\n

En este contexto, la reforma se ubica en un terreno claramente inconvencional, con un riesgo concreto de generar responsabilidad internacional del Estado argentino.<\/p>\n

Un segundo eje de tensi\u00f3n se vincula con la gravedad de las penas previstas. El proyecto contempla penas de hasta 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n, lo que excede los l\u00edmites establecidos por el art\u00edculo 37 inciso b de la CDN[2]<\/sup><\/a>, que exige que toda privaci\u00f3n de libertad de ni\u00f1os y adolescentes sea aplicada por el per\u00edodo m\u00e1s breve que proceda.<\/p>\n

La Corte Interamericana ha advertido que las penas prolongadas impuestas a adolescentes tienen efectos psicol\u00f3gicos profundamente nocivos y pueden constituir trato cruel, inhumano o degradante. Condenar a un joven de 14 o 15 a\u00f1os a un encierro que equivale a tres o cuatro veces su vida vivida vulnera gravemente el principio de proporcionalidad reforzada, reconocido para personas en etapa de desarrollo.<\/p>\n

Un tercer problema constitucional surge de la t\u00e9cnica legislativa utilizada. La determinaci\u00f3n de la edad de imputabilidad forma parte del derecho penal de fondo y, conforme al art\u00edculo 75 inciso 12 de la Constituci\u00f3n Nacional, debe regularse en el C\u00f3digo Penal, y no mediante una ley especial.<\/p>\n

La imputabilidad es un presupuesto estructural de la punibilidad. Al regularla fuera del C\u00f3digo Penal, se genera un riesgo cierto de afectar el principio de legalidad penal (arts. 18 y 19 CN), produciendo fragmentaci\u00f3n normativa, inconsistencias y superposiciones. Diversos dict\u00e1menes parlamentarios advirtieron esta falencia y se\u00f1alaron que la t\u00e9cnica empleada podr\u00eda ser declarada inv\u00e1lida por los tribunales.<\/p>\n

Un cuarto eje cr\u00edtico se vincula con el riesgo de recrear un sistema tutelar encubierto, especialmente respecto de los ni\u00f1os y adolescentes no punibles. Aunque el proyecto deroga formalmente la Ley 22.278, reproduce pr\u00e1cticas problem\u00e1ticas: medidas restrictivas sin base penal clara, amplia discrecionalidad judicial, falta de l\u00edmites temporales precisos y dispositivos institucionales que pueden operar como privaciones de libertad encubiertas.<\/p>\n

El proyecto tambi\u00e9n presenta un grave d\u00e9ficit institucional. Si bien exige la especializaci\u00f3n de los operadores, no crea fiscal\u00edas juveniles, defensor\u00edas especializadas ni juzgados espec\u00edficos. Esta omisi\u00f3n vulnera el art\u00edculo 40 de la CDN, que obliga a los Estados a garantizar tribunales y autoridades especializadas en justicia juvenil.<\/p>\n

Sin \u00f3rganos diferenciados, el derecho a un proceso especializado queda reducido a una mera declaraci\u00f3n formal. Adem\u00e1s, la falta de infraestructura impacta directamente en la ejecuci\u00f3n de las sanciones, ya que el pa\u00eds no cuenta con suficientes establecimientos adecuados para cumplir con los est\u00e1ndares internacionales m\u00ednimos.<\/p>\n

Otro problema central es la ausencia de una previsi\u00f3n presupuestaria integral. El proyecto transfiere costos a las provincias sin garantizar los recursos necesarios para su implementaci\u00f3n. Esta situaci\u00f3n vulnera el principio de razonabilidad (art. 28 CN) y la obligaci\u00f3n internacional de destinar el m\u00e1ximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos de ni\u00f1os y adolescentes (art. 4 CDN).<\/p>\n

Una ley penal que no puede aplicarse por falta de recursos es formalmente v\u00e1lida, pero materialmente inconstitucional, ya que su inoperancia produce violaciones sistem\u00e1ticas de derechos fundamentales.<\/p>\n

Si bien el proyecto ordena la separaci\u00f3n absoluta entre adolescentes y adultos privados de libertad, la realidad del sistema carcelario argentino \u2014marcado por la sobrepoblaci\u00f3n y el colapso estructural\u2014 impide cumplir efectivamente con esta obligaci\u00f3n.<\/p>\n

La Corte Interamericana ha sostenido que privar de libertad a adolescentes en \u00e1mbitos no especializados constituye una violaci\u00f3n per se del derecho a la integridad personal. Sin infraestructura adecuada, la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen podr\u00eda vulnerar los art\u00edculos 18 CN, 5 CADH, 37 CDN y 19 de la Ley 26.061.<\/p>\n

Finalmente, el proyecto entra en tensi\u00f3n con el principio de protecci\u00f3n integral (Ley 26.061 y art. 75 inc. 23 CN). En lugar de fortalecer pol\u00edticas sociales y educativas, la reforma ampl\u00eda la capacidad punitiva del Estado y reduce los umbrales de intervenci\u00f3n penal.<\/p>\n

La Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o proh\u00edbe expresamente las medidas regresivas en materia de derechos humanos. En este sentido, la reforma puede ser calificada como regresiva, especialmente en lo relativo a la edad de imputabilidad y a la severidad de las penas.<\/p>\n

Asimismo, corresponde se\u00f1alar que las medidas socioeducativas no deben concebirse como dispositivos complementarios posteriores a la sanci\u00f3n penal, sino como pol\u00edticas preventivas y de protecci\u00f3n integral previas a la intervenci\u00f3n punitiva del Estado. Canalizar contenidos educativos, sanitarios y de inclusi\u00f3n social dentro del proceso penal implica una inversi\u00f3n del principio de \u00faltima ratio y consolida la judicializaci\u00f3n de situaciones de vulnerabilidad que debieran ser abordadas por pol\u00edticas p\u00fablicas universales y no por el sistema penal.<\/p>\n

En s\u00edntesis, el Proyecto de R\u00e9gimen Penal Juvenil (2026), incorpora supuestas garant\u00edas en materia procesal y medidas socioeducativas, presenta graves inconsistencias con el bloque de constitucionalidad federal. Su regulaci\u00f3n de la imputabilidad, la proporcionalidad de las penas, la t\u00e9cnica legislativa, el financiamiento, la infraestructura, la especializaci\u00f3n institucional y el tratamiento de los inimputables compromete seriamente su validez constitucional y convencional.<\/p>\n

Desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos, el proyecto requiere profundos debates para adecuarse a la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, a los est\u00e1ndares interamericanos y a la doctrina constitucional argentina. Solo un debate que respete plenamente estos principios permitir\u00e1 consolidar un sistema penal juvenil leg\u00edtimo, eficaz y respetuoso de los derechos humanos.<\/p>\n

Lic. Beard Mariela
\n<\/strong>Directora de Equidad de G\u00e9nero y Diversidad Sexual
\n<\/strong>de la Honorable C\u00e1mara de Diputados
\n<\/strong>de la Provincia de Buenos Aires<\/strong><\/p>\n

[1]<\/sup><\/a> Posicionamiento de UNICEF sobre Justicia Penal Juvenil (Argentina) https:\/\/www.unicef.org\/argentina\/media\/27181\/file\/Posicionamiento%20Justicia%20Penal%20Juvenil%202026.pdf<\/a><\/p>\n

[2]<\/sup><\/a> \u201cb) Ning\u00fan ni\u00f1o sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detenci\u00f3n, el encarcelamiento o la prisi\u00f3n de un ni\u00f1o se llevar\u00e1 a cabo de conformidad con la ley y se utilizar\u00e1 tan s\u00f3lo como medida de \u00faltimo recurso y durante el per\u00edodo m\u00e1s breve que proceda\u201d\u00a0<\/em>https:\/\/www.ohchr.org\/es\/instruments-mechanisms\/instruments\/convention-rights-child<\/a><\/p>\n

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