{"id":74571,"date":"2025-01-08T09:36:43","date_gmt":"2025-01-08T12:36:43","guid":{"rendered":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/?p=74571"},"modified":"2025-01-08T09:36:43","modified_gmt":"2025-01-08T12:36:43","slug":"en-un-proceso-por-violencia-se-imponen-las-costas-al-violento-fundandolo-en-la-relacion-desigual-de-poder","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/en-un-proceso-por-violencia-se-imponen-las-costas-al-violento-fundandolo-en-la-relacion-desigual-de-poder\/","title":{"rendered":"En un proceso por violencia se imponen las costas al violento fund\u00e1ndolo en la relaci\u00f3n desigual de poder"},"content":{"rendered":"

En un proceso por violencia de g\u00e9nero.<\/strong><\/p>\n

\u201cLa relaci\u00f3n desigual de poder en contexto de violencia y la imposici\u00f3n de costas en el \u00e1mbito judicial\u00bb <\/strong>B.C.J.L. C\/ C.R.C. S\/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY 12569) Juzgado de familia N.\u00ba 6. La Plata<\/p>\n

Por\u00a0Erica P\u00e9rez<\/a>*
\nDescargar\u00a0fallo completo\u00a0<\/a><\/p>\n

I.- Resumen de los hechos <\/strong><\/p>\n

La decisi\u00f3n apelada del 9 de agosto de 2024 dio por concluidas las actuaciones por falta de presupuestos necesarios y orden\u00f3 archivar el proceso, imponiendo las costas por el orden causado seg\u00fan el art\u00edculo 71 del C.P.C.C. Contra esta decisi\u00f3n, apelaron la parte actora y el Dr. P.S.A., abogado de los ni\u00f1os R.C. y M.C.<\/p>\n

La parte actora sostiene que la imposici\u00f3n de costas en el orden causado vulnera el derecho de acceso a la justicia gratuita, garantizado por la Ley 26.485 y Tratados Internacionales. La Provincia de Buenos Aires, mediante la Ley 12.569 y su decreto reglamentario 2875, art\u00edculo 5, tambi\u00e9n apoya esta gratuidad. Ni la Ley 12.569 ni la Ley 26.485 consideran el resultado del pleito como criterio para regular las costas del proceso, rechazando el principio de solidaridad familiar. Adem\u00e1s, la parte actora argumenta que no se aplic\u00f3 perspectiva de g\u00e9nero en la decisi\u00f3n, ya que la v\u00edctima tuvo que recurrir a la justicia por violencia de su expareja y sigue sufriendo violencia econ\u00f3mica por incumplimiento del deber alimentario. En conclusi\u00f3n, se solicita la revocaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primera instancia.<\/p>\n

II.- Tratamiento del recurso <\/strong><\/p>\n

El art\u00edculo 68 del C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial (C.P.C.C.) establece que la parte vencida en un pleito debe afrontar los gastos de la contraparte, bas\u00e1ndose en el principio objetivo de imposici\u00f3n de costas por el mero hecho del vencimiento, salvo que el juez encuentre m\u00e9rito suficiente para establecer una excepci\u00f3n y funde adecuadamente sus razones (art. 68, segunda regla del C.P.C.C.). Esto se aplica sin requerir culpabilidad del litigante, solo considerando la posici\u00f3n asumida en el proceso. En cuestiones de familia, como las contempladas en la Ley 12.569, las costas pueden ser impuestas al vencido o distribuidas por su orden, seg\u00fan lo considere el juez (art. 68 del C.P.C.C.).<\/p>\n

El proceso se inici\u00f3 por una denuncia de violencia f\u00edsica y psicol\u00f3gica realizada el 16 de enero de 2019 por la Sra. B.C.J.L. contra su expareja y progenitor de sus hijos, el Sr. C.R.C. Esto dio lugar a medidas protectorias dictadas a favor de la denunciante y su familia, incluyendo la entrega de un bot\u00f3n antip\u00e1nico, conforme a la Ley 12.569 de Protecci\u00f3n contra la Violencia Familiar.<\/p>\n

A partir de aquella denuncia, y en adelante, la Sra. B.C.J.L. radic\u00f3 numerosas otras denuncias ante la misma Comisar\u00eda de la Mujer de Berisso denunciando violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica, patrimonial, econ\u00f3mica y simb\u00f3lica de parte del denunciado, las que obtuvieron una respuesta jurisdiccional con la ampliaci\u00f3n y dictado de nuevas medidas protectorias en el marco de la ley 12.569 y Tratados Internacionales que rigen la materia de violencia contra las mujeres.<\/p>\n

Y, en este punto, cabe resaltar con \u00e9nfasis que -m\u00e1s all\u00e1 de la existencia de acusaciones cruzadas, en virtud del contraataque realizado por el Sr. C.R.C. a partir de una serie de denuncias efectuadas por su parte contra la Sra. B.C.J.L. , luego de que esta realizara las primeras- no podemos perder de vista que no nos encontramos ante una relaci\u00f3n de paridad entre denunciante y denunciado, sino desigual de poder<\/strong> donde la violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica, econ\u00f3mica y simb\u00f3lica recibida por la Sra. Bla B.C.J.L. lo ha sido por raz\u00f3n de su condici\u00f3n de mujer y ha puesto en riesgo su integridad psicof\u00edsica; de hecho as\u00ed se ha dejado constancia en cada medida protectoria que en su favor se ha decretado. Es decir, que la Sra. B.C.J.L. ha sido v\u00edctima de violencia de g\u00e9nero en los t\u00e9rminos de la ley 26.485, Cedaw y Convenci\u00f3n Belem do Par\u00e1.<\/p>\n

Tal encuadre impone que el caso se juzgue bajo una mirada con perspectiva de g\u00e9nero<\/strong> -no neutral- ello en cuanto toda violencia hacia el ser humano es repudiable y la integridad es un derecho tanto de los hombres como de las mujeres, pero la protecci\u00f3n especial se justifica toda vez que estas \u00faltimas enfrentan las consecuencias de la violencia f\u00edsica y psicol\u00f3gica de manera diferente a los hombres en raz\u00f3n de la desigualdad estructural que rige las relaciones entre ambos g\u00e9neros. Por ello, la violencia contra la mujer por su condici\u00f3n de tal es una cuesti\u00f3n de derechos humanos.[1] Sentado ello, mal puede analizarse la imposici\u00f3n de las costas bajo la sola mirada de un supuesto \u201cvencedor\u201d o \u201cvencido\u201d, sino m\u00e1s bien conforme a la necesidad que ha tenido la v\u00edctima para acudir al \u00f3rgano jurisdiccional para obtener protecci\u00f3n.<\/p>\n

En tal sentido, no quedan dudas que en este proceso quien result\u00f3 v\u00edctima de violencia de g\u00e9nero fue la Sra. B.C.J.L., as\u00ed fue afirmado en sentencia de fecha 6 de marzo de 2019 al decirse que se hubo configurado violencia psicol\u00f3gica y f\u00edsica en el \u00e1mbito dom\u00e9stico en los t\u00e9rminos de los arts. 5 incisos 1, 2 y 3 y 6 inciso a de la ley 26.485. Asimismo, fue determinada la existencia de violencia de tipo psicol\u00f3gica, f\u00edsica y econ\u00f3mica en el Informe de Diagn\u00f3stico de Interacci\u00f3n Familiar presentado por los profesionales del Cuerpo T\u00e9cnico el 10 de junio de 2019. Y, al respecto, este Tribunal reitera que, aunque los hechos de violencia puedan haber sido rec\u00edprocos entre los miembros de la pareja, los mismos no pueden juzgarse del mismo modo, ni por la entidad de las respectivas denuncias, ni por la desigualdad entre ambos basada en el g\u00e9nero<\/strong>.<\/p>\n

La necesidad de la Sra. B.C.J.L. de invocar el procedimiento de la Ley 12.569 est\u00e1 plenamente justificada, ya que no hab\u00eda otras v\u00edas judiciales adecuadas para resolver las cuestiones. Las medidas de protecci\u00f3n dictadas fueron necesarias y efectivas para apaciguar el conflicto. Por lo tanto, la imposici\u00f3n de las costas al denunciado es ajustada a derecho seg\u00fan los art\u00edculos 68, 69, 384 y 385 del C.P.C.C., la Ley 26.485 y la Ley 12.569.<\/p>\n

\"En
En un proceso por violencia se imponen las costas al violento fund\u00e1ndolo en la relaci\u00f3n desigual de poder<\/figcaption><\/figure>\n

III.- Se resuelve <\/strong><\/p>\n

Finalmente, cabe hacer una breve menci\u00f3n respecto de los argumentos esgrimidos por la recurrente respecto de la gratuidad del acceso a la justicia para las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero. En tal sentido, se ha dicho que tal derecho previsto en la ley 26.485 implica dos cuestiones: la primera es la liberaci\u00f3n del pago de cualquier tasa o sellado para el ingreso al sistema judicial, y la segunda es la gratuidad del patrocinio.<\/p>\n

En cuanto al primer aspecto, el decreto reglamentario 1011\/2010 estableci\u00f3: \u201cLa gratuidad del tr\u00e1mite implica que todas las actuaciones quedar\u00e1n eximidas del pago de sellados, tasas, dep\u00f3sitos o cualquier otro impuesto y\/o arancel que pudieren cobrar las entidades receptoras\u201d.<\/p>\n

El segundo, refiere al derecho que tiene la v\u00edctima a contar con un sistema de patrocinio gratuito especializado en la materia, pero ello no importa la eximici\u00f3n del pago de las costas en caso de acceder a un abogado particular (Medina, Graciela y Yuba Gabriela, obra citada, p\u00e1g. 175\/176).<\/p>\n

En consecuencia, corresponde revocar el decisorio apelado en todo lo que fue motivo de recurso y agravios e imponer las costas de C\u00e1mara por su orden, atento la falta de contradicci\u00f3n (conf. arts. 68, 69, C.P.C.C.).<\/p>\n

POR ELLO, se revoca la sentencia de fecha 9 de agosto de 2024 en lo que fue materia de recurso y agravio y se imponen las costas de la instancia anterior al denunciado y las de C\u00e1mara por su orden. Reg\u00edstrese. Notif\u00edquese en los t\u00e9rminos del art. 10 del Ac. 4013\/21, texto seg\u00fan Ac. 4039\/21, SCBA. devu\u00e9lvase. Dr. Leandro A. Banegas. Dr. Hugo A. Rondina Juez.<\/p>\n

\u00a0<\/strong>IV.- A modo de conclusi\u00f3n <\/strong><\/p>\n

La relaci\u00f3n desigual de poder en un contexto de violencia se refiere a una din\u00e1mica en la que una persona (el agresor) ejerce control y dominio sobre otra (la v\u00edctima), utilizando su posici\u00f3n de fuerza, autoridad o influencia para imponer su voluntad y mantener a la persona en una situaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n y dependencia.<\/p>\n

Esta relaci\u00f3n desigual puede manifestarse mediante diferentes formas de violencia, como por ejemplo el uso de la fuerza f\u00edsica para causar da\u00f1o o miedo, manteniendo el control y limitando la capacidad de actuar libremente (violencia f\u00edsica)<\/strong>.<\/p>\n

La manipulaci\u00f3n emocional, amenazas, intimidaci\u00f3n, humillaci\u00f3n, disminuyendo la autoestima y confianza de la v\u00edctima, haciendo que sienta que no tiene valor ni capacidad para tomar decisiones por s\u00ed misma (psicol\u00f3gica).<\/strong><\/p>\n

Mediante el control de los recursos financieros, privando el acceso al dinero y bienes necesarios para vivir, saboteando las oportunidades laborales, haci\u00e9ndola econ\u00f3micamente dependiente (econ\u00f3mica).<\/strong><\/p>\n

La utilizaci\u00f3n de estereotipos y roles de g\u00e9nero para justificar y mantener la desigualdad, perpetuando la idea de que uno de los g\u00e9neros es superior al otro (simb\u00f3lica),<\/strong> siendo estos solo algunos de los tipos y modalidades.<\/p>\n

La Ley 26.485 en Argentina define la violencia contra las mujeres en funci\u00f3n de esta relaci\u00f3n desigual de poder, estableciendo medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en todas sus formas. Esta ley reconoce que la violencia de g\u00e9nero no es solo un problema privado, sino una cuesti\u00f3n de derechos humanos que afecta la vida, la libertad, la dignidad y la seguridad personal de las mujeres.<\/p>\n

La relaci\u00f3n desigual de poder es una construcci\u00f3n sociocultural que se sostiene a trav\u00e9s de normas y pr\u00e1cticas que perpet\u00faan la dominaci\u00f3n y la subordinaci\u00f3n.<\/p>\n

En el caso analizado, la Sra. B.C.J.L. denunci\u00f3 repetidamente violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica, patrimonial, econ\u00f3mica y simb\u00f3lica<\/strong> por parte de su expareja, el Sr. C.R.C. La serie de denuncias y medidas protectorias dictadas a su favor evidencian una clara situaci\u00f3n de violencia de g\u00e9nero, en la que la v\u00edctima ha tenido que recurrir al sistema judicial para obtener protecci\u00f3n y garantizar sus derechos y los de sus hijos\/as.<\/p>\n

La imposici\u00f3n de las costas al denunciado en este caso se fundamenta en la necesidad de reconocer y sancionar la violencia ejercida por \u00e9l. El incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria perpet\u00faa una relaci\u00f3n desigual de poder, donde la mujer se ve obligada a asumir unilateralmente los costos de cuidado y sustento de sus hijos, violando as\u00ed sus derechos humanos b\u00e1sicos. \u00a0La decisi\u00f3n del tribunal de imponer las costas al denunciado responde a la obligaci\u00f3n de brindar una tutela judicial efectiva y asegurar el acceso a la justicia para las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero, conforme a la Ley 26.485 y tratados internacionales.<\/p>\n

(*)\u00a0<\/strong>Abogada egresada de la UBA.\u00a0https:\/\/blog-ericaperez.blogspot.com\/<\/a>
\n<\/strong>Im\u00e1genes ilustrativas tomadas de la web.<\/p>\n

Referencias:<\/strong><\/p>\n

[1] (Medina, Graciela y Yuba, Gabriela, \u201cProtecci\u00f3n Integral a las Mujeres\u201d, Ley 26.485 comentada, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2021, p\u00e1gs. 134\/135).<\/p>\n

[2] Fuente fallo: https:\/\/www.diariojudicial.com\/news-99545-el-denunciado-le-paga-a-la-abogada<\/a>.<\/p>\n

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\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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