{"id":74410,"date":"2024-11-26T09:56:20","date_gmt":"2024-11-26T12:56:20","guid":{"rendered":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/?p=74410"},"modified":"2024-11-26T09:56:20","modified_gmt":"2024-11-26T12:56:20","slug":"el-laberinto-de-la-desinformacion-en-el-sistema-penal-y-las-violencias-de-genero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/el-laberinto-de-la-desinformacion-en-el-sistema-penal-y-las-violencias-de-genero\/","title":{"rendered":"El laberinto de la desinformaci\u00f3n en el sistema penal y las violencias de g\u00e9nero"},"content":{"rendered":"

Introducci\u00f3n
\n<\/strong>(Descargar en portada)<\/p>\n

\"El<\/a>
El laberinto de la desinformaci\u00f3n en el sistema penal<\/figcaption><\/figure>\n

El 23 de abril de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n (en adelante, CSJN) dict\u00f3 el fallo \u201cG\u00f3ngora\u201d Seg\u00fan su criterio, la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1, en su art\u00edculo 7, inciso f[1]<\/a> obliga al Estado argentino a garantizar a las v\u00edctimas \u201cprocedimientos legales justos y eficaces\u201d brindando el \u201cacceso efectivo\u201d a un \u201cjuicio oportuno\u201d y, por lo tanto, resolvieron que la instancia del juicio oral es la \u00fanica forma de cumplir con esa responsabilidad.<\/p>\n

Con esa interpretaci\u00f3n, la Corte ha marcado una posici\u00f3n prohibicionista que en principio veda el acceso a otras respuestas para casos en los que medie violencia de g\u00e9nero. Eso, aun cuando la voluntad de las personas victimizadas sea resolver su conflicto de otra manera.<\/p>\n

Tras m\u00e1s de una d\u00e9cada de esa decisi\u00f3n, no se han realizado investigaciones emp\u00edricas que midieran el acatamiento de ese criterio, ni tampoco existe informaci\u00f3n de buena calidad sobre qu\u00e9 respuesta est\u00e1n dando los sistemas de justicia penal a esas violencias. El Estado no se ha preocupado por generar esa informaci\u00f3n.<\/p>\n

En ese sentido, se establece un deber ser de la pol\u00edtica p\u00fablica en la materia, pero luego no se busca corroborar si se cumplen los objetivos propuestos, es decir, si esa prohibici\u00f3n de respuestas diversificadas garantiza adecuadamente los derechos de las v\u00edctimas. Una decisi\u00f3n que nadie sabe efectivamente qu\u00e9 efectos produjo, una apuesta de fe. Pese a ello, la mayor\u00eda de las provincias adopt\u00f3 modelos r\u00edgidos basados en la prohibici\u00f3n, apoyados justamente en este precedente de la Corte.<\/p>\n

El riesgo que toma el Estado al no evaluar ese impacto es ignorar si esta suerte de decisi\u00f3n de pol\u00edtica criminal impuesta por la Corte pueda estar generando efectos incluso contrarios a los deseados. En otras palabras: \u00bfy si, sin quererlo ni saberlo, la \u201cobligaci\u00f3n de ir a juicio\u201d -y la consecuente prohibici\u00f3n de otras respuestas- est\u00e1 siendo un factor que atenta contra la tutela judicial de las v\u00edctimas, en lugar de ampliarla?<\/p>\n

Desde INECIP venimos trabajando con el objetivo de considerar la eficacia de esta pol\u00edtica de prohibici\u00f3n, procurando verificar si cumple con lo que promete. En ese marco, este trabajo es un ejercicio para visibilizar la baja calidad de la informaci\u00f3n sobre las respuestas del sistema de justicia nacional a las violencias de g\u00e9nero con relevancia penal, debido a la falta de registro de datos, su poca sistematizaci\u00f3n y la poca producci\u00f3n de informaci\u00f3n. No obstante, esa mala calidad, intentamos construir alg\u00fan dato exploratorio -por la dificultad de confiar en informaci\u00f3n de tan baja calidad- sobre el efectivo desempe\u00f1o del sistema en esta materia.<\/p>\n

La selecci\u00f3n de este caso como materia de estudio responde, en primer lugar, a que se trata del sistema de justicia sobre el cual la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, \u00f3rgano que dict\u00f3 el fallo \u201cG\u00f3ngora\u201d y lo sostuvo en el tiempo, tiene una mayor influencia, a\u00fan por fuera de sus funciones estrictamente jurisdiccionales, a trav\u00e9s de herramientas institucionales como la Oficina de Violencia Dom\u00e9stica. Adem\u00e1s, aun cuando muchos de estos problemas puedan a primera vista parecer lejanos en jurisdicciones con sistemas adversariales consolidados, lo cierto es que muchas de las pr\u00e1cticas inquisitoriales siguen vigentes a\u00fan en contextos normativamente acusatorios.[2]<\/a><\/p>\n

Para empezar: el sistema de justicia no cuenta con informaci\u00f3n elemental sobre violencias de g\u00e9nero<\/strong><\/p>\n

Producir informaci\u00f3n es una obligaci\u00f3n republicana b\u00e1sica y la ciudadan\u00eda tiene derecho a acceder a ella[3]<\/a> , adem\u00e1s de constituir una de las formas principales en garantizar el derecho a la informaci\u00f3n como un derecho fundamental. De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)[4]<\/a> el acceso a la informaci\u00f3n sobre las violencias de g\u00e9nero presenta problemas espec\u00edficos, como la ausencia de fiscalizaci\u00f3n de los registros, la ausencia de herramientas anal\u00edticas de monitoreo y de seguimiento en el \u00e1mbito judicial.<\/p>\n

En particular, la Ley N \u00ba 26.485, en su art\u00edculo 37, obliga espec\u00edficamente a la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n a implementar \u201cregistros sociodemogr\u00e1ficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta ley, especificando, como m\u00ednimo, edad, estado civil, profesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n de la mujer que padece violencia, as\u00ed como del agresor; v\u00ednculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, as\u00ed como las sanciones impuestas al agresor\u201d y a elaborar \u201cestad\u00edsticas de acceso p\u00fablico que permitan conocer, como m\u00ednimo, las caracter\u00edsticas de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, v\u00ednculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas<\/em>\u201d.<\/p>\n

Dicha herramienta, aunque la ley lleva m\u00e1s de quince a\u00f1os sancionada, no existe. S\u00ed se producen datos estad\u00edsticos a partir del ingreso de casos en la Oficina de Violencia Dom\u00e9stica dependiente de la misma Corte, que parcialmente recupera para la jurisdicci\u00f3n local algunos datos, limitados a la caracterizaci\u00f3n de las consultas recibidas, la cantidad de ingresos y medidas preventivas adoptadas, principalmente, por la Justicia Civil. Ello as\u00ed, pese a que la norma exige el registro de \u201cmedidas adoptadas y sus resultados, as\u00ed como las sanciones impuestas al agresor\u201d, no hay informaci\u00f3n sobre ese desempe\u00f1o de la justicia penal\u2026\u00a0seguir leyendo.<\/a><\/p>\n

\"El
El laberinto de la desinformaci\u00f3n<\/figcaption><\/figure>\n

[1]<\/a> Cap\u00edtulo III. Deberes de los Estados. Art\u00edculo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, pol\u00edticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protecci\u00f3n, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;<\/p>\n

[2]<\/a> Muchos de los problemas se vinculan directamente con la vigencia del sistema procesal \u201cmixto\u201d (o inquisitivo morigerado) que ya fue superado en casi todas las provincias del pa\u00eds y, progresivamente, tambi\u00e9n en la justicia federal.<\/p>\n

[3]<\/a> Constituci\u00f3n Nacional (art\u00edculos 14 y 32), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (art\u00edculos 19 y 20), Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (art\u00edculo 13), Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos (art\u00edculo 19) y Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art\u00edculo 4), entre otros<\/p>\n

[4]<\/a> ILSED (2018), La producci\u00f3n de informaci\u00f3n criminal sobre violencia de g\u00e9nero en Argentina, disponible: http:\/\/ www.ilsed.org\/la-produccion-de-informacion-criminal-sobre-violencia-de-genero-en-argentina-2\/<\/a><\/p>\n

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\nLenny C\u00e1ceres:\u00a0@lennycaceres69<\/a>
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Introducci\u00f3n (Descargar en portada) El 23 de abril de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n (en adelante, CSJN) dict\u00f3 el fallo \u201cG\u00f3ngora\u201d Seg\u00fan su criterio, la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1, en su art\u00edculo 7, inciso f[1] obliga al Estado argentino a garantizar a las v\u00edctimas \u201cprocedimientos legales justos y eficaces\u201d brindando […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":74411,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"iawp_total_views":234,"footnotes":""},"categories":[7,19,627,182,21,592],"tags":[6045,4372,1633,39,7287,16],"class_list":["post-74410","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividades","category-biblioteca","category-genero-y-derechos-humanos","category-informes","category-noticias","category-violencias","tag-desinformacion","tag-destacada","tag-informe","tag-justicia","tag-sistema-penal","tag-violencia-de-genero"],"nelio_content":{"autoShareEndMode":"never","automationSources":{"useCustomSentences":false,"customSentences":[]},"efiAlt":"","efiUrl":"","followers":[7],"highlights":[],"isAutoShareEnabled":true,"networkImageIds":[],"permalinkQueryArgs":[],"series":[],"suggestedReferences":[]},"yoast_head":"\nEl laberinto de la desinformaci\u00f3n en el sistema penal y las violencias de g\u00e9nero - Diario Digital Femenino<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El laberinto de la desinformaci\u00f3n. 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