{"id":72287,"date":"2024-02-23T10:52:33","date_gmt":"2024-02-23T13:52:33","guid":{"rendered":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/?p=72287"},"modified":"2024-02-23T11:03:29","modified_gmt":"2024-02-23T14:03:29","slug":"fallo-sobre-indexacion-de-cuotas-alimentarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/fallo-sobre-indexacion-de-cuotas-alimentarias\/","title":{"rendered":"Fallo sobre indexaci\u00f3n de cuotas alimentarias"},"content":{"rendered":"

La Corte remarc\u00f3 la importancia de preservar el valor adquisitivo de las cuotas alimentarias y revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de C\u00e1mara que eliminaba la actualizaci\u00f3n mediante inflaci\u00f3n. <\/strong>\u201cRecurso de hecho deducido por el demandado en la causa G., S. M. y otro c\/ K., M. E. A. s\/ alimentos\u201d, Buenos Aires, 20 de febrero de 2024.<\/p>\n

Por\u00a0Erica P\u00e9rez<\/a>*
\n<\/strong>para\u00a0Diario Digital Femenino<\/strong><\/a><\/p>\n

Descarga el fallo completo:\u00a0aqu\u00ed<\/strong><\/a><\/p><\/blockquote>\n

I.- Los fundamentos de La C\u00e1mara <\/strong><\/p>\n

La Sala A de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Civil modific\u00f3 parcialmente la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, redujo el importe fijado en concepto de pensi\u00f3n alimentaria de $20.000 a $17.000;<\/strong> y dej\u00f3 sin efecto la actualizaci\u00f3n semestral de su valor.<\/strong><\/p>\n

Considerando que el reajuste autom\u00e1tico de la cuota, con base en el aumento sostenido del costo de vida, vulnera la prohibici\u00f3n legal de indexar deudas<\/strong> y que, pese a no haber sido objeto del recurso, correspond\u00eda a ese tribunal pronunciarse al respecto pues se trata de una norma de orden p\u00fablico (art. 7 y concs., Ley 23.928 de Convertibilidad). Afirm\u00f3 que ello no obsta a que la alimentada reclame el aumento de la cuota por la v\u00eda correspondiente, si \u00e9sta deviene insuficiente.<\/p>\n

II.- El recurso extraordinario <\/strong><\/p>\n

Contra esa decisi\u00f3n, la actora dedujo recurso extraordinario federal, que fue contestado y denegado, lo que dio origen a la queja en estudio.<\/p>\n

En primer lugar, con base en la doctrina de arbitrariedad de sentencias, la recurrente se\u00f1ala que la c\u00e1mara vulner\u00f3 el principio de congruencia y las garant\u00edas de defensa en juicio y debido proceso al dejar sin efecto la orden de actualizaci\u00f3n de la cuota alimentaria, pues ello no hab\u00eda sido motivo de agravio y, por lo tanto, no fue sustanciado ni debatido por las partes.<\/p>\n

Adem\u00e1s, sostiene que el decisorio afecta la prohibici\u00f3n de la reformatio in peius pues empeora la situaci\u00f3n de la ni\u00f1a T.M.K.G.<\/strong>, pese a que no hubo recurso del adversario.<\/p>\n

Agrega que, en todo caso, la c\u00e1mara debi\u00f3 disponer otro mecanismo para asegurar la movilidad de la prestaci\u00f3n <\/strong>y garantizar as\u00ed la supervivencia y desarrollo de T.M.K.G. (art. 6, inciso 2, Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o), por cuanto a ra\u00edz del contexto inflacionario vigente y durante el tiempo que lleve la tramitaci\u00f3n del juicio respectivo, la ni\u00f1a ver\u00e1 limitado el acceso inmediato a derechos b\u00e1sicos como alimentaci\u00f3n, salud y vestimenta.<\/p>\n

Afirma que, adem\u00e1s, la imposici\u00f3n de promover nuevos procesos vulnera los principios de celeridad y econom\u00eda procesal <\/strong>y afecta la paz familiar. Asimismo, sostiene que el pronunciamiento apelado es discriminatorio, en tanto la progenitora deber\u00e1 asumir exclusivamente el aumento del costo de vida de la hija<\/strong> en com\u00fan de las partes, hasta tanto se dicte una nueva sentencia.<\/p>\n

Por otra parte, plantea la inconstitucionalidad de los art\u00edculos 7 y 10 de la ley 23.928, la ley 25.561 y sus pr\u00f3rrogas en tanto imposibilitan el pleno ejercicio de los derechos convencionales de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes (arts. 3; 12, inc. 2; y 40, inc. 2, de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o; art. 75 inc. 22, CN), al impedir que el instituto jur\u00eddico de los alimentos cumpla con el fin de satisfacer las necesidades de T.M K.G, de tres a\u00f1os de edad.<\/p>\n

III.- La demanda de alimentos y su actualizaci\u00f3n semestral <\/strong><\/p>\n

En el caso, S.M.G., en representaci\u00f3n de la hija en com\u00fan de las partes T.M.K.G., promovi\u00f3 demanda por alimentos contra M.E.A.K. y solicit\u00f3 que, al hacer lugar a la pretensi\u00f3n, la sentencia ordenase al progenitor el pago directo del arancel escolar, fijara el monto correspondiente a la cuota alimentaria y estableciera un \u00edndice para su actualizaci\u00f3n.<\/p>\n

El juez de grado hizo lugar<\/strong> a la demanda y conden\u00f3 a M.E.A.K. a abonar la suma de $20.000 m\u00e1s todos los gastos relacionados con la escolaridad de la ni\u00f1a, y dispuso que la cuota alimentaria se actualizar\u00e1 \u201cconforme el costo de vida\u201d, cada seis meses.<\/p>\n

Para esa determinaci\u00f3n, el magistrado tuvo en cuenta, principalmente, los gastos mensuales para la manutenci\u00f3n de la ni\u00f1a presentados por la actora (comprensivo de los importes detallados en concepto de habitaci\u00f3n, subsistencia, vestuario, asistencia m\u00e9dica, movilidad, etc.), los cuales ascend\u00edan junto con la cuota del colegio, en noviembre de 2017, a $42.000.<\/p>\n

La decisi\u00f3n fue apelada por el demandado,<\/strong> quien, en lo esencial, se agravi\u00f3 por la valoraci\u00f3n que el magistrado hizo respecto de la prueba producida en esos autos, el modo en que se distribuy\u00f3 la carga alimentaria entre ambos progenitores, el monto de la prestaci\u00f3n y el momento a partir del cual esta deb\u00eda abonarse.<\/p>\n

Finalmente, la c\u00e1mara del fuero modific\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida, y redujo el importe de la cuota mensual a $17.000.<\/strong> Adem\u00e1s, dej\u00f3 sin efecto su actualizaci\u00f3n semestral con sustento en que esa pauta viola la prohibici\u00f3n de indexar deudas prevista por la ley 23.928, cuya aplicaci\u00f3n estim\u00f3 obligatoria para los jueces por tratarse de normativa de orden p\u00fablico.<\/p>\n

IV.- La situaci\u00f3n de especial vulnerabilidad de la ni\u00f1a,<\/strong> el derecho a la tutela judicial efectiva y los principios de celeridad y econom\u00eda procesal<\/strong><\/p>\n

La sentencia recurrida, al eludir el an\u00e1lisis relativo a la aplicaci\u00f3n de un mecanismo destinado a preservar en el tiempo el valor adquisitivo de la cuota alimentaria fijada, sin que ello importe una actualizaci\u00f3n monetaria, indexaci\u00f3n por precios, variaci\u00f3n de costos o repotenciaci\u00f3n de deudas en los t\u00e9rminos de la citada ley 23.928, omiti\u00f3 brindar suficiente respuesta al planteo de la actora <\/strong>\u2014quien as\u00ed lo hab\u00eda solicitado en el escrito de inicio\u2014 y adopt\u00f3 una interpretaci\u00f3n de las normas civiles en juego que desatiende su finalidad y afecta los derechos fundamentales de la ni\u00f1a T.M.K.G. involucrados en el caso.[1]<\/p>\n

Al respecto, en funci\u00f3n del contexto inflacionario imperante en nuestro pa\u00eds, durante los \u00faltimos a\u00f1os se ha procurado en convenios y sentencias la conservaci\u00f3n del valor real de la cuota de alimentos. Es que, como consecuencia de la p\u00e9rdida del valor adquisitivo del peso, es razonable prever que las sumas nominales pactadas o fijadas judicialmente, por plazo indeterminado, resultar\u00e1n prontamente insuficientes para atender las necesidades del alimentado debido a las sucesivas alzas de precios en los bienes y servicios.<\/p>\n

En efecto, el nivel general del I.P.C., representativo del total de hogares del pa\u00eds, registr\u00f3 en septiembre de 2019 una variaci\u00f3n de 53,5% con relaci\u00f3n al mismo mes del a\u00f1o anterior fecha en la que fue dictado el fallo de primera instancia y acumula, al mes de enero de 2020 otra suba de 13,6%.[2]<\/p>\n

En el presente caso, el tribunal de alzada no ponder\u00f3 que al dejar sin efecto la actualizaci\u00f3n semestral<\/strong> conforme el costo de vida, sin fijar un mecanismo alternativo, disminu\u00eda al ritmo del proceso inflacionario el valor econ\u00f3mico de la prestaci\u00f3n alimentaria.<\/strong> De ese modo, el tribunal abstray\u00e9ndose de la situaci\u00f3n macroecon\u00f3mica del pa\u00eds, juzg\u00f3 la depreciaci\u00f3n monetaria como un hecho incierto, forzando a la actora a iniciar peri\u00f3dicamente nuevos incidentes y a probar, en cada caso, que la prestaci\u00f3n devino insuficiente.<\/p>\n

\"Fallo
Fallo sobre indexaci\u00f3n de cuotas alimentarias. Captura de pantalla Canal 9<\/figcaption><\/figure>\n

En tales condiciones, resulta arbitraria la decisi\u00f3n<\/strong> pues sostuvo la prohibici\u00f3n de indexaci\u00f3n de la ley 23.928 sin explorar remedios alternativos adecuados<\/strong> a la situaci\u00f3n de especial vulnerabilidad de la ni\u00f1a, dirigidos a preservar en el tiempo la significaci\u00f3n econ\u00f3mica de la condena alimentaria.<\/p>\n

Por otra parte, exigir a la alimentada la tramitaci\u00f3n peri\u00f3dica de nuevos procesos judiciales para obtener el aumento de la cuota cada vez que se deprecie su valor vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y los principios de celeridad y econom\u00eda procesal <\/strong>que deben gobernar los procesos que conciernen a la protecci\u00f3n de los derechos de personas menores de edad.[3]<\/p>\n

Ello es as\u00ed en el supuesto de autos, pues el proceso incidental regulado por la norma civil adjetiva para el tr\u00e1mite de una petici\u00f3n de aumento, disminuci\u00f3n, cesaci\u00f3n o coparticipaci\u00f3n en los alimentos, que se tramita en la misma causa por expedientes separados, admite producci\u00f3n de prueba y se resuelve mediante una sentencia interlocutoria recurrible en apelaci\u00f3n [4], s\u00f3lo tiene sentido ante un cambio de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica o de ingresos del deudor o del beneficiario, pero no es la v\u00eda id\u00f3nea para preservar la integridad de la cuota alimentaria frente a los efectos degradantes de la inflaci\u00f3n.<\/p>\n

En este supuesto, reitero, corresponde al tribunal, en resguardo de los derechos fundamentales en juego, establecer de antemano, dentro del \u00e1mbito autorizado por la ley, un mecanismo efectivo para conservar el valor econ\u00f3mico de la obligaci\u00f3n.<\/p>\n

Por lo expuesto,<\/strong> corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver los autos al tribunal de origen, a sus efectos.<\/p>\n

V.- A modo de conclusi\u00f3n: <\/strong>El caso analizado, visibiliza la necesidad de que las cuotas alimentarias sean actualizadas en el tiempo, recurriendo a herramientas que permitan que las mismas no pierdan su valor adquisitivo. Entre las que contamos con el nuevo \u00edndice de Crianza, el cual permite su actualizaci\u00f3n constante, incluyendo los costos de cuidados y de bienes y servicios, como par\u00e1metros.<\/p>\n

Los principios de celeridad en el proceso y econom\u00eda procesal son relevantes para evitar la apertura de incidentes sobre una misma pretensi\u00f3n. Considerando que mientras se resuelve el aumento, una de las partes debe asumir de forma unilateral los costos de cuidado y crianza. Garantizando una cuota alimentaria acorde al m\u00e1ximo bienestar de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes.<\/p>\n

(*)\u00a0<\/strong>Abogada egresada de la UBA.\u00a0https:\/\/blog-ericaperez.blogspot.com\/<\/a><\/p>\n

Referencias: <\/strong><\/p>\n

[1] <\/strong>(arts. 3, 6, inciso 2, y 27, Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o; art. 19, Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; arts. 3, 7, 8 y 29 de la Ley 26.061 de Protecci\u00f3n Integral de los Derechos de las Ni\u00f1as, Ni\u00f1os y Adolescentes; Fallos: 328:4013, \u201cF., L.\u201d, considerandos 11\u00b0 y 12\u00b0).<\/p>\n

[2] <\/strong>(informes t\u00e9cnicos respecto del \u00cdndice de precios al consumidor, publicados peri\u00f3dicamente por el INDEC y disponibles en: https:\/\/www.indec.gob.ar\/indec\/web\/Nivel4-Tema-3-5-31<\/a>).<\/p>\n

[3] <\/strong>(arts. 3 y 27, Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o; arts. 8, 19 y 25, Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; art. 706, C\u00f3digo Civil y Comercial y art. 34, inc. 5, ap. V, C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial; Fallos: 338:477, \u201cE., M. D.\u201d; Corte IDH, caso \u201cForner\u00f3n e hija vs. Argentina\u201d, sentencia del 27 de abril de 2012, p\u00e1rr. 51; y caso \u201cFurl\u00e1n y familiares vs. Argentina\u201d, sentencia del 31 de agosto de 2012, p\u00e1rr. 127).<\/p>\n

[4]<\/strong> (arts. 175, 181, 182, 183, 184, 242 y 650, C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial de la Naci\u00f3n)<\/p>\n

Recurso de queja interpuesto,Tribunal de origen: Sala A de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil no 82.<\/p>\n

 <\/p>\n

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\n@lennycaceres69<\/a><\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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