Por\u00a0Erica P\u00e9rez<\/a>* Descarga el fallo completo:\u00a0aqu\u00ed<\/strong><\/a><\/p><\/blockquote>\n I.- Resumen <\/strong><\/p>\n Que notificado el embargo dispuesto en autos sobre los haberes del demandado Sr. P. Se realiza intimaci\u00f3n ordenando que deber\u00e1 depositar mensualmente en la cuenta alimentaria, la suma equivalente al 39,12 % del salario m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, dicho dep\u00f3sito deber\u00e1 efectuarlo dentro de los tres d\u00edas de retenidas las sumas. Todo ello, bajo apercibimiento de:<\/strong><\/p>\n Luego de ser notificada dicha resoluci\u00f3n, se denuncia un nuevo incumplimiento del pago de la cuota alimentaria, en tanto el empleador ha incumplido la obligaci\u00f3n de depositar las sumas embargadas, en la cuenta judicial de autos.<\/p>\n II.- La responsabilidad solidaria Art. 551. La perpetuaci\u00f3n de la violencia econ\u00f3mica y patrimonial<\/strong><\/p>\n Que el art. 551 del CC y C ha venido a llenar un vac\u00edo sobre la responsabilidad espec\u00edfica del agente de retenci\u00f3n. Desde una mirada abstracta la conducta del empleador ha sido de incumplimiento a una manda judicial, lo que genera la atribuci\u00f3n de la responsabilidad solidaria-en este caso del pago de la cuota alimentaria-. Desde una mirada en clave de las ni\u00f1eces dicha conducta ha vulnerado derechos fundamentales de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, por lo que se deben otorgar las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea afectiva, se adopten las medidas que mejor se adapten a cada condici\u00f3n de vulnerabilidad, y se prevenga la reiteraci\u00f3n de conductas como la de autos.<\/p>\n Y por su parte, la conducta desplegada contribuye a la perpetuaci\u00f3n de la violencia econ\u00f3mica y patrimonial<\/strong> (Conf. Ley 26.485) dirigida a perjudicar los recursos econ\u00f3micos o patrimoniales de la mujer a trav\u00e9s de distintas v\u00edas, entre ellas el retaceo de los recursos econ\u00f3micos destinados a satisfacer sus necesidades o privaci\u00f3n de los medios indispensables para vivir una vida digna o la limitaci\u00f3n o control de sus ingresos. (Art. 5 inc. 4 ap. C) Ley 26.485), siendo entendi\u00e9ndose como un modo de ejercicio de violencia econ\u00f3mica la no satisfacci\u00f3n de las necesidades econ\u00f3micas de los hijos que conviven con la madre, en este caso no solo por su progenitor sino adem\u00e1s por su empleador. <\/strong><\/p>\n III.- Se deben desafiar y desmantelar las estructuras de poder y privilegios masculinas<\/strong><\/p>\n No puede dejar de desconocerse el contexto social en el cual se emite la presente resoluci\u00f3n. En tal sentido resulta necesario evocar el \u201cInforme 2022 sobre Incumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria en la Provincia de Buenos Aires \u2013 un problema estructural que profundiza las desigualdades de g\u00e9nero\u201d elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Pol\u00edticas de G\u00e9nero y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. El documento pone en agenda una tem\u00e1tica que afecta a un gran n\u00famero de mujeres de nuestra provincia y da cuenta de una situaci\u00f3n estructural que tiene consecuencias econ\u00f3micas como la feminizaci\u00f3n y la infantilizaci\u00f3n de la pobreza.<\/p>\n Que la materia de la presente causa debe tener especial consideraci\u00f3n, por lo que la orden judicial de retener ha de ser cumplida pero asimismo se debe garantizar que dicha conducta negligente o dolosa no se vuelva reiterar<\/strong>, toda vez que est\u00e1n en juego derechos fundamentales, como lo son el pago de una cuota alimentaria que comprende la cobertura de las necesidades b\u00e1sicas de un ni\u00f1o\/adolescente que hacen al desarrollo de este como persona, por lo que la omisi\u00f3n de dichas obligaciones provocan innecesarios padecimientos debiendo prevalecer el \u201cinter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u201d como pauta hermen\u00e9utica constitucional y principio rector para los derechos en pugna.<\/p>\n Ahora bien, el hecho de aplicar una sanci\u00f3n econ\u00f3mica no aborda de manera integral la actitud del empleador encuadrable dentro de la denominada violencia econ\u00f3mica quien debi\u00f3 cumplir una orden judicial cuyo fin \u00faltimo era garantizar el acceso a las necesidades de R. M. P., por lo que se hace necesario adem\u00e1s evaluar otro tipo de medidas preventivas,<\/strong> en ese sentido Kaufman\u00a0 propone que para poner fin al ejercicio de violencia por parte de los hombres no s\u00f3lo se debe empoderar a la mujer, sino que se deben desafiar y desmantelar las estructuras de poder y privilegios masculinas <\/strong>que pondr\u00e1n fin al impl\u00edcito permiso de uso de violencia que llevan consigo. Redefinir la masculinidad desmantelando las estructuras ps\u00edquicas y sociales de g\u00e9nero, trabajando a los ni\u00f1os y hombres con emociones y sentimientos como la compasi\u00f3n, el amor y el respeto. Involucrarnos para reestructurar su rol dentro de la familia y en la sociedad, entre otras.<\/p>\n IV.- El mandato preventivo. La asistencia al programa de Dispositivo de Abordaje para Varones que ejercen Violencia<\/strong><\/p>\n Para ello existen modelos de tratamiento de hombres que ejercen violencia que comienzan a aparecer y que buscan un lugar dentro de las pol\u00edticas p\u00fablicas para abordaje de la violencia de g\u00e9nero.<\/p>\n Atento lo expuesto, considerando la naturaleza asistencial de la obligaci\u00f3n \u2013alimentos a favor de los hijos-, a fin que lo oportunamente resuelto en relaci\u00f3n a los alimentos resulte eficaz, garantiz\u00e1ndose de esta manera el acceso a la tutela judicial efectiva, prevista expresamente en el art. 8.1 de la Convenci\u00f3n interamericana de Derechos Humanos, cuya violaci\u00f3n puede dar lugar a la responsabilidad internacional del estado, [1] en el que se ha dicho que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisi\u00f3n o sentencia. Se requiere adem\u00e1s, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas, <\/strong>corresponde imponerle al Sr. F. G. I., DNI N\u00b0, presidente de la empresa xx S.A, empleadora de E.D. P., la asistencia al programa de Dispositivo de Abordaje para Varones que ejercen Violencia, que exista en la ciudad de Olavarr\u00eda.<\/p>\n Ello habida cuenta el principio de la debida diligencia por el cual la se impone la obligaci\u00f3n al poder judicial que represento, de actuar ante un caso de violencia de g\u00e9nero en un sentido amplio, comprensivo no s\u00f3lo de una pronta investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de los hechos acaecidos, sino adem\u00e1s el de prevenir estas pr\u00e1cticas degradantes.[2] <\/strong><\/p>\n Ello en miras de prevenir la repetici\u00f3n de hechos como el acontecido. Mientras las eventuales multas, astreintes o medidas de agresi\u00f3n netamente patrimoniales puedan eventualmente ser reparatorias para las v\u00edctimas o familiares de las consecuencias da\u00f1osas, la realizaci\u00f3n de este tipo de cursos tienen como fundamento el construir en el sujeto que ejerce violencia \u2013 en este caso econ\u00f3mica – nuevas pautas de comunicaci\u00f3n y desempe\u00f1o en sociedad que erradiquen todo tipo de conductas agresivas o violentas. Esta es una de las pautas de prevenci\u00f3n esenciales en manos del poder judicial que tiende a garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia.<\/p>\n As\u00ed tambi\u00e9n en nuestro orden normativo interno, nos encontramos con lo dispuesto por el Art. 1711 ss y cc del CCyC, – \u00a0el mandato preventivo<\/strong> – por el cual los magistrados pueden en nombre de la jurisdicci\u00f3n civil preventiva emitir \u00f3rdenes judiciales (aun respecto de terceros ajenos al proceso civil respectivo) cuando la sustanciaci\u00f3n de un proceso le ha dado la oportunidad de tomar conocimiento de que es probable que un da\u00f1o ya acaecido se repita (o agrave) en detrimento de sujetos identificados o no\u201d.[3] \u00a0Y tal circunstancia se materializar\u00e1 respecto del presente grupo familiar y de las futuras v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero, en tanto tal como se reflejara en la presente resoluci\u00f3n, la conducta del empleador reacio a la retenci\u00f3n de los haberes no se da en un contexto aislado, sino que se da en marco pr\u00e1cticamente end\u00e9mico, y se pretende evitar que ante situaciones similares el empleador vuelva a comportarse de la misma manera.<\/strong><\/p>\n POR ELLO, RESUELVO:<\/strong> 1) Imponer a la empresa \u2026. S.A una multa de un (1) jus diario (hoy $13.865) por cada d\u00eda de incumplimiento de la retenci\u00f3n de haberes respecto de los ingresos de E. D. P.<\/p>\n 2) Ordenar el embargo de los activos financieros de la empresa \u2026. S.A<\/strong> (empleador del alimentante) por la suma mensual de la cuota alimentaria denunciada como incumplida. (Art. 551 del CCyC).<\/p>\n 3) Se hace saber al Sr. F. G. Iza, DNI N\u00b0 \u2026, presidente de la empresa \u2026 S.A que deber\u00e1 concurrir a las entrevistas previstas para la admisi\u00f3n al dispositivo de abordaje para Varones que ejercen Violencia, que exista en la ciudad de Olavarr\u00eda<\/strong> y con posterioridad, en caso de ser admitido, deber\u00e1 participar de la totalidad de los encuentros semanales previstos. La presente disposici\u00f3n se dicta bajo apercibimiento de las sanciones previstas en el Art. 7 bis de la Ley 12569, para casos de incumplimiento<\/strong>.<\/p>\n Y en caso de no concurrir de manera voluntaria a la entrevista de admisi\u00f3n, ser\u00e1 conducido a la misma por la fuerza p\u00fablica. La falta de cumplimiento con el espacio ser\u00e1 considerado como desobediencia a la presente resoluci\u00f3n judicial (Art. 239 del C\u00f3digo Penal).<\/p>\n <\/p>\n V.- A modo de conclusi\u00f3n:<\/strong><\/p>\n Retener la cuota alimentaria por parte del empleador, es una orden judicial que debe ser cumplida. Imponiendo sanciones en el caso de no ser as\u00ed, debiendo el juez adoptar medidas preventivas ante los futuros incumplimientos. Por ello adem\u00e1s de medidas como astreintes (multas), embargos financieros, decide ordenar la asistencia a dispositivos por parte del incumplidor asegurando de esta forma la no repetici\u00f3n de los actos, como mandato preventivo.<\/p>\n (*)\u00a0<\/strong>Abogada egresada de la UBA.\u00a0https:\/\/blog-ericaperez.blogspot.com\/<\/a><\/p>\n Referencias Bibliogr\u00e1ficas<\/strong><\/p>\n [1] en virtud del precedente \u00abBaena, Ricardo y otros vs. Panam\u00e1. Competencia, del 28-11-2003.<\/p>\n [2] (CIDH, Jessica Lenaban (Gonzalez) y otros. Caso 12.626. Informe 80\/11 del 21\/07\/2011, p\u00e1rr. 131), en tanto el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia (Art. 6 de la Convenci\u00f3n de Belem do Par\u00e1 y CEDAW); y el derecho al acceso a la protecci\u00f3n judicial consagrado en el art. 25 de la Convenci\u00f3n Americana (CIDH \u00abAcceso a la justicia para las mujeres v\u00edctimas de violencia en las Am\u00e9ricas\u00bb 20\/01\/2007, P\u00e1rr. 56; Ley 26485 y Arts. 1711 ss y cc del CCyC ).<\/p>\n [3] (Peyrano, Jorge W. \u201cLa acci\u00f3n preventiva en el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n\u201d. 1ra. Ed. revisada. Rubinzal Culzoni. Santa Fe. 2016. p. 82.)<\/p>\n <\/p>\n Seguinos en Instagram:\u00a0@diariodigitalfemenino_<\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fallo: Sanciones a un empleador por no retener la cuota alimentaria, deber\u00e1 asistir al Dispositivo de Abordaje para Varones que ejercen Violencia A., C. L. C\/ P., E. D. 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