{"id":64529,"date":"2022-05-20T10:25:26","date_gmt":"2022-05-20T13:25:26","guid":{"rendered":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/?p=64529"},"modified":"2022-05-20T10:25:26","modified_gmt":"2022-05-20T13:25:26","slug":"fallo-derecho-a-un-juicio-por-la-determinacion-de-la-verdad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/fallo-derecho-a-un-juicio-por-la-determinacion-de-la-verdad\/","title":{"rendered":"Fallo: derecho a un juicio por la determinaci\u00f3n de la verdad"},"content":{"rendered":"

Fallo: derecho a un juicio. La justicia habilit\u00f3 a quien sufri\u00f3 violencia sexual durante la infancia, a acceder a un juicio por la determinaci\u00f3n de la verdad. \u201cR., M. s\/ recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la particular damnificada\u00bb.<\/strong> La Plata, Sala III del Tribunal de Casaci\u00f3n Penal. Causa N\u00ba110.332<\/p>\n

Por\u00a0Erica P\u00e9rez<\/a>*<\/p>\n

I.-Antecedentes:<\/strong><\/p>\n

La Sala I de la C\u00e1mara de Apelaci\u00f3n y Garant\u00edas en lo Penal de Lomas de Zamora revoc\u00f3 los puntos \u201cII\u201d y \u201cIII\u201d<\/strong> del auto del Juzgado de Garant\u00edas N\u00b08<\/strong> del mismo Departamento Judicial, que hab\u00eda resuelto declarar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, en orden al delito de abuso sexual agravado (punto \u201cI\u201d), hacer efectivo el cumplimiento del proceso por la verdad (punto \u201cII\u201d) y garantizar el derecho a la verdad, habilitando la instancia jurisdiccional (punto \u201cIII\u201d).<\/p>\n

II.- Contra dicho pronunciamiento, la particular damnificada interpuso recurso de casaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

En su presentaci\u00f3n, dice agraviarse de la decisi\u00f3n que impugna, en tanto impide la realizaci\u00f3n del juicio para que la v\u00edctima \u00abpueda acceder a la determinaci\u00f3n de los hechos que denuncia y se prosigan los tr\u00e1mites procesales correspondientes a los efectos de averiguar la verdad\u00bb, lo que configura un agravio de imposible o muy dificultosa reparaci\u00f3n ulterior. Puntualmente, peticiona que pueda realizarse un juicio por la verdad, tras el cual se podr\u00e1 absolver al imputado\u00a0 o declararlo \u00abpenalmente responsable\u00bb. Acude al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o (ni\u00f1as) y a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de explicar que, lejos de pretender la creaci\u00f3n pretoriana de un supuesto de imprescriptibilidad, su objetivo es propiciar soluciones m\u00e1s justas para las v\u00edctimas de violencia sexual en la infancia.<\/p>\n

\"Fallo:
Fallo: derecho a un juicio por la determinaci\u00f3n de la verdad<\/figcaption><\/figure>\n

III.- Posteriormente se presenta ante el Tribunal el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, mediante la figura de \u201camicus curiae\u201d.<\/strong><\/p>\n

En su escrito manifiesta que el inter\u00e9s p\u00fablico de esta causa radica en la inobservancia de pactos internacionales y su consecuente responsabilidad que esta circunstancia podr\u00eda acarrear al Estado ya que lo debatido resulta de inter\u00e9s para la comunidad y su incidencia radica en la resoluci\u00f3n que puedan tener casos similares.<\/p>\n

Sostiene que la v\u00edctima tiene el derecho a conocer la verdad hist\u00f3rica de los reiterados hechos de violencia sexual, pues ello tiene un efecto reparador para ella, ya que la condici\u00f3n de ni\u00f1a o ni\u00f1o que padeci\u00f3 violencia sexual necesita el reconocimiento del Estado, constituyendo, el juicio por la verdad, una forma de reparaci\u00f3n para la misma. Concluye en que la violencia sexual contra ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes configura una grave violaci\u00f3n a los derechos humanos, por lo que el Estado Argentino debe investigar el caso para que la v\u00edctima obtenga tutela judicial efectiva, ya que una interpretaci\u00f3n contraria podr\u00eda generar responsabilidad ante los organismos internacionales.<\/p>\n

IV.- El voto del magistrado V\u00edctor Horacio Violini,\u00a0 quien vot\u00f3 en primer t\u00e9rmino, sostuvo: <\/strong><\/p>\n

I.-<\/strong>Si bien el recurso de casaci\u00f3n es inadmisible y debe rechazarse cuando la resoluci\u00f3n atacada no se encuentra comprendida en el elenco del art\u00edculo 450 del C\u00f3digo Procesal Penal, <\/strong>corresponde hacer excepci\u00f3n cuando media cuesti\u00f3n federal, como en el presente caso, que habilita la apertura de la instancia casatoria, pues como se denuncia, la decisi\u00f3n en crisis no es un acto jurisdiccional v\u00e1lido, toda vez que la misma resulta arbitraria y violatoria de garant\u00edas de rango superior<\/strong>, al haberse parcializado la motivaci\u00f3n y omitir la respuesta a cuestiones esenciales planteadas por la parte.<\/p>\n

Al momento de su primera resoluci\u00f3n, el Magistrado de Garant\u00edas relev\u00f3 el contenido de la denuncia y la prueba testimonial recabada, como asimismo, constat\u00f3 que el hecho imputado hab\u00eda ocurrido unos veinticinco a\u00f1os atr\u00e1s.<\/strong><\/p>\n

Sopes\u00f3 entonces la aparente prevalencia del derecho interno por sobre los tratados internacionales, y analiz\u00f3 las modificaciones legislativas en materia de prescripci\u00f3n respecto de los delitos sexuales (ley 27206).<\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que aunque evidentemente tales reformas (que favorecieron la posici\u00f3n de las v\u00edctimas) no resultan aplicables al caso de autos, s\u00ed inciden en la decisi\u00f3n la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (en relaci\u00f3n con su inter\u00e9s superior) y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (en punto a la tutela judicial efectiva), que ya ostentaban jerarqu\u00eda constitucional al momento de comisi\u00f3n de los hechos aqu\u00ed denunciados, con lo que en rigor, el tema se reduce a una cuesti\u00f3n de \u00abestricta justicia\u00bb.<\/p>\n

A su entender, el derecho a la tutela judicial efectiva no se agota en la posibilidad de ejercer la acci\u00f3n penal y concretar la imposici\u00f3n de pena, sino que debe armonizarse con otros principios, especialmente respecto de los sujetos especialmente vulnerables, y por ello, la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal no cancela, per se, el derecho de la v\u00edctima a que su verdad sea discutida p\u00fablicamente.<\/p>\n

Considera especialmente que el conocimiento de la verdad hist\u00f3rica posee un efecto reparador para la v\u00edctima,<\/strong> y que el proceso que lo favorece tendr\u00e1 las mismas etapas que el proceso ordinario, incluida la instancia de debate, con la particularidad de que ante un eventual veredicto de culpabilidad, no se podr\u00e1 aplicar pena.<\/p>\n

De la documentaci\u00f3n acompa\u00f1ada al recurso surge que apelada oportunamente esta decisi\u00f3n, la Alzada revoc\u00f3 lo decidido y devolvi\u00f3 jurisdicci\u00f3n, por lo que el Juez de Garant\u00edas se pronunci\u00f3 en una segunda oportunidad, manteniendo su decisi\u00f3n originaria. Apelada esta resoluci\u00f3n, y en lo que aqu\u00ed interesa, la Sala II de la C\u00e1mara de Apelaci\u00f3n y Garant\u00edas en lo Penal de Lomas de Zamora, como se dijo, s\u00f3lo confirm\u00f3 la declaraci\u00f3n de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n, revocando el resto de los puntos del pronunciamiento.<\/p>\n

II.-<\/strong>\u00a0 Como puede observarse de la lectura del punto anterior, la impugnante hab\u00eda llevado ante la Alzada un planteo espec\u00edfico por el que, reconociendo extinguida la acci\u00f3n penal, peticionaba la posibilidad de llevar de todos modos la causa a juicio.<\/p>\n

Tal planteo fue resuelto en forma negativa por el \u201ca quo\u201d mediante la afirmaci\u00f3n de que dicha posibilidad no se encuentra prevista legalmente, pero soslayando que en caso se encontraban \u2013y se encuentran- en pugna dos bloques de derechos de raigambre constitucional, pertenecientes a las partes en conflicto: por un lado el relativo a la irretroactividad de la ley penal (y sus correlacionados principios de legalidad y garant\u00eda de plazo razonable), y por el otro el derecho de la v\u00edctima de acceso a la justicia y reparaci\u00f3n del da\u00f1o.<\/p>\n

As\u00ed las cosas, la soluci\u00f3n m\u00e1s evidente (y que he venido sosteniendo en los casos en que las partes discut\u00edan pura y exclusivamente si la acci\u00f3n penal se encontraba o no prescripta), parecer\u00eda llevar al rechazo de la acci\u00f3n intentada, dando preeminencia a las garant\u00edas del imputado en virtud de la prohibici\u00f3n constitucional de la aplicaci\u00f3n retroactiva de la ley cuando le resulta m\u00e1s perjudicial.<\/p>\n

Empero, el acotado \u00e1mbito en el que se desenvuelve esta sentencia, esto es, el relativo a los abusos sexuales perpetrados pura y exclusivamente contra menores de edad en el per\u00edodo anterior a la sanci\u00f3n de las leyes 26705 y\u00a0 27206, plantea un delicado dilema de equidad, toda vez que de todos modos, a la fecha de comisi\u00f3n del hecho se encontraba vigente la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o.<\/strong><\/p>\n

En este punto, observo que la ausencia de reglamentaci\u00f3n de dicha normativa de rango constitucional no depende ni es responsabilidad del imputado o la v\u00edctima, sino del Estado,<\/strong> por lo que tal ausencia no puede resolverse en contra de los intereses de las partes; dicha conclusi\u00f3n lleva, nuevamente, al mismo dilema, esto es, al antagonismo entre los derechos que amparan al imputado y los que amparan -en este caso- a las v\u00edctimas especialmente vulnerables, como lo son los menores de edad.<\/p>\n

En el presente caso, que el delito se dice cometido dentro del \u00e1mbito intrafamiliar y por parte de un pariente muy pr\u00f3ximo, las posibilidades de la damnificada de denunciar lo sucedido se encontraban fuertemente limitadas: de hecho, s\u00f3lo pudo hablar con su madre (cu\u00f1ada del agresor) tras a\u00f1os de terapia psicol\u00f3gica, y luego de la muerte de la esposa del denunciado (a la saz\u00f3n, t\u00eda de la ni\u00f1a), lo que denota, en el mejor de los casos, el desconocimiento del n\u00facleo familiar de lo que estaba ocurriendo.<\/p>\n

Empero, si ello es as\u00ed, el cuadro de situaci\u00f3n es sumamente delicado: un ni\u00f1a de menos de diez a\u00f1os de edad, que resulta presuntamente abusada dentro del seno familiar, en un contexto en el que nadie percibi\u00f3 dichas acciones, por lo que l\u00f3gicamente, nadie pudo acudir en su auxilio o en su defensa,<\/strong> y l\u00f3gicamente tambi\u00e9n, no era esperable que la ni\u00f1a pudiera defenderse o accionar por s\u00ed sola (de hecho, ni siquiera le era posible escapar de la agresi\u00f3n).<\/p>\n

En definitiva, en mi opini\u00f3n, situaciones como la descripta suponen la existencia de una v\u00edctima especialmente vulnerable<\/strong> que se encontraba en una absoluta imposibilidad de defenderse o de ser defendida por terceros, y con ello, evidentemente, tampoco pudo ejercer a tiempo ninguno de los derechos que la ley le otorga (ni pod\u00eda ejercerlos personalmente), y este es el dilema que en esencia se presenta, pues como sostiene la Alzada, la soluci\u00f3n que se peticiona no est\u00e1 expresamente contemplada en el ordenamiento jur\u00eddico, pero lo cierto es que tampoco se encuentra expresamente prohibida.<\/p>\n

De hecho, la normativa supranacional parecer\u00eda indicar precisamente lo contrario, permitiendo soluciones como la adoptada en primera instancia.<\/p>\n

En esta situaci\u00f3n, considero que resolver el conflicto tra\u00eddo a conocimiento de la Sala acudiendo simplemente a la normativa del C\u00f3digo Penal implica aceptar que la acci\u00f3n se prescribi\u00f3 y paralelamente, que la v\u00edctima nunca tuvo la posibilidad de acceder a la justicia;<\/strong> ello s\u00f3lo con base en una mera cuesti\u00f3n legal, pues no median aqu\u00ed supuestos de inoperancia del Estado en la investigaci\u00f3n, aunque s\u00ed es responsabilidad del Estado que la Convenci\u00f3n no haya sido reglamentada en tiempo oportuno, pues ello priv\u00f3 a las potenciales v\u00edctimas (hasta el a\u00f1o 2015, con la sanci\u00f3n de la ley 27206), de acceder a la justicia (tal como por lo dem\u00e1s, lo reconoce la propia exposici\u00f3n de motivos de la ley mencionada), por lo que vale recordar aqu\u00ed siendo la normativa antes citada, en esencia, tratados internacionales con rango constitucional, la parte, es decir, el Estado, no puede \u00bb invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado\u00bb (Convenci\u00f3n de Viena sobre Derecho de los Tratados\u00bb, art\u00edculo 27).<\/p>\n

En consecuencia, y dado que no es la primera vez que el Poder Judicial debe enfrentarse a una situaci\u00f3n no contemplada (pero tampoco prohibida) por la ley (pi\u00e9nsese por ejemplo, en la creaci\u00f3n del instituto del amparo), el conflicto debe resolverse en la forma m\u00e1s equitativa posible.<\/p>\n

Puntualmente, y en relaci\u00f3n con el instituto del amparo, recuerdo que al resolver la causa \u201cSiri\u201d<\/strong>, \u00c1ngel (el 27 de diciembre de 1957), la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n explic\u00f3 que cuando una garant\u00eda constitucional ha sido desatendida, es funci\u00f3n de los jueces restablecerla, \u201csin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente: las garant\u00edas individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constituci\u00f3n e independientemente de las leyes reglamentarias\u201d.<\/p>\n

Una soluci\u00f3n que armonice los derechos de ambas partes supone ratificar que no es posible derogar la prescripci\u00f3n o hacer caso omiso de la verificada en autos, y ello garantiza al imputado que no ser\u00e1 penado porque la acci\u00f3n se encuentra extinguida; por otro lado, aunque no pueda perseguir la imposici\u00f3n de una pena, se debe garantizar a la v\u00edctima su acceso a la justicia a efectos de poder determinar la veracidad – o no- de su imputaci\u00f3n, obteniendo de este modo una reparaci\u00f3n moral y p\u00fablica.<\/p>\n

Evidentemente, implementar una soluci\u00f3n de tal naturaleza importa que ninguno de los derechos involucrados quede completamente satisfecho, claro, porque el imputado se ver\u00e1 sometido a proceso y, para el caso de ser hallado culpable, la damnificada no podr\u00e1 ejercer plenamente la acci\u00f3n penal, mediante la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n. Pero en este juego de derechos, la equidad impone otorgar a la v\u00edctima el acceso a la justicia que siempre le fue negado, y obtener, aunque m\u00e1s no sea, un pronunciamiento que defina la cuesti\u00f3n.<\/p>\n

Por supuesto, siempre debe ponderarse, como inclusive lo acepta la recurrente, que en caso de adoptarse la soluci\u00f3n propuesta en primera instancia, el desarrollo del proceso culmine con un pronunciamiento absolutorio, pero ello no puede erigirse como impedimento para que la presunta v\u00edctima acceda a la justicia y ejerza su derecho a instar la acci\u00f3n penal.<\/p>\n

La soluci\u00f3n propuesta, por lo dem\u00e1s, no es novedosa ni original de mi parte; sin aludir a la etiqueta de \u00abjuicio por la verdad\u00bb, la misma soluci\u00f3n que aqu\u00ed se pretende ya fue aceptada por la Sala 3 de la C\u00e1mara Nacional de Casaci\u00f3n en lo Criminal y Correccional, al disponer la \u00abhabilitaci\u00f3n\u00bb de quienes se presentaban como v\u00edctimas en un caso de abuso sexual cometido por un particular, a fin de que pudieran \u00abacceder en este proceso a la determinaci\u00f3n de la verdad de los hechos que denuncian\u00bb (causa CCC 38644\/2015\/CNC1, caratulada \u201cFunicelli, Norberto s\/ violaci\u00f3n de menor de 12 a\u00f1os\u201d,<\/strong> Registro 1643\/2018, resuelta el 18 de diciembre de 2018).<\/p>\n

En funci\u00f3n de estas breves consideraciones, entonces, encuentro que el auto impugnado se ha limitado a explicitar la evoluci\u00f3n legislativa respecto de la prescripci\u00f3n en los casos de abuso sexual infantil y las razones por las que el precedente \u00abFunes\u00bb que se invoca no resultar\u00eda aplicable al caso, pero no ha efectuado el debido an\u00e1lisis de convencionalidad ni de las particulares circunstancias del presente, tal como lo requer\u00eda expresamente la parte recurrente, extremo que me obliga a concluir que la resoluci\u00f3n carece de porciones esenciales de la motivaci\u00f3n que debi\u00f3 contener, y que en consecuencia la privan de validez <\/strong>(art\u00edculos 168 de la Constituci\u00f3n Provincial; 106 del rito).<\/p>\n

En consecuencia, propongo al Acuerdo declarar procedente el recurso intentado<\/strong>, sin costas; casar la resoluci\u00f3n impugnada y estar a lo decidido por el Titular del Juzgado de Garant\u00edas N\u00ba 8 de Lomas de Zamora (art\u00edculos 18 de la Constituci\u00f3n Nacional; 168 de la Constituci\u00f3n Provincial; 106, 448, 450, 451, 453, 465, 530 y 531 del C\u00f3digo Procesal Penal). AS\u00cd LO VOTO.<\/p>\n

A la primera cuesti\u00f3n planteada, el se\u00f1or juez doctor Carral adhiri\u00f3 al voto de Violini y el Dr.\u00a0 Borinsky vot\u00f3 en negativa.<\/strong><\/p>\n

Adelanto que he de adherir al voto del doctor Violini por compartir sus fundamentos. Sobre el particular, ya en oportunidad de expedirme en la causa N\u00b0 97344, caratulada \u201cRUVITUSO, OMAR LUIS S\/ RECURSO DE CASACI\u00d3N\u201d, resuelta el 26 de diciembre de 2019, a modo de obiter dictum se\u00f1al\u00e9, a la par que rechazaba la posibilidad de aplicar retroactivamente la reforma de las leyes 26705 y 27206, que el reconocimiento del derecho a la verdad en caso de afectaci\u00f3n de bienes personal\u00edsimos encontraba receptaci\u00f3n, bajo ciertos presupuestos, en la doctrina de nuestra Corte Federal.<\/p>\n

En la causa a la que aludo se\u00f1ale: \u201cPara concluir, ya por fuera de los l\u00edmites del recurso, he de se\u00f1alar que no se me escapan las caracter\u00edsticas y ribetes que rodearon los hechos denunciados, as\u00ed como las consecuencias personales y limitaciones que pudo haber enfrentado la v\u00edctima, es por ello que entiendo que, sin que esto implique emitir opini\u00f3n, puede resultar necesario que se eval\u00fae si las circunstancias de los sucesos bajo examen son en alg\u00fan punto asimilables a los antecedentes donde nuestra Corte Federal, siguiendo en esto el dictamen de la Procuraci\u00f3n General, sostuvo la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal pero al mismo tiempo se\u00f1al\u00f3 que no se pod\u00eda desatender la obligaci\u00f3n del Estado de \u2018asegurar el derecho a conocer la verdad de los hechos\u2019. (CSJN, \u201cFunes\u201d, causa F.294.XLVII, rta. 14-10-2014), cauce que en su caso deber\u00eda tramitar por acci\u00f3n independiente\u201d.<\/p>\n

Las razones que se esgrimen en el voto del doctor Violini me persuaden de que la estructura convencional de nuestro Bloque Constitucional Federal nos obliga como Estado, a garantizar en casos como el que nos ocupa, ese acceso a la justicia a los fines de aproximarse a la verdad de lo acontecido, m\u00e1s all\u00e1 de la legitimaci\u00f3n del Poder punitivo para su persecuci\u00f3n formal. AS\u00cd LO VOTO.<\/p>\n

A la segunda cuesti\u00f3n planteada, el doctor Violini dijo:<\/strong><\/p>\n

Tal como ha quedado resuelta la cuesti\u00f3n precedente, corresponde declarar procedente el recurso intentado, sin costas; casar la resoluci\u00f3n impugnada y estar a lo decidido por el Titular del Juzgado de Garant\u00edas N\u00ba 8 de Lomas de Zamora (art\u00edculos 18 de la Constituci\u00f3n Nacional; 168 de la Constituci\u00f3n Provincial; 106, 448, 450, 451, 453, 465, 530 y 531 del C\u00f3digo Procesal Penal). AS\u00cd LO VOTO.<\/p>\n

A la segunda cuesti\u00f3n planteada, los se\u00f1ores jueces doctores\u00a0 Borinsky y Carral dijeron: <\/strong><\/p>\n

Que vota en igual sentido que el doctor Violini.<\/p>\n

V.- SENTENCIA I.-<\/strong> DECLARAR PROCEDENTE el recurso intentado, sin costas. II.- <\/strong>CASAR la resoluci\u00f3n impugnada y estar a lo decidido por el Titular del Juzgado de Garant\u00edas N\u00ba 8 de Lomas de Zamora. <\/strong>Rigen los art\u00edculos 18 de la Constituci\u00f3n Nacional; 448, 450, 451, 452, 453, 465, 530 y 531 del C\u00f3digo Procesal Penal. Reg\u00edstrese electr\u00f3nicamente, notif\u00edquese y oportunamente, rad\u00edquese en el \u00f3rgano de origen.<\/p>\n

VI.- Conclusi\u00f3n:<\/strong><\/p>\n

En el fallo analizado, se entiende que aunque las reformas de las leyes 26705 y\u00a0 27206,<\/strong> no resultan aplicables, s\u00ed inciden en la decisi\u00f3n la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o<\/strong> (en relaci\u00f3n con su inter\u00e9s superior) y la\u00a0Convenci\u00f3n\u00a0Americana sobre Derechos Humanos<\/b> (en punto a la tutela judicial efectiva), que ya ostentaban jerarqu\u00eda constitucional al momento de comisi\u00f3n de los hechos aqu\u00ed denunciados. Se observa adem\u00e1s que la ausencia de reglamentaci\u00f3n de dicha normativa de rango constitucional no depende ni es responsabilidad del imputado o la v\u00edctima, sino del Estado y considera que el conocimiento de la verdad hist\u00f3rica posee un efecto reparador.<\/strong><\/p>\n

Debido a que los hechos sucedieron dentro del \u00e1mbito intrafamiliar<\/strong> y por parte de un pariente, las posibilidades de denunciar lo sucedido se encontraban fuertemente limitadas. Situaciones como la descripta suponen la existencia de una v\u00edctima especialmente vulnerable<\/strong> que se encuentra en una absoluta imposibilidad de defenderse o de ser defendida por terceros, y con ello, evidentemente, tampoco pueden ejercer a tiempo ninguno de los derechos que la ley le otorga. Por ende la resoluci\u00f3n abarca lo que decidi\u00f3 el Juzgado de Garant\u00edas N\u00b08<\/strong>, que hab\u00eda resuelto declarar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, en orden al delito de abuso sexual agravado (punto \u201cI\u201d), hacer efectivo el cumplimiento del proceso por la verdad (punto \u201cII\u201d) y garantizar el derecho a la verdad, habilitando la instancia jurisdiccional (punto \u201cIII\u201d).<\/p>\n

En Argentina la normativa al respecto tuvo modificaciones favorables como la entrada en vigencia en 2011, de la \u00abley Piazza\u00bb 26.705,<\/strong> la cual estableci\u00f3 que el delito de abuso sexual infantil comienza a prescribir a partir de que la v\u00edctima cumple 18 a\u00f1os. En esta misma l\u00ednea, en 2015<\/strong>, se realiz\u00f3 la modificaci\u00f3n a la Ley 27.206<\/strong>, \u00abRespeto a los tiempos de las v\u00edctimas\u00bb, por la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual en la infancia.<\/p>\n

En 2017, se promulg\u00f3 la Ley 27.352<\/strong>, que modifica el art\u00edculo 119 del c\u00f3digo penal <\/strong>con una tipificaci\u00f3n de abuso sexual con el objetivo de precisar las acciones que implican el delito de violencia sexual y, de esa manera, acotar la interpretaci\u00f3n de los jueces. Tambi\u00e9n en 2018, la Ley 27.455<\/strong>[1] determin\u00f3 los delitos de violencia sexual en la infancia como delitos de instancia p\u00fablica.[2]<\/p>\n

Pese a las modificaciones hay un grupo vulnerable que permanece por fuera de la protecci\u00f3n espec\u00edfica de las leyes antes mencionadas, ya que la acci\u00f3n para condenar penalmente a su agresor prescribi\u00f3. Pero en cambio la jurisprudencia ha asentado su derecho a realizar un juicio para conocer la verdad sobre los hechos, que tiene entre sus fundamentos la superioridad de los tratados internacionales por sobre la normativa interna. Ya que subsiste el derecho de las v\u00edctimas a la determinaci\u00f3n de la verdad, en tanto esto puede asegurarse sin violentar las garant\u00edas del imputado sometido al proceso.<\/p>\n

Referencias bibliogr\u00e1ficas<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong>[1] <\/strong>https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/ley-27-455-el-abuso-sexual-en-la-infancia-ya-es-delito-de-instancia-publica\/<\/strong><\/a><\/p>\n

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