Por Erica P\u00e9rez<\/a>*<\/p>\n I- Resumen de los hechos: <\/strong><\/p>\n En 2008, una ni\u00f1a de 2 a\u00f1os de edad, fue abusada sexualmente por una persona de maestranza en la escuela a la que asist\u00eda. En sede civil se determin\u00f3 que la instituci\u00f3n educativa deb\u00eda indemnizarla por los da\u00f1os y perjuicios ocasionados. Posteriormente, la escuela se present\u00f3 a concurso preventivo de acreedores. En dicho marco, los padres de la ni\u00f1a solicitaron al juez comercial que se otorgara al cr\u00e9dito de la menor el car\u00e1cter de \u201cprivilegio aut\u00f3nomo\u201d. Al resolver la cuesti\u00f3n, el magistrado s\u00f3lo declar\u00f3 verificado el cr\u00e9dito con car\u00e1cter quirografario, es decir, sin preferencia para el cobro. En ese sentido sostuvo que no cab\u00eda otorgarle un privilegio en el cobro del cr\u00e9dito. Los padres de la v\u00edctima apelaron, al entender que la sentencia de grado no consider\u00f3 los convenios internacionales que protegen a las mujeres v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero.<\/p>\n II- Los recursos de apelaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n Los acreedores<\/strong>, cuestionaron concretamente, la desestimaci\u00f3n de la inconstitucionalidad del r\u00e9gimen de privilegios solicitada y la afectaci\u00f3n econ\u00f3mica que comporta para la indemnizaci\u00f3n acordada jurisdiccionalmente en sede civil, la suspensi\u00f3n de los intereses prevista por el art. 19 LCQ. B\u00e1sicamente criticaron que se hubiera pasado por alto que las afecciones de K.M. hallaban causa en un hecho aberrante como lo es el abuso sexual, el cual exig\u00eda una protecci\u00f3n espec\u00edfica como la que brinda la \u201cConvenci\u00f3n Bel\u00e9m do Par\u00e1<\/a>\u201d. Expresaron que el art. 7 inc. \u201cg\u201d de aquel instrumento internacional estipula que las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero tienen derecho a acceder a una indemnizaci\u00f3n justa y los Estados el deber de garantizarla<\/strong>, lo que no ocurr\u00eda con la sentencia en crisis que, al negar el privilegio requerido, la licuaba de manera considerable. Al efecto, ponderaron el precedente posterior del M\u00e1ximo Tribunal in re: \u201cInstitutos M\u00e9dicos Ant\u00e1rtida s\/quiebra s\/inc. de verificaci\u00f3n por R.A.F y L.R.H. de. F\u201cdel 26\/3\/2019<\/strong> en el que se pronunci\u00f3 la inconstitucionalidad del r\u00e9gimen de privilegios estatuido por la ley 24.522. Alegaron que asimilar el cr\u00e9dito proveniente de la indemnizaci\u00f3n por un abuso sexual a una menor con el de un acreedor comercial resultaba un proceder re\u00f1ido con la interpretaci\u00f3n exigida por el art. 1 CCyCN de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarqu\u00eda constitucional, lo cual compromet\u00eda la responsabilidad internacional del Estado Argentino.<\/p>\n Finalmente, denunciaron que exist\u00edan cautelados fondos suficientes para cancelar la totalidad del cr\u00e9dito reclamado, sus intereses y costas, lo que permit\u00eda sostener que asignar un cobro preferente no importar\u00eda una afectaci\u00f3n econ\u00f3mica para Fundaci\u00f3n Educar, sino que a la vez pon\u00eda en descubierto el abuso que significa el empleo del concurso preventivo como un medio manifiesto para procurar evadir su responsabilidad en el hecho y obtener la licuaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n acordada por sentencia firme en sede civil.<\/p>\n Sobre tales bases, solicitaron la revocaci\u00f3n del fallo para que se le otorgue a la acreencia de K.M. el car\u00e1cter de \u201cprivilegiado\u201d con \u201cpago preferente\u201d y se ordene el inmediato pago de su cr\u00e9dito insinuado, manteniendo el cobro de los intereses hasta su efectivo pago.<\/p>\n El recurso del Ministerio P\u00fablico Fiscal <\/strong><\/p>\n Propici\u00f3 la revocaci\u00f3n del temperamento asumido en el grado al implicar un menoscabo en los derechos de la menor involucrada, protegidos por el vasto plexo normativo nacional e internacional rese\u00f1ado. Consider\u00f3 que la sentencia era arbitraria por carecer de perspectiva de g\u00e9nero, prescindir de una mirada integral, constitucional y convencional y colisionar con normas de orden p\u00fablico interno. Entendi\u00f3 que deb\u00eda declararse la inconvencionalidad del sistema de privilegios de la LCQ para otorgar al cr\u00e9dito de la menor el car\u00e1cter de privilegio aut\u00f3nomo y de preferente pago por la totalidad del monto insinuado con intereses hasta el efectivo pago. Adhiri\u00f3 a los reproches efectuados por los padres de la menor y entendi\u00f3 que la decisi\u00f3n apelada privaba a la menor de una justa reparaci\u00f3n de los da\u00f1os sufridos, violando los derechos personal\u00edsimos a la vida, la dignidad y la salud.<\/p>\n III- Los hechos relevantes que informan el caso.\u00a0 <\/strong><\/p>\n Fundaci\u00f3n Educar solicit\u00f3 la formaci\u00f3n de su concurso preventivo el 3\/11\/2016 habi\u00e9ndose dispuesto su apertura por decisorio del 17\/11\/2016. La concursada refiri\u00f3 ser titular de dos establecimientos educativos. Concluy\u00f3, que el incremento de los alquileres, la quita del subsidio estatal a su establecimiento ubicado en Capital Federal y las medidas dispuestas en dos juicios llevaron a la fundaci\u00f3n a entrar en cesaci\u00f3n de pagos.<\/p>\n \u00a0<\/strong>All\u00ed se reconoci\u00f3 la indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios ocasionados con motivo del abuso sexual sufrido por la menor K.M. en el a\u00f1o 2008. Tal pronunciamiento definitivo tuvo lugar el 1\/7\/2020, lo que motiv\u00f3 la reedici\u00f3n de la solicitud de verificaci\u00f3n conforme las pautas all\u00ed brindadas de la siguiente manera: $22.744.766,18, en concepto de capital, intereses y da\u00f1os punitivos a favor de la menor K.M., $4.036.405,34 en concepto de da\u00f1os punitivos, capital e intereses a favor de su padre C.H.A y $4.725.027,55 a favor de su madre A.B.P. en concepto de capital e intereses.<\/p>\n Aparece imprescindible destacar que el abordaje de cualquier conflicto jur\u00eddico no puede prescindir del an\u00e1lisis y eventual incidencia que la Constituci\u00f3n Nacional<\/a> y los Tratados Internacionales proyectan en el derecho interno del caso. La idea de supremac\u00eda constitucional contenida en el art. 31 CN y, principalmente, los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad (art. 75:22\u00b0 CN) configuran la base fundamental de un \u00absistema de fuentes\u00bb en el ordenamiento jur\u00eddico argentino, que compele indefectiblemente a integrar el sistema para interpretar y aplicar el derecho junto a los principios y valores jur\u00eddicos integrados al C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n (arg. arts. 1\u00b0 y 2\u00b0 CCyCN).<\/p>\n Adicionalmente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es categ\u00f3rica en cuanto a la obligaci\u00f3n de formular el llamado \u201ccontrol de convencionalidad\u201d (caso: \u201cAlmonacid Arellano vs. Chile\u201d sentencia del 26\/9\/2006)<\/strong>, incluso de oficio (caso: \u201cTrabajadores Cesados del Congreso -Aguado Alfaro- vs. Per\u00fa\u201d<\/strong> sentencia del 24\/11\/2006)<\/strong>. Ya sea un control de convencionalidad paralelo o integrado al control de constitucionalidad, lo cierto es que lo decidido por la CIDH debe ser acatado por los tribunales nacionales, pues los Estados Partes no pueden invocar un fundamento jur\u00eddico nacional (normativo o jurisprudencial) para incumplir las obligaciones que surgen de la convencionalidad a la que han adherido (cfr. Horacio Rosatti, El C\u00f3digo Civil y Comercial desde el Derecho Constitucional, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, p\u00e1g. 69). <\/strong><\/p>\n Desde tal comprensi\u00f3n integral, el conflicto tra\u00eddo a estudio<\/strong> no merece ser abordado exclusivamente con la regulaci\u00f3n espec\u00edfica de la ley de concursos<\/strong> y quiebras sino que resulta inexcusable la ocurrencia a las pautas provistas por los instrumentos de protecci\u00f3n internacional de los derechos humanos que amparan a las ni\u00f1as v\u00edctimas de abuso desde un doble orden tuitivo: en cuanto ni\u00f1as y mujeres <\/strong>(Fallos 343:354)<\/strong>. Ha sido juzgado que el abuso sexual infantil no debe ser examinado solo a partir del corpus iuris internacional de protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as sino tambi\u00e9n a la luz de los instrumentos internacionales de violencia contra la mujer (CIDH, \u201cV.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua\u201d sent. del 8\/3\/18,https:\/\/www.corteidh.or.cr\/docs\/casos\/articulos\/resumen_350_esp.p df)<\/strong>.<\/p>\n Por lo tanto y sin descartar la operatividad que pudieran proyectar el \u201cPacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos\u201d, \u201cPacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales\u201d, y la \u201cConvenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos\u201d; habr\u00e1 de recalarse principalmente en la \u201cConvenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o\u201d (aprobada por la Argentina a trav\u00e9s de la Ley 23.849), la \u201cConvenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer\u201d y su Protocolo Facultativo y la \u201cConvenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer- Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1 de 1994). Tambi\u00e9n convergen las normas de derecho interno, tales como la Ley 26.061 de \u201cProtecci\u00f3n Integral de los derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u201d y la Ley 26.485 de \u201cProtecci\u00f3n integral a las mujeres\u201d. Cabe asumir que la decisi\u00f3n que se adopte en la especie debe garantizar la efectividad de los derechos en juego, con la prevalencia y m\u00e1xima exigibilidad que las normas transcriptas prev\u00e9n a su respecto. Dicho de otro modo, cabr\u00e1 definir en el caso concreto la especial protecci\u00f3n deferida a K.M. como ni\u00f1a, v\u00edctima de violencia de g\u00e9nero, en relaci\u00f3n al tratamiento de su cr\u00e9dito en el presente proceso concursal. <\/strong><\/p>\n IV-\u00a0 La soluci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n \u00a0El privilegio aut\u00f3nomo pretendido<\/strong><\/p>\n La tem\u00e1tica relativa a la posibilidad de conferir un privilegio a una acreencia con apoyatura en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos fue abordada por la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n en sendos precedentes:\u00a0 \u00abAsociaci\u00f3n Francesa Filantr\u00f3pica y de Beneficencia s\/quiebra s\/incidente de verificaci\u00f3n de cr\u00e9dito por L. A. R. y otros\u00bb del 6\/11\/2018 (Fallos 341:1511) e \u00abInstitutos M\u00e9dicos Ant\u00e1rtida s\/quiebra s\/incidente de verificaci\u00f3n (R. A. F. y L. R. H. de F.)\u00bbdel 26\/03\/2019 (Fallos 342:459)<\/strong>.<\/p>\n Enti\u00e9ndase bien, la cuesti\u00f3n relativa a los privilegios cobra m\u00e1ximo protagonismo en un escenario falimentario donde se hace imperioso asignar criterios para la distribuci\u00f3n de la escasez. Pero ello no necesariamente ocurre en contextos concursales como los de la especie, donde para conjugar los intereses implicados puede ocurrirse a otras soluciones que no exigen poner en crisis el sistema de privilegios previsto por la LCQ. A ello nos abocaremos seguidamente.<\/p>\n –\u00a0 La causa de la acreencia y su implicancia. <\/strong><\/p>\n La indemnizaci\u00f3n acordada jurisdiccionalmente a K.M. con motivo de los hechos ya descriptos, tiene innegable finalidad reparatoria de las \u201cconsecuencias de la violaci\u00f3n de los derechos personal\u00edsimos de la v\u00edctima, de su integridad personal, su salud psicof\u00edsica, sus afecciones espirituales leg\u00edtimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida\u201d <\/strong>(art. 1738 CCyCN)<\/strong>. A su vez, ha de entend\u00e9rsela plena (art. 1740 CCyCN)<\/strong> en la medida que alcance el est\u00e1ndar de una tutela efectiva de la v\u00edctima frente al da\u00f1o injustamente sufrido y, particularmente, en lo que ata\u00f1e a la cuant\u00eda de la reparaci\u00f3n, represente una extensi\u00f3n congruente con la entidad del perjuicio acreditado. Aquel especial miramiento frente a una situaci\u00f3n de mayor vulnerabilidad, como lo es el concurso preventivo de quien debe responder econ\u00f3micamente por el hecho del que fue v\u00edctima K.M., exige una comprensi\u00f3n acorde, enderezada a respetar la mayor protecci\u00f3n acordada. Se trata, ni m\u00e1s ni menos de propugnar un tratamiento diferenciado basado en tutelas jur\u00eddicas diferenciadas. Pretender que aun trat\u00e1ndose de un sujeto preferentemente tutelado, la \u201csituaci\u00f3n concursal\u201d pueda imponer su igualaci\u00f3n con el resto de los acreedores, implica una conclusi\u00f3n reprobable y err\u00f3nea en la comprensi\u00f3n global que exige el caso<\/strong>.<\/p>\n V.- La inoponibilidad de los efectos concursales respecto de K.M. en raz\u00f3n de la intangibilidad de su acreencia.<\/strong><\/p>\n Surge pr\u00edstino que el sometimiento de la acreencia de la menor a las pautas regulatorias del concurso preventivo provoca una licuaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n acordada en sede civil, que resulta intolerable en tanto conlleva una trasmutaci\u00f3n de su intr\u00ednseca naturaleza reparatoria.<\/p>\n Claramente ha quedado demostrado que el sometimiento de K.M. a las reglas concursales impacta disvaliosamente sobre su acreencia, de ah\u00ed que a juicio de los firmantes corresponda su calificaci\u00f3n como \u201cintangible\u201d: soluci\u00f3n posible tanto por quien resulta su beneficiaria como por su origen indemnizatorio, elementos \u00e9stos ambos que imponen el acatamiento a ultranza del principio de reparaci\u00f3n plena e integral. Si se aceptara que el cr\u00e9dito de K.M. se redujera por efecto de normado en los arts. 19 y 55 LCQ quedar\u00eda totalmente desdibujada la especial, mayor, prioritaria y efectiva tutela deferida a las ni\u00f1as v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero que consagran los instrumentos internacionales y las leyes internas ya referido<\/strong>.<\/p>\n Adem\u00e1s de provocarse la revictimizaci\u00f3n de K.M., todo a expensas de un criterio interpretativo que no satisface ni conforma aquellos mandatos que deben primar en el an\u00e1lisis jur\u00eddico cuando involucra t\u00f3picos tan sensibles como la de la especie.<\/p>\n En este cauce, el Comit\u00e9 para la Eliminaci\u00f3n de la Discriminaci\u00f3n contra la mujer recomienda que: \u201cLos Estados Partes adopten todas las medidas jur\u00eddicas y de otra \u00edndole que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas: i) medidas jur\u00eddicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e indemnizaci\u00f3n para protegerlas contra todo tipo de violencia, hasta la violencia y los malos tratos en la familia, la violencia sexual y el hostigamiento en el lugar de trabajo\u201d (CEDAW, La violencia contra la mujer, recomendaci\u00f3n general N\u00ba 19 ,11\u00ba per\u00edodo de sesiones, 1992, punto 24, t). A la par que agrega que: \u201clos Estados tambi\u00e9n pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la debida diligencia para impedir la violaci\u00f3n de los derechos o\u00a0 para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnizaci\u00f3n a las v\u00edctimas\u201d <\/strong>(punto 9). <\/strong><\/p>\n Es oportuno recordar que la ley 26.061 consagra en sus primeros dos art\u00edculos que los derechos all\u00ed reconocidos est\u00e1n asegurados en su m\u00e1xima exigibilidad, siendo de orden p\u00fablico, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.<\/p>\n De este modo y con sustento en los principios y valores que fluyen de los convenciones internacionales que integran nuestro bloque de constitucionalidad ya rese\u00f1adas precedentemente, junto a las espec\u00edficas previsiones de orden p\u00fablico que surgen de las leyes 26.061 y 26.485, este Tribunal se encuentra habilitado para decretar oficiosamente la inoponibilidad de los efectos concursales exclusivamente respecto de la acreencia de la menor K.M. Esto implica que el presente proceso, si bien v\u00e1lido para el resto de los acreedores concurrentes, exhibir\u00e1 una ineficacia relativa respecto de K.M, quien mantendr\u00e1 sus derechos y\/o su situaci\u00f3n legal como si el concurso preventivo no existiera a su respecto (v. mutatis mutandi, CNCom. Sala C, 28\/9\/2009, \u201cV.M.J. s\/concurso preventiv<\/strong>o\u201d, cita: La Ley AR\/JUR\/41217\/2009). <\/strong><\/p>\n Como corolario de las conclusiones hasta aqu\u00ed expuestas y en la medida que la menor K.M. se encuentra habilitada por este Tribunal a percibir \u00edntegramente la indemnizaci\u00f3n acordada por el fallo de la Sala \u201cM\u201d de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Civil en el expediente n\u00b0 35421\/2014, habr\u00e1 de condicionarse el levantamiento del embargo de las cuentas judiciales aqu\u00ed informadas al hecho previo de tal cobro el cual podr\u00e1 efectivizarse -a elecci\u00f3n de la acreedora- en cualquiera de las especies (d\u00f3lares o pesos). Para el caso de optarse por la percepci\u00f3n de su cr\u00e9dito en d\u00f3lares estadounidenses, la conversi\u00f3n a moneda nacional habr\u00e1 de efectuarse con la adici\u00f3n del 30% del impuesto PAIS, art. 35 Ley 27.541 (conf. esta Sala F, 23\/3\/2021, \u201cNanders SA s\/quiebra s\/incid. de revisi\u00f3n de cr\u00e9dito de Carlini, Humberto Enrique y ots.\u201dExpte. COM N\u00b0 13727\/2010\/12).<\/strong><\/p>\n Por las consideraciones expuestas, se resuelve: modificar el pronunciamiento apelado con los alcances concretos aqu\u00ed sentados, con el cometido de declarar el cr\u00e9dito de K.M. de car\u00e1cter intangible e inoponibles los efectos concursales a su respecto, orden\u00e1ndose su pago \u00edntegro en los t\u00e9rminos explicitados y una vez acaecido dicho extremo, disponer el desembargo de las cuentas judiciales requerido por la concursada. <\/strong><\/p>\n Las costas en ambas instancias se distribuir\u00e1n en el orden causado, atento la originalidad de la cuesti\u00f3n planteada (art. 68:2 CPCC). Notif\u00edquese a las partes, a la Sra. Fiscal General y a la Defensora de Menores de C\u00e1mara (Ley N\u00b0 26.685, Ac. CSJN N\u00b0 31\/2011 art. 1\u00b0 y N\u00b0 3\/2015), c\u00famplase con la protocolizaci\u00f3n y publicaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n (cfr. Ley N\u00b0 26.856, art. 1; Ac. CSJN N\u00b0 15\/13, N\u00b0 24\/13 y N\u00b0 6\/14) y devu\u00e9lvase a la instancia de grado. Alejandra N. Tevez (con las consideraciones que siguen) Ernesto Lucchelli (con discrepancia parcial) Rafael F. Barreiro (en disidencia parcial)<\/p>\n VI.- Conclusiones:<\/strong><\/p>\n En conclusi\u00f3n, juzgar con perspectiva de g\u00e9nero constituye una herramienta fundamental para comprender las relaciones establecidas por los patrones socioculturales que imponen la desigualdad entre hombres y mujeres. Permite a los jueces analizar la realidad a la hora de valorar los hechos, conductas, siendo incorporada de manera transversal a todas las ramas del derecho.<\/p>\n Como refiere Graciela Medina, \u201cNo basta contar con legislaciones Supranacionales, Nacionales y Provinciales de \u00faltima generaci\u00f3n si a la hora de aplicarlas se ignora la perspectiva de g\u00e9nero y se sustancia el proceso con id\u00e9nticos mecanismos procesales que cualquier proceso y se lo juzga olvidando la cuesti\u00f3n del g\u00e9nero y su problem\u00e1tica que es en definitiva la que da origen al conflicto. [2]<\/p>\n En el fallo analizado \u00a0donde la afectaci\u00f3n se da sobre derechos personal\u00edsimos de la v\u00edctima, su integridad personal, su salud psicof\u00edsica, sus afecciones espirituales leg\u00edtimas, es necesario que el Estado y sus representantes garanticen que se produzca la reparaci\u00f3n integral y plena, establecida tanto en el CCCN como en la convenci\u00f3n \u201cBel\u00e9m do Par\u00e1\u201d que alude a los mecanismos necesarios para garantizar los derechos de las mujeres. Utilizando adem\u00e1s como gu\u00eda la \u201cConvenci\u00f3n de los derechos del ni\u00f1o\u201d teniendo en cuenta \u201cel inter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u201d que implica prioridad cuando sus derechos colisionan con los intereses de los adultos, de las personas jur\u00eddicas o privadas (art 5).<\/p>\n Respecto de la reparaci\u00f3n del da\u00f1o moral, en cuestiones de violencia, podemos analizar si es posible una reparaci\u00f3n integral en concepto de da\u00f1os y perjuicios, sobre la violencia sufrida. \u00a0Es que, cuando el Art\u00edculo 1740 CCCN desarrolla el concepto de reparaci\u00f3n, indica expresamente que \u00e9sta debe ser \u201cplena\u201d, agregando que debe contemplar \u201cla restituci\u00f3n de la situaci\u00f3n del damnificado al estado anterior al hecho da\u00f1oso, sea por el pago en dinero o en especie\u201d. Este concepto adecuado al \u00e1mbito civil podr\u00eda, seg\u00fan par\u00e1metros, proporcionar el monto para reparar el evento da\u00f1oso; nada m\u00e1s alejado de la realidad de la v\u00edctima que vivir\u00e1 con las secuelas permanentemente.<\/p>\n La indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o no suele resultar integral, por no coincidir el da\u00f1o \u201creal\u201d con el \u201cjur\u00eddico\u201d. Si bien es cierto que literalmente \u201cel dolor no tiene precio\u201d, la v\u00edctima que ha sufrido una minoraci\u00f3n en su subjetividad, tiene derecho a una reparaci\u00f3n por las repercusiones que el da\u00f1o genera en su vida cotidiana: la persona ya no es la misma despu\u00e9s del menoscabo experimentado.<\/p>\n Por todo esto, tratar de manera diferenciada una indemnizaci\u00f3n que deriva del abuso sufrido por una ni\u00f1a, pondera tanto los derechos consagrados en las convenciones como en la normativa interna, m\u00e1s el factor predominante de la justicia abarcada desde la perspectiva de g\u00e9nero, que no es m\u00e1s que tomar en cuenta las condiciones, realidades y vulnerabilidad que existen en ser ni\u00f1a v\u00edctima de violencia de g\u00e9nero.<\/p>\n (*) Abogada egresada de la UBA.<\/p>\n <\/p>\n Referencias bibliogr\u00e1ficas<\/strong><\/p>\n [1]https:\/\/www.fiscales.gob.ar\/genero\/consideraron-que-una-nina-abusada-sexualmente-tiene-preferencia-para-cobrar-la-indemnizacion-a-su-favor\/<\/a><\/u><\/p>\n [2] (Graciela Medina) \u201c\u00bfPor qu\u00e9 juzgar con perspectiva de g\u00e9nero? y \u00bfc\u00f3mo juzgar con perspectiva de g\u00e9nero?\u201d La Ley AP\/DOC\/185\/2016, citado por CC03 LZ causa 8365 205 sent. del 17\/09\/2017).\u201d<\/p>\n [3] – D\u00edez Picazo, Luis. El esc\u00e1ndalo del da\u00f1o moral, Civitas, Navarra, 2008.<\/p>\n [4]- Otaola, Mar\u00eda Agustina. \u201cLa reparaci\u00f3n plena e integral y el da\u00f1o moral: \u00bfuna utop\u00eda?\u201d<\/p>\n \u201cFull and integral repairing and moral damage: a utopia?\u201d<\/p>\n Azul Profundo<\/a> – DDF<\/a><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Car\u00e1cter preferencial de indemnizaci\u00f3n por abuso. \u201cFUNDACION EDUCAR s\/ CONCURSO PREVENTIVO\u201d EXPEDIENTE COM N\u00b023177\/2016. Buenos Aires, 15 de diciembre de 2021.- Por Erica P\u00e9rez* I- Resumen de los hechos: En 2008, una ni\u00f1a de 2 a\u00f1os de edad, fue abusada sexualmente por una persona de maestranza en la escuela a la que asist\u00eda. En sede […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":62781,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"iawp_total_views":83,"footnotes":""},"categories":[7,1067,581,21],"tags":[27,4372,4649,5011],"class_list":["post-62778","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividades","category-agenda-feminista","category-azul-profundo","category-noticias","tag-abuso","tag-destacada","tag-erica-perez","tag-indemnizacion"],"nelio_content":{"autoShareEndMode":"never","automationSources":{"useCustomSentences":false,"customSentences":[]},"efiAlt":"","efiUrl":"","followers":[4],"highlights":[],"isAutoShareEnabled":true,"networkImageIds":[],"permalinkQueryArgs":[],"series":[],"suggestedReferences":[]},"yoast_head":"\n![\"\u201cCar\u00e1cter](\"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/WhatsApp-Image-2022-01-12-at-20.28.30.jpeg\")
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