{"id":51949,"date":"2020-09-03T21:33:35","date_gmt":"2020-09-04T00:33:35","guid":{"rendered":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/?p=51949"},"modified":"2020-09-03T21:33:35","modified_gmt":"2020-09-04T00:33:35","slug":"violencia-de-genero-y-responsabilidad-civil-comentarios-desde-la-perspectiva-socio-juridica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/violencia-de-genero-y-responsabilidad-civil-comentarios-desde-la-perspectiva-socio-juridica\/","title":{"rendered":"Violencia de g\u00e9nero y responsabilidad civil. Comentarios desde la perspectiva socio-jur\u00eddica"},"content":{"rendered":"

Violencia de g\u00e9nero y responsabilidad civil. Comentarios desde la perspectiva socio-jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n

Autora. Zaikoski Biscay, Daniela[1]<\/a><\/p>\n

Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

En 2009, Argentina sancion\u00f3 la ley nacional 26485<\/a> de Protecci\u00f3n Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los \u00e1mbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales.<\/p>\n

Esta norma est\u00e1 organizada en tres grandes partes: una parte conceptual en la que se mencionan instrumentos regionales e internacionales como la Convenci\u00f3n Interamericana<\/a> para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida como la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1 y en la Convenci\u00f3n para la Eliminaci\u00f3n de todas las formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer (CEDAW<\/a>), la Convenci\u00f3n de Derechos del Ni\u00f1o y a la ley nacional 26061<\/a> de Protecci\u00f3n Integral de los derechos de las Ni\u00f1as, Ni\u00f1os y Adolescentes.<\/p>\n

Luego, la ley desarrolla un programa pol\u00edtico de igualdad y no discriminaci\u00f3n siguiendo los lineamientos de la Convenci\u00f3n de Belem do Par\u00e1 y de CEDAW y ordena una serie de pol\u00edticas p\u00fablicas a implementar y ejecutar por diversos organismos en todos los niveles del Estado. Por \u00faltimo, a partir del art. 16, la ley organiza el procedimiento a seguir cuando los casos se judicializan y consagra las garant\u00edas procesales de las mujeres en situaci\u00f3n de violencia de g\u00e9nero. Las cuestiones procedimentales m\u00e1s desarrolladas que se relacionan con los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia corresponden al \u00e1mbito del derecho de familia, no as\u00ed otras ramas del derecho como la de da\u00f1os o la laboral en que las construcciones te\u00f3ricas son m\u00e1s recientes y a\u00fan no est\u00e1n consolidadas.<\/p>\n

Perspectiva de g\u00e9nero y acceso a la justicia en la jurisprudencia reciente<\/strong><\/p>\n

En este apartado se consideran muy brevemente dos ejes conceptuales centrales para este art\u00edculo: la perspectiva de g\u00e9nero y el acceso a la justicia.<\/p>\n

\"Violencia
Violencia de g\u00e9nero y responsabilidad civil. Comentarios desde la perspectiva socio-jur\u00eddica<\/figcaption><\/figure>\n

Desde la metodolog\u00eda legal feminista se de identificar y poner en cuesti\u00f3n aquellos elementos de la doctrina y jurisprudencia que ponen en desventaja a las mujeres, se trata de la pregunta por la mujer; por otra parte, se pone en cuesti\u00f3n al positivismo jur\u00eddico y se procura razonar de un modo contextual y situado, mediante el cual se lleguen a soluciones pragm\u00e1ticas que diluya los extremos opuestos, excluyentes y dicot\u00f3micos (razonamiento pr\u00e1ctico) y en tercer lugar, se busca construir conocimientos profundos y ampliados, colaborativos basados en las experiencias de los propios\/as actores\/as que aumente y fortifique la conciencia de la situaci\u00f3n de desventaja y subordinaci\u00f3n estructural (Bartlett, Katherine, s\/f).<\/p>\n

A trav\u00e9s de la perspectiva de g\u00e9nero se puede:<\/p>\n

\u201c\u2026observar y comprender c\u00f3mo opera la discriminaci\u00f3n, pues aborda todos aquellos aspectos que tiene que ver con la condici\u00f3n social y econ\u00f3mica de las mujeres y de los hombres, con el fin de favorecer iguales oportunidades para el acceso equitativo de recursos, servicios y derechos. Advertir y cuestionar el sexismo que est\u00e1 presente en todas las instituciones y actividades sociales, a la vez que propone acciones para enfrentarlo cr\u00edticamente y erradicarlo. Hacer visibles las experiencias, perspectivas, intereses y oportunidades de las mujeres, con lo cual se pueden mejorar sustancialmente las pol\u00edticas, programas y proyectos institucionales, as\u00ed como las acciones dirigidas a lograr sociedades equitativas, justas y democr\u00e1ticas<\/em> (Di Liscia (2009) En tal sentido, la ley considera a las mujeres en situaci\u00f3n de violencia como sujetos de especial atenci\u00f3n jur\u00eddica, por lo que cobra capital importancia el acceso a la justicia. La Recomendaci\u00f3n General 33 recientemente dictada por el CEDAW sostiene que el derecho al acceso a la justicia es esencial para la realizaci\u00f3n de todos los derechos de la CEDAW. Para la RG 33 el acceso a la justicia est\u00e1 relacionado con la gobernanza; con un sistema de justicia que sea independiente e imparcial, con la credibilidad que de \u00e9l tengan los\/las justiciables. Se funda en la lucha contra la impunidad y la corrupci\u00f3n y requiere de una amplia participaci\u00f3n de las mujeres en busca de la satisfacci\u00f3n de sus derechos y en las propuestas de reparaci\u00f3n cuando han sido vulnerados. El concepto sirve para advertir de los principales obst\u00e1culos que encuentran las mujeres en funci\u00f3n del g\u00e9nero y otras condiciones sociales -raza, nacionalidad, estado civil; cuesti\u00f3n que revela la existencia de m\u00faltiples y yuxtapuestas discriminaciones. Por otra parte, establecer modos eficaces de acceso a la justicia es una obligaci\u00f3n positiva a cargo del Estado.<\/p>\n

En la letra de la ley 26485 se desarrolla un amplio espectro de pol\u00edticas p\u00fablicas que tienden a garantizar el acceso a la justicia: el art 2 inc f) sobre acceso, la asistencia integral (art 2 inc g), el derecho a recibir informaci\u00f3n y asesoramiento adecuado (art 3 inc g), a gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la ley (art 3 inc i), garantizar el acceso a los servicios de atenci\u00f3n espec\u00edfica para mujeres privadas de la libertad (art 9 inc u), asistencia y patrocinio gratuitos (art 10 inc c), promover pol\u00edticas para facilitar el acceso a la justicia mediante la puesta en marcha y el fortalecimiento de centros de informaci\u00f3n, asesoramiento jur\u00eddico y patrocinio jur\u00eddico gratuito (art 11 apart 5 inc a) entre las menciones m\u00e1s relevantes.<\/p>\n

A tenor de los reclamos que se hicieran con motivo de la marcha bajo la consigna \u201eNi una menos\u201f es posible ensayar la hip\u00f3tesis de que las pol\u00edticas p\u00fablicas a que se obliga el Estado en cualesquiera de sus niveles no se han implementado o se han puesto en marcha de manera deficitaria.<\/p>\n

Incorporaci\u00f3n de derechos de las mujeres como derechos humanos. Cambio legal\/cambio social<\/strong><\/p>\n

En lo relativo a las violencias de g\u00e9nero y discriminaci\u00f3n contra las mujeres, el principal problema no es la falta de legislaci\u00f3n referida al tema, sino la apropiaci\u00f3n que puede hacer la ciudadan\u00eda y los\/las operadores jur\u00eddicos\/as-en particular- de esas normas que consagran nuevos derechos.<\/p>\n

Desde el punto de vista del cambio legal, hay distintas normas que est\u00e1n incorporadas al derecho interno desde hace mucho tiempo pero su recepci\u00f3n a nivel jurisprudencial es muy reciente y los\/las operadores\/as son reticentes a hacer uso de ellas. La aplicaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1 es un ejemplo de este desfasaje entre cambio legal\/cambio social. Este tratado, que es derecho vigente en nuestro pa\u00eds desde 1996, ha empezado a ser invocado y aplicado muy recientemente. Los y las profesionales del derecho en sus distintos roles han descubierto el deber de investigar que tienen los Estados firmantes conforme el art. 7\u00b0. El deber de investigar los casos de violencia contra las mujeres no ata\u00f1e solamente al derecho penal, aunque all\u00ed ha sido usado m\u00e1s frecuentemente, como en los casos G\u00f3ngora y F.AL. de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n (CSJN, en adelante) -entre otros importantes pronunciamientos recientes sino que comprende todos los aspectos en los que los derechos puedan ser vulnerados. Es decir, no s\u00f3lo se deben prevenir, investigar y sancionar las violencias que sean delitos sino tambi\u00e9n aquellas que sean il\u00edcitos civiles, laborales y administrativos.<\/p>\n

Todo el derecho debe estar impregnado de perspectiva de g\u00e9nero y facilitar, promover y garantizar el acceso a la justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, en adelante) ha enfatizado el deber de investigar y la responsabilidad internacional del Estado por omisiones en cumplir la normativa de g\u00e9nero, muy especialmente en el caso conocido como ‘Campo Algodonero’ desarrollando all\u00ed el concepto de obligaciones reforzadas, conceptualizaci\u00f3n que ha generado un debate muy interesante .<\/p>\n

La Corte Interamericana dijo: \u201cLos Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, con una aplicaci\u00f3n efectiva del mismo, con pol\u00edticas de prevenci\u00f3n y pr\u00e1cticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevenci\u00f3n debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva de los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos espec\u00edficos en los que es evidente que determinadas mujeres y ni\u00f1as pueden ser v\u00edctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, adem\u00e1s de las obligaciones gen\u00e9ricas contenidas en la Convenci\u00f3n Americana, una obligaci\u00f3n reforzada a partir de la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1<\/em>\u201d\u2026 seguir leyendo<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

[1]<\/a> Abogada (Universidad Nacional de La Plata), Especialista en Derecho P\u00fablico (Universidad Nacional de C\u00f3rdoba) y Mag\u00edster en Sociolog\u00eda Jur\u00eddica (Universidad Nacional de La Plata). Docente de la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas y Jur\u00eddicas y miembro del Instituto Interdisciplinario de Estudios para la Mujer de la Universidad Nacional de La Pampa. Miembro fundadora de la Sociedad Argentina de Sociolog\u00eda Jur\u00eddica (Argentina). Socia de la Asociaci\u00f3n de Mujeres Jueces de Argentina. Secretaria de Primera Instancia del Juzgado en lo Civil y Comercial n\u00b0 5 de Santa Rosa (La Pampa)<\/p>\n

 <\/p>\n

Descargar documento completo: G\u00e9nero y Da\u00f1os<\/a><\/p>\n

Biblioteca virtual
\nDiario Digital Femenino<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Violencia de g\u00e9nero y responsabilidad civil. Comentarios desde la perspectiva socio-jur\u00eddica Autora. Zaikoski Biscay, Daniela[1] Introducci\u00f3n En 2009, Argentina sancion\u00f3 la ley nacional 26485 de Protecci\u00f3n Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los \u00e1mbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. 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