{"id":4646,"date":"2012-10-24T17:37:59","date_gmt":"2012-10-24T20:37:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diariofemenino.com.ar\/?p=4646"},"modified":"2012-10-24T17:37:59","modified_gmt":"2012-10-24T20:37:59","slug":"conclusiones-del-segundo-congreso-nacional-de-abogadas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/conclusiones-del-segundo-congreso-nacional-de-abogadas\/","title":{"rendered":"Conclusiones del Segundo Congreso Nacional de Abogadas"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.diariofemenino.com.ar\/wp-content\/uploads\/Segundo-Congreso.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-4647\" title=\"Segundo Congreso\" src=\"http:\/\/www.diariofemenino.com.ar\/wp-content\/uploads\/Segundo-Congreso.jpg\" alt=\"\" width=\"532\" height=\"304\" \/><\/a><\/p>\n<p align=\"center\"><strong><em><span style=\"text-decoration: underline;\">CONCLUSIONES<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">\u00a0<\/span><\/strong>1) El Congreso\u00a0<strong>APOYA <\/strong>la petici\u00f3n formulada por las compa\u00f1eras de Uruguay al Poder Judicial, \u00a0como ciudadanas todas de \u00a0Estados que han suscripto la Convenci\u00f3n de Belem do Par\u00e1<strong>,\u00a0<\/strong>en cuyo marco de convencionalidad tanto Argentina como Uruguay se han comprometido a la erradicaci\u00f3n de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Por este motivo el Congreso <strong>COMPARTE<\/strong> que las denominadas <em>\u201cpr\u00e1cticas ileg\u00edtimas<\/em>\u201d del Poder Judicial tienden a crear un status quo o paralizaci\u00f3n en el proceso contencioso de violencia, y son ineficaces para desarticular el problema de asimetr\u00eda de poder que genera las situaciones de violencia intra-familiar y otorgan adem\u00e1s herramientas de poder al agresor quien se ve convalidado en su accionar.<br \/>\n2) El Congreso\u00a0<strong>DECIDE <\/strong>la conformaci\u00f3n de una Comisi\u00f3n Ad-hoc\u00a0que trabajar\u00e1 en la confecci\u00f3n de un documento de similares caracter\u00edsticas al de las compa\u00f1eras de Uruguay, pero cuya petici\u00f3n a la Corte Federal reflejar\u00e1 el marco normativo local y la problem\u00e1tica de acceso a la justicia tambi\u00e9n local, ya que si bien el abordaje de la lucha contra la violencia que tiene como v\u00edctima a ni\u00f1as, adolecentes y mujeres tiene puntos indudables de contacto que exceden las fronteras territoriales de cada naci\u00f3n, tambi\u00e9n ostentan circunstancias de modo, tiempo y lugar propias que a traviesan este flagelo. Esta Comisi\u00f3n formalizar\u00e1 la presentaci\u00f3n en ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades contenido en el art. 14 de nuestra Carta Magna.<br \/>\n3) El Congreso <strong>ADVIERTE<\/strong> que el uso del g\u00e9nero masculino como sujeto universal en el \u00e1mbito forense, que a simple vista pudiera suponer la inclusi\u00f3n de la mujer, contribuye en realidad a su invisibilizaci\u00f3n en el \u00e1mbito del ejercicio de la abogac\u00eda. Por otra parte, la falta de lenguaje g\u00e9nero sensitivo oblitera a las mujeres en su existencia simb\u00f3lica, toda vez que asumiendo el poder del discurso cabe afirmar que aquello que no se nombra, no existe. Como operadoras jur\u00eddicas, las mujeres aqu\u00ed reunidas, entienden que\u00a0 el uso de lenguaje \u201cginope\u201d configura un supuesto de violencia simb\u00f3lica que reproduce estereotipos sexistas id\u00f3neos para obstaculizar la igualdad de punto de partida, de trato y de resultado que la normativa local e internacional en vigencia mandan respetar. Por ello se <strong>RECOMIENDA <\/strong>a los Colegios de Profesionales de la Abogac\u00eda adec\u00faen sus nombres a los par\u00e1metros de igualdad que informan, desde el bloque de constitucionalidad federal,\u00a0 los derechos humanos de las mujeres.<br \/>\n4) El Congreso <strong>CONSIDERA<\/strong> que la sub-representaci\u00f3n pol\u00edtica de las mujeres en las nuevas institucionalidades como son los Colegios Profesionales afectan la motorizaci\u00f3n de una agenda con enfoque de g\u00e9nero, a la vez que obstaculiza el empoderamiento dentro del \u00e1mbito institucional del ejercicio de la profesi\u00f3n. Las cuotas o cupo son medidas de acci\u00f3n positiva que implican una discriminaci\u00f3n inversa y\u00a0 necesaria para equiparar una desigualdad hist\u00f3rica de derechos reconocidos en forma diferentes para mujeres y varones. Por este motivo, se <strong>RECOMIENDA <\/strong>a los Colegios de Profesionales de la Abogac\u00eda de todo el pa\u00eds propiciar los medios conducentes para instalar el cupo electoral en las esferas de poder y aumentar as\u00ed la capacidad de participaci\u00f3n de las mujeres en la toma de decisiones y en los niveles directivos de modo de superar los prejuicios y las barreras que bloquean sus carreras pol\u00edticas. La igualdad formal propia del liberalismo no es suficiente, sino que debe conjugarse con la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato y finalmente, la igualdad de resultado.<br \/>\n5) El Congreso\u00a0 se \u00a0<strong>SOLIDARIZA<\/strong> con la injusta persecuci\u00f3n pol\u00edtica e institucional que se concreta en la persona de la Dra. Mariana Vargas y <strong>REPUDIA<\/strong> en general, la persecuci\u00f3n de todas las abogadas activistas en causas que involucren cuestiones de g\u00e9nero y lucha por los derechos de las mujeres toda vez que el ejercicio profesional que involucre acusaciones penales como parte de la labor, no puede\u00a0 ser id\u00f3nea para victimizar a las abogadas, ni conllevar sanciones\u00a0 \u00e9ticas ni disciplinarias que tienen como \u00fanica finalidad la de silenciar la b\u00fasqueda de justicia.<br \/>\n6) El Congreso <strong>CONSIDERA<\/strong> que las deudas alimentarias en controversias de familia son utilizadas por los alimentantes, como un\u00a0 mecanismo de coacci\u00f3n que afecta casi exclusivamente a mujeres dado que el 85% de los hogares son monoparentales. Ante esta situaci\u00f3n, las mujeres reunidas, <strong>RECOMIENDAN<\/strong> el giro de oficio de las actuaciones civiles por ejecuci\u00f3n de pensiones alimentarias a la justicia penal, por ser el incumplimiento de obligaci\u00f3n de alimentar un delito de acci\u00f3n p\u00fablica.<br \/>\n7) El Congreso <strong>ADHIERE<\/strong> a la propuesta de que las medidas cautelares de protecci\u00f3n que se concedan en conflictos de violencia dom\u00e9stica sean\u00a0 extensibles al n\u00facleo familiar,\u00a0 a los testigos\/as y profesionales que asisten a ni\u00f1os\/ni\u00f1as y mujeres abusados por ser frecuentemente \u00e9stos tambi\u00e9n v\u00edctimas de amenazas y hasta da\u00f1os, en el marco de los procesos contenciosos en los que se ventilan estas cuestiones.<br \/>\n8.) El Congreso <strong>APOYA<\/strong> la propuesta de que el proyecto de reforma del C\u00f3digo Civil, \u00a0incluya entre las causales de p\u00e9rdida de patria potestad, la condici\u00f3n\u00a0 de acusado por el femicidio de la madre o condenado por violencia de g\u00e9nero.<br \/>\n9) El Congreso <strong>ALERTA<\/strong> sobre las condiciones nefastas que traen aparejadas en la ni\u00f1ez la denominada \u201c<em>sordera perversa<\/em>\u201d del Poder Judicial, en virtud de la cual operadores\/as del derecho ordenan la revinculaci\u00f3n de ni\u00f1os\/as con el abusador por considerar que resulta perjudicial para el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o\/a.<br \/>\n10)\u00a0 El Congreso <strong>APOYA<\/strong> la posici\u00f3n que afirma que la custodia compartida obligatoria tal y como est\u00e1 planteada en el proyecto de reforma, lejos de propiciar un escenario igualitario entre los c\u00f3nyuges separados, carece de enfoque de g\u00e9nero toda vez que omite considerar el caso puntual de violencia familiar en el cual esta decisi\u00f3n es eficaz para revictimizar a la mujer y ni\u00f1os\/as maltratados.<br \/>\n11)\u00a0 El Congreso <strong>ADVIERTE <\/strong>como fundamental el acompa\u00f1amiento del Estado a trav\u00e9s de pol\u00edticas sociales con enfoque de g\u00e9nero que se proyecten hacia las nuevas institucionalidades,\u00a0 instituciones y mecanismos pertinentes, en la construcci\u00f3n de ciudadan\u00eda plena de las mujeres. Fomentar el agrupamiento barrial de las mujeres y la construcci\u00f3n colectiva desde sus propios lugares, mediante la constituci\u00f3n de redes, puede ser un camino fruct\u00edfero\u00a0 para visibilizar localmente sus problem\u00e1ticas, motorizar una agenda desde abajo y a la vez,\u00a0 empoderar a las mujeres dentro de su propio entorno.<br \/>\n12) El Congreso <strong>RECOMIENDA<\/strong> para optimizar el rol activo de las instituciones en las transformaciones sociales que demanda la equidad de g\u00e9nero, fortalecer el trabajo interdisciplinario en cuestiones de g\u00e9nero para contribuir a la desarticulaci\u00f3n del concepto monol\u00edtico de mujer\/ni\u00f1a\/adolescente que atenta contra las individualidades y refuerza estereotipos forzados que dificultan soluciones en conflictos de cualquier clase de \u00a0violencia de g\u00e9nero.<br \/>\n13) El Congreso <strong>ALERTA<\/strong> sobre la necesidad imperiosa de pronunciamientos judiciales r\u00e1pidos en cuestiones que involucren violencia de g\u00e9nero en cualquiera de sus clases, toda vez que en la mayor\u00eda de los casos el tiempo que toman los Magistrados para resolver asuntos acuciantes, sentencia en contra de los intereses de las mujeres y ni\u00f1os\/as.<br \/>\n14) El Congreso <strong>ADHIERE<\/strong> a la propuesta que solicita a los Poderes Judiciales de cada provincia se capacite a los Fiscales de Instrucci\u00f3n en lo Penal para que se abstengan de sustanciar investigaciones penales por delito de aborto que tengan como causa eficiente la violaci\u00f3n del secreto profesional, y en su caso, archiven en forma inmediata aquellas denuncias que se formularan en forma indebida por el equipo de salud. Ello, toda vez que los lineamientos jurisprudenciales fijados por los fallos \u201cNatividad Fr\u00edas\u201d y \u201cBaldivieso\u201d de la C.S.J.N establecen la prevalencia del derecho a la intimidad y a la privacidad de la mujer por sobre el inter\u00e9s punitivo del Estado.<br \/>\n15) El Congreso <strong>ADVIERTE<\/strong> que la denuncia de aborto de una paciente formulada por el equipo de salud que la asiste, adem\u00e1s de configurar violencia obst\u00e9trica y trato discriminatorio, entra\u00f1a un delito con sesgo de g\u00e9nero que opera con la complicidad de\u00a0 la selectividad del sistema penal en la persecuci\u00f3n exclusiva de mujeres de escasos recursos materiales y simb\u00f3licos que, en estado de vulnerabilidad,\u00a0 acceden a la salud en el \u00e1mbito p\u00fablico.<br \/>\n16) El Congreso <strong>SE\u00d1ALA<\/strong> como necesaria para la protecci\u00f3n integral de la mujer v\u00edctima de violencia dom\u00e9stica, la ayuda econ\u00f3mica por parte del Estado, de manera tal que la realidad no fuerce a las v\u00edctimas a volver con el maltratador por falta de recursos para contenerse y cobijar a sus hijos e hijas, tal como lo prev\u00e9 en Brasil la Ley Mar\u00eda da Penha.<br \/>\n17) El Congreso <strong>ALERTA<\/strong> sobre las falta de enfoque de g\u00e9nero en materia de derecho penal y procesos acusatorios que generan resoluciones judiciales que reproducen est\u00e1ndares machistas que obstaculizan la justicia para el caso concreto. En este sentido, <strong>REPUDIA<\/strong> como antecedentes desalentadores la tendencia a minimizar antecedentes de violencia que se registren en sede policial o administrativa, emitir juicio de valor sobre la conducta de la mujer golpeada, descreer del relato de las mujeres\u00a0 y falta de an\u00e1lisis sobre las situaciones culturales de sometimiento que subyacen a la asimetr\u00eda de poder que se acomoda en la base de estas situaciones que victimizan a las mujeres hasta ocasionarles en muchos casos la muerte.<br \/>\n18) El Congreso <strong>ADHIERE<\/strong> la reivindicaci\u00f3n de todos los derechos de la mujer originaria reconociendo que el bloque constitucional federal y la normativa legal imperante mandan respetar la cultura, el lenguaje y el derecho a la tierra como componentes del derecho humano a la identidad.<br \/>\n19) El Congreso <strong>APOYA<\/strong> la necesidad de visibilizar como problema que afecta la igualdad de g\u00e9nero toda situaci\u00f3n de violencia laboral como son los casos de acoso sexual y mobbing que afectan a compa\u00f1eras que cumplen funciones en el \u00e1mbito de instituciones p\u00fablicas. Y <strong>DESTACA<\/strong> la urgencia en la desarticulaci\u00f3n de toda conducta que contribuya a favorecer directa o indirectamente el <em>\u201ctecho de cristal\u201d<\/em> que limita las carreras p\u00fablicas de las mujeres.<br \/>\n20) El Congreso <strong>RECLAMA<\/strong> la publicaci\u00f3n de las cifras reales de morbilidad y mortalidad maternas como indicadores determinantes del impacto de las pol\u00edticas de g\u00e9nero implementadas en materia de salud y educaci\u00f3n.<br \/>\n21) El Congreso <strong>EXIGE <\/strong>el respeto por el est\u00e1ndar de derechos vigentes en materia de\u00a0 aborto no punible establecido por la Corte Suprema de Justicia en el caso \u201cF.A.L\u201d y <strong>REPUDIA <\/strong>la desobediencia judicial que, restringiendo el acceso a la salud, afecta severamente los derechos sexuales y reproductivos de mujeres en estado de vulnerabilidad.<br \/>\n22) El Congreso <strong>DESTACA<\/strong> el car\u00e1cter vinculante de los tratados internacionales que nuestro pa\u00eds ha suscripto y ratificado, base incuestionable de la garant\u00eda normativa de no discriminaci\u00f3n de g\u00e9nero y que indican la necesidad de transversalizar el enfoque de g\u00e9nero. Tambi\u00e9n <strong>RESALTA <\/strong>la necesidad de un equilibrio de g\u00e9nero entre jueces\/as y otros funcionarios\/as de las instituciones judiciales incluyendo los tribunales ad hoc para lograr el compromiso de adoptar medidas que garanticen el respeto de los derechos de la mujer a trav\u00e9s de aplicaci\u00f3n de normas internacionales y nacionales de derechos humanos.<br \/>\n23) El Congreso <strong>APOYA<\/strong> el tratamiento judicial de un da\u00f1o aut\u00f3nomo que se traducir\u00eda en el da\u00f1o al proyecto de vida para todos los casos de v\u00edctimas de trata, por considerar que este delito aberrante ocasiona graves consecuencias en la vida de todas las ni\u00f1as, adolecentes y mujeres que precisan de una reparaci\u00f3n tambi\u00e9n aut\u00f3noma m\u00e1s all\u00e1 del da\u00f1o moral cuyo responsable ser\u00e1 el Estado en los casos en que por negligencia o abandono hubiere contribuido a la trata de la v\u00edctima y los responsables directos e indirectos de la red que facilita el tr\u00e1fico de la persona.<br \/>\n24) El Congreso, siguiendo las pautas internacionales del caso \u201c<em>Campo Algodonero<\/em>\u201d, <strong>APOYAR<\/strong> la legislaci\u00f3n de reparaciones pecuniarias espec\u00edficas para los hijos\/as\u00a0 de v\u00edctimas de femicidio como consecuencia de la responsabilidades Estatal por omisi\u00f3n y\/o negligencia en arbitrar medidas conducentes y efectivas para evitar las muertes por cuestiones de g\u00e9nero. Para ello, tambi\u00e9n se <strong>RECOMIENDA<\/strong> la creaci\u00f3n de protocolos para capacitar a los operadores del derecho en materia de muertes\u00a0 por cuestiones de g\u00e9nero y dar publicidad de aquellos jueces\/as y funcionarios\/as con cuyo obrar negligente hubieren contribuido a desproteger a la mujer y coadyuvando as\u00ed a la muerte de la misma.<br \/>\n25)\u00a0 El Congreso <strong>CELEBRA<\/strong> el rol de la mujer en las Misiones de Paz en las Naciones Unidas,\u00a0 por implicar una conquista en espacios de poder in\u00e9ditos y por involucrar la inclusi\u00f3n de una perspectiva de g\u00e9nero que habr\u00e1 de impactar en la merma en los delitos de abuso sexual que afectan a mujeres en conflicto armado y por redundar en igualdad real de oportunidades. Se <strong>VALORA<\/strong> especialmente la sororidad que lleva a mujeres que viven en pa\u00edses agobiados por conflictos de guerra,\u00a0 a aunar fuerzas y formar alianzas para fortalecerse como grupo vulnerable.<br \/>\n26) El Congreso\u00a0<strong>CELEBRA<\/strong>\u00a0que la reforma sancionada por el Senado de\u00a0la Naci\u00f3n\u00a0el 31 de agosto de 2011 en materia de\u00a0<strong>\u00a0prostituci\u00f3n y trata con fines de <\/strong><strong>explotaci\u00f3n<\/strong><strong> sexual,\u00a0<\/strong>haya adaptado la situaci\u00f3n legislativa local a las convenciones internacionales que consagran el abolicionismo jur\u00eddico. Sin embargo, el Congreso\u00a0<strong>SE\u00d1ALA\u00a0<\/strong>el car\u00e1cter significativo de todo aquello que implique directa e indirectamente asistencia concreta a la v\u00edctima y\u00a0<strong>ASPIRA<\/strong>, en especial en lo concerniente al tema del empleo, que \u00e9ste t\u00f3pico\u00a0adquiera una mayor concreci\u00f3n en la reglamentaci\u00f3n, que implique una garant\u00eda m\u00e1s efectiva por parte del Estado. Ello, ya que precisamente el problema de la falta de empleo y capacitaci\u00f3n suele ser, en muchos casos, una de las razones por las que las mujeres se encuentran<em>\u00a0<\/em>atrapadas en estas redes de explotaci\u00f3n.<br \/>\nEl Congreso\u00a0<strong>ESPERA<\/strong>\u00a0que en la reglamentaci\u00f3n de la ley, se contemple alguna forma de reparaci\u00f3n o subsidio a las v\u00edctimas.<br \/>\n27) El Congreso <strong>CONCLUYE<\/strong> que hay justicia cuando los\/as ciudadanos\/as obedecen a los\/as magistrados\/as y los\/as magistrados\/as a las leyes. Por esta raz\u00f3n se <strong>EXIGE<\/strong> a los operadores del derecho capacitaci\u00f3n t\u00e9cnica para incluir la perspectiva de g\u00e9nero en la administraci\u00f3n de justicia.<br \/>\nNorma G. Chiapparrone\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Mar\u00eda Elena Elverd\u00edn<br \/>\nSecretar\u00eda General\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Presidenta<br \/>\n<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; CONCLUSIONES \u00a01) El Congreso\u00a0APOYA la petici\u00f3n formulada por las compa\u00f1eras de Uruguay al Poder Judicial, \u00a0como ciudadanas todas de \u00a0Estados que han suscripto la Convenci\u00f3n de Belem do Par\u00e1,\u00a0en cuyo marco de convencionalidad tanto Argentina como Uruguay se han comprometido a la erradicaci\u00f3n de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 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