{"id":34249,"date":"2019-04-14T20:38:01","date_gmt":"2019-04-14T23:38:01","guid":{"rendered":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/?p=34249"},"modified":"2019-04-14T20:39:55","modified_gmt":"2019-04-14T23:39:55","slug":"denuncias-por-falta-etica-grave-en-ejercicio-de-la-profesion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariofemenino.com.ar\/df\/denuncias-por-falta-etica-grave-en-ejercicio-de-la-profesion\/","title":{"rendered":"Denuncias por Falta \u00c9tica grave en ejercicio de la profesi\u00f3n"},"content":{"rendered":"

El ENCUENTRO DE PROFESIONALES CONTRA LA TORTURA<\/strong> de la Rep\u00fablica\u00a0Argentina -EPCT- el 22 de marzo de 2019 present\u00f3 ante la Asociaci\u00f3n M\u00e9dica Mundial<\/strong> (WMA<\/strong>) denuncias por Falta \u00c9tica<\/a> grave en ejercicio de la profesi\u00f3n<\/strong> a los m\u00e9dicos: Dr. Juan Manzur, Gobernador; Dr. Gustavo Vigliocco, Secretario de Salud; Dra. Roxana Chahla, ministra de Salud; Dra. Elizabeth \u00c1vila, directora del Hospital del Este \u201cEva Per\u00f3n\u201d de la ciudad de Tucum\u00e1n, todos de la Provincia de Tucum\u00e1n; y Dr. Gustavo Briones, Jefe de Servicio de Obstetricia del \u201cHospital Materno Infantil Dr. H\u00e9ctor Quintana\u201d de San Salvador de Jujuy, y Dr. Marcelo Villa, Director del Hospital \u201cGuillermo Paterson\u201d de la localidad de San Pedro, ambos de la Provincia de Jujuy; al impedir el acceso al aborto legal a ni\u00f1as y someterlas a tratos crueles o degradantes y tortura.
\n\"Denuncias<\/p>\n

Los fundamentos de las denuncias son los siguientes:<\/p>\n

Considerando<\/strong>
\n1- Que el pre\u00e1mbulo de la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945 proclama solemnemente la fe de los pueblos de las Naciones Unidas en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana;<\/p>\n

2- Que el pre\u00e1mbulo de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 estipula que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad;<\/p>\n

3- Que el Art\u00edculo 5 de la Declaraci\u00f3n proclama que nadie ser\u00e1 sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;<\/p>\n

4- La Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos adoptada por la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos el 22 de noviembre de 1969, que entr\u00f3 en vigor el 18 de julio de 1978, y la Convenci\u00f3n Interamericana para
\nPrevenir y Sancionar la Tortura, que entr\u00f3 en vigor el 28 de febrero de 1987;<\/p>\n

5- Que la Declaraci\u00f3n de Tokio, adoptada por la AMM en 1975, reafirma la prohibici\u00f3n de toda forma de participaci\u00f3n m\u00e9dica o presencia del m\u00e9dico durante la tortura o el trato inhumano o degradante;<\/p>\n

6- La Declaraci\u00f3n de Hawai, adoptada por la Asociaci\u00f3n Psiqui\u00e1trica Mundial en 1977;<\/p>\n

7- La Declaraci\u00f3n de Kuwait, adoptada por la Conferencia Internacional de Asociaciones M\u00e9dicas Isl\u00e1micas en 1981;<\/p>\n

8- Los Principios de \u00c9tica M\u00e9dica Relativos al Rol del Personal de Salud estipula que \u00abes una grave contravenci\u00f3n a la \u00e9tica m\u00e9dica … que el personal de salud, en particular los m\u00e9dicos, tome parte activa o pasivamente, en actos que constituyen participaci\u00f3n, complicidad o incitamiento o intentos de tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante…\u00bb;<\/p>\n

9- La Convenci\u00f3n contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1984 y que entr\u00f3 en vigor el 26 de junio de 1987;<\/p>\n

10- Que en la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, y por lo tanto la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, es clara respecto a sus derechos;<\/p>\n

11- La Declaraci\u00f3n de Hamburgo, adoptada por la AMM en noviembre de 1997 durante la 49\u00aa Asamblea General y que llama a los m\u00e9dicos a protestar individualmente contra el maltrato y a las organizaciones m\u00e9dicas nacionales e internacionales a apoyar a los m\u00e9dicos en dichas acciones;<\/p>\n

12- Que los Organismos de Derechos humanos han entregado una orientaci\u00f3n clara sobre cu\u00e1ndo se requiere despenalizar el aborto, y han puesto \u00e9nfasis en que el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos y que asegurar el acceso a estos servicios, de conformidad con los est\u00e1ndares de derechos humanos, es parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminaci\u00f3n en contra de las mujeres y garantizar el derecho de \u00e9stas a la salud, as\u00ed como a otros derechos humanos fundamentales;<\/p>\n

12-a. Los \u00f3rganos internacionales de derechos humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obst\u00e1culo para que las mujeres tengan acceso a atenci\u00f3n m\u00e9dica y han recomendado que los Estados eliminen todas las disposiciones punitivas hacia las mujeres que se han\u00a0sometido a abortos. Estos organismos tambi\u00e9n han solicitado que los Estados permitan el aborto en ciertos casos;<\/p>\n

12-b. Que la jurisprudencia de los \u00f3rganos creados en virtud de tratados ha indicado claramente que negar el acceso al aborto a las mujeres cuando existe una amenaza a la vida o salud de la mujer, o cuando el embarazo es el resultado de una violaci\u00f3n o de incesto, viola los derechos a la salud, a la privacidad, y en\u00a0ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes;<\/p>\n

12-c. Que el aborto legal debe ser seguro y accesible tambi\u00e9n es una postura apoyada por compromisos pol\u00edticos asumidos por los Estados en la Conferencia Internacional sobre Poblaci\u00f3n y Desarrollo (CIPD), llevada a cabo en El Cairo en 1994. En dicha Conferencia, los Estados reconocieron al aborto en condiciones\u00a0de riesgo como una importante preocupaci\u00f3n de salud p\u00fablica y se comprometieron a reducir la necesidad de abortos a trav\u00e9s de servicios de planificaci\u00f3n familiar m\u00e1s amplios y mejores, a la vez que reconocieron que, en los casos en que el aborto no fuera contrario a la ley, \u00e9ste deb\u00eda practicarse en condiciones adecuadas. La Plataforma de Acci\u00f3n de Beijing, que fue acordada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, tambi\u00e9n afirm\u00f3 esto;<\/p>\n

12-d. Que la revisi\u00f3n y evaluaci\u00f3n de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la implementaci\u00f3n de la CIPD en 1999 acord\u00f3 asimismo que, en los casos en que el aborto no es contrario a la ley, los sistemas de salud deben capacitar y equipar a quienes prestan servicios de salud y tomar otras medidas para asegurar<\/strong>
\nque el aborto se realice en condiciones adecuadas y sea accesible. Se deben tomar medidas adicionales para salvaguardar la salud de la mujer;<\/strong><\/p>\n

13- Que un informe del Comit\u00e9 de Derechos del Ni\u00f1o de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas (ONU) advierte al Estado argentino que debe garantizar \u00abel acceso a servicios de aborto seguro y atenci\u00f3n postaborto para ni\u00f1as y adolescentes, garantizando que sus opiniones siempre se escuchen y se tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones\u00bb. El organismo manifest\u00f3 preocupaci\u00f3n por las barreras que enfrentan los y las adolescentes respecto al acceso a la educaci\u00f3n y servicios de salud sexual y
\nreproductiva, adem\u00e1s de \u00abla alta incidencia de embarazos adolescentes y los riesgos elevados de mortalidad materna entre madres adolescentes y el acceso insuficiente a los m\u00e9todos modernos de anticoncepci\u00f3n y a la planificaci\u00f3n familiar\u00bb;<\/p>\n

14- Que oportunamente la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, denunci\u00f3 en Buenos Aires que la falta de implementaci\u00f3n del protocolo sobre el aborto no punible en dos de cada tres provincias argentinas supone una \u00abviolaci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb y
\n\u00abcontribuye a la alta tasa de mortalidad materna\u00bb en el pa\u00eds, exigiendo al Gobierno de Mauricio Macri que haga cumplir el protocolo existente e impulse un proyecto de ley sobre la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo;<\/p>\n

15- Que dada su importancia presentamos a continuaci\u00f3n el marco legislativo<\/a> de la Rep\u00fablica Argentina respecto a la cuesti\u00f3n que nos ocupa.<\/p>\n

Marco Normativo
\n<\/strong>
\nLa historia de la interrupci\u00f3n legal del embarazo en Argentina comienza en 1886 con la sanci\u00f3n del primer C\u00f3digo Penal. Desde entonces el marco legislativo ha variado. Actualmente, de acuerdo con el art\u00edculo 86 del C\u00f3digo Penal y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n en el caso \u201cF.A.L<\/a>\u201d de 2012, las personas tienen derecho a la interrupci\u00f3n legal del embarazo en los siguientes
\ncasos:<\/p>\n

\uf0b7Si el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser
\nevitado por otros medios;<\/p>\n

\uf0b7 Si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer (entendida la salud como el
\nbienestar f\u00edsico, mental-emocional y social);<\/p>\n

\uf0b7 Si el embarazo proviene de una violaci\u00f3n.<\/p>\n

Para acceder a la interrupci\u00f3n legal del embarazo es necesaria una consulta con un profesional de la salud, en un \u00e1mbito confidencial. El mismo evaluar\u00e1 el caso y certificar\u00e1 que la pr\u00e1ctica se encuadra en alguna de estas tres causas. En el caso de una violaci\u00f3n no es necesaria una denuncia policial.<\/p>\n

En 2015, el Ministerio de Salud de la Naci\u00f3n public\u00f3 el Protocolo para la Atenci\u00f3n Integral de las Personas con Derecho a la Interrupci\u00f3n Legal del Embarazo<\/strong><\/a> (Protocolo ILE) con el fin de estandarizar pr\u00e1cticas y garantizar el acceso a este derecho. All\u00ed se establecen los siguientes lineamientos:<\/p>\n

No se necesita autorizaci\u00f3n judicial:<\/strong>
\nUna vez certificada la causa de la interrupci\u00f3n del embarazo por un profesional de la salud, no se necesita autorizaci\u00f3n judicial ni administrativa para acceder al aborto. Tampoco se puede retrasar innecesariamente el acceso al aborto. Deben eliminarse los requisitos que no est\u00e9n m\u00e9dicamente indicados.<\/p>\n

No se necesita denuncia policial o judicial:<\/strong>
\nEn los casos de violaci\u00f3n, solo se requiere una declaraci\u00f3n jurada que deje constancia de que el embarazo es producto de una violaci\u00f3n.<\/p>\n

Las v\u00edctimas de violencia sexual:<\/strong>
\nDeben recibir en forma inmediata y expeditiva la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad f\u00edsica, ps\u00edquica, sexual y reproductiva en un contexto c\u00f3modo, seguro, privado, confiable y que evite la revictimizaci\u00f3n. Debe asegurarse la obtenci\u00f3n y conservaci\u00f3n de pruebas vinculadas con el delito, as\u00ed como brindar asistencia psicol\u00f3gica y legal a la v\u00edctima<\/p>\n

Ten\u00e9s derecho a recibir informaci\u00f3n:<\/strong>
\nLos profesionales de la salud deben brindar a la persona gestante informaci\u00f3n oportuna, completa, comprensible y de calidad sobre las alternativas de atenci\u00f3n y los distintos procedimientos disponibles para que pueda decidir sobre su cuerpo.<\/p>\n

Ten\u00e9s derecho a la privacidad y a la confidencialidad:<\/strong>
\nSe debe respetar la privacidad de la persona y garantizar la confidencialidad de la informaci\u00f3n que esta haya solicitado, su decisi\u00f3n y cualquier otro dato de su historia cl\u00ednica.<\/p>\n

Obligaciones del sistema de salud:<\/strong>
\nLas demoras innecesarias en la atenci\u00f3n, el brindar informaci\u00f3n falsa o negarse a realizar la interrupci\u00f3n del embarazo constituyen actos que pueden ser sancionados administrativa, civil y\/o penalmente.
\nSi un profesional es objetor de conciencia y, por sus creencias personales, se niega a realizar la interrupci\u00f3n del embarazo, est\u00e1 obligado a notificar su voluntad por escrito a las autoridades del establecimiento de salud en el que se desempe\u00f1e y derivar adecuadamente a otro integrante del equipo de salud que garantice su realizaci\u00f3n. En caso de emergencia, el profesional objetor deber\u00e1 realizar la interrupci\u00f3n del embarazo.
\nDeben articularse mecanismos que permitan resolver los desacuerdos que pudieran existir, entre el profesional interviniente y la paciente, respecto de la procedencia del aborto en caso que una mujer se presente con un aborto en transcurso o finalizado.<\/p>\n

El Protocolo considera algunas situaciones especiales<\/strong>
\nEdad:<\/strong>
\nLa persona menor de edad tiene derecho a ser escuchada e informada, as\u00ed como a participar en las decisiones sobre s\u00ed misma.
\nEntre los 13 y 16 a\u00f1os, mientras que una persona cuente con el grado de madurez suficiente para ejercer por s\u00ed los actos que le son permitidos por el ordenamiento jur\u00eddico, se entiende que tiene aptitud para decidir respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos, ni comprometan su estado de salud o pongan en riesgo su integridad o su vida. Para ese tipo de tratamientos, al considerarse invasivos, la adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus padres o representantes legales. Si esta adolescente por alguna raz\u00f3n fundada se niega a que se le informe a sus progenitores, debe intervenir el Ministerio P\u00fablico.
\nA partir de los 16, la adolescente es considerada como un adulto para las decisiones respecto de su propio cuerpo. De todos modos, se recomienda que las adolescentes cuenten con la compa\u00f1\u00eda y el apoyo de una persona de su confianza. En caso de violaci\u00f3n, la declaraci\u00f3n jurada puede ser realizada sin la autorizaci\u00f3n de un adulto.<\/p>\n

Discapacidad:<\/strong>
\nSi la persona requiere asistencia para la toma de decisiones, deben asegurarse los sistemas de apoyo e informaci\u00f3n comprensibles para que se preserve su autonom\u00eda para decidir sobre su cuerpo.
\nInformaci\u00f3n sobre aborto y atenci\u00f3n post-interrupci\u00f3n del embarazo:
\nTodas las personas tienen derecho a acceder a informaci\u00f3n v\u00e1lida y confiable sobre aborto seguro, as\u00ed como sobre pr\u00e1cticas que pongan en riesgo su salud o su vida. Esta informaci\u00f3n puede circular en cualquier \u00e1mbito, sin que esto constituya un delito. Asimismo, tienen derecho a recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica despu\u00e9s de una interrupci\u00f3n del embarazo, haya sido legal o ilegal.<\/p>\n

Tomando en cuenta<\/strong>
\n16- Que cada a\u00f1o en Argentina m\u00e1s de 3000 ni\u00f1as menores de 14 a\u00f1os son obligadas a ser madres. As\u00ed lo inform\u00f3 el Comit\u00e9 de Am\u00e9rica Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) en un informe en el que record\u00f3 que el camino de esas chicas, solitario e impuesto, tiene similitudes: suelen ser v\u00edctimas de abuso sexual, que quedan embarazadas -muchas veces se enteran tarde, cuando las llevan al
\nm\u00e9dico por un \u201cdolor estomacal\u201d- y luego son victimizadas por el Sistema de salud, que les niega el acceso a la ILE y las fuerza a ser madres;<\/p>\n

17- Que Argentina es miembro de la Asociaci\u00f3n M\u00e9dica Mundial;<\/p>\n

18- Que los profesionales aqu\u00ed denunciados no solo no han cumplido con el Protocolo de Interrupci\u00f3n Legal del Embarazo sino que han obstaculizado el acceso de las menores al mismo, y someti\u00e9ndolas a una violencia institucional y medi\u00e1tica pocas veces vista violando su juramento m\u00e9dico, y avasallando sus derechos como menor, en particular el art\u00edculo 3 que declara que \u201cLos Estados Partes se asegurar\u00e1n de que las instituciones,\u00a0servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, n\u00famero y competencia de su personal, as\u00ed como en relaci\u00f3n con la existencia de una supervisi\u00f3n adecuada\u201d.<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El ENCUENTRO DE PROFESIONALES CONTRA LA TORTURA de la Rep\u00fablica\u00a0Argentina -EPCT- el 22 de marzo de 2019 present\u00f3 ante la Asociaci\u00f3n M\u00e9dica Mundial (WMA) denuncias por Falta \u00c9tica grave en ejercicio de la profesi\u00f3n a los m\u00e9dicos: Dr. Juan Manzur, Gobernador; Dr. Gustavo Vigliocco, Secretario de Salud; Dra. Roxana Chahla, ministra de Salud; Dra. 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