Desde la\u00a0Campa\u00f1a Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito<\/b>, repudiamos en\u00e9rgicamente la maniobra dilatoria y regresiva en t\u00e9rminos de derechos humanos del Poder Ejecutivo Nacional que, en un nuevo intento por condicionar nuestros derechos sexuales y reproductivos, envi\u00f3 al Congreso de la Naci\u00f3n un\u00a0proyecto de reforma del C\u00f3digo Penal\u00a0<\/b>que implica no solo un desconocimiento de la normativa internacional en materia de DD. HH. vigente, sino tambi\u00e9n un grave retroceso en relaci\u00f3n con el debate social del 2018 y la media sanci\u00f3n de nuestro proyecto de ley de interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo (IVE).<\/p>\n
Si bien esta iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional busca modificar varios art\u00edculos, desde la Campa\u00f1a nos detendremos solamente en analizar aquellos que se relacionan con nuestros derechos sexuales y reproductivos, espec\u00edficamente, con la interrupci\u00f3n legal del embarazo (ILE): los art\u00edculos 85, 86, 87 y 88 del CP.<\/p>\n
El proyecto de modificaci\u00f3n sigue una l\u00ednea punitivista e incorpora como delito la \u201clesi\u00f3n a la persona por nacer\u201d (art\u00edculos 95, 96 y 97 ), en su forma dolosa (con intenci\u00f3n) y culposa (sin intenci\u00f3n). Este nuevo \u201cdelito\u201d le otorga al feto un estatus jur\u00eddico determinado, ajeno y distinto al cuerpo de la mujer o persona con capacidad de gestar, en un intento de equipararlo a una persona ya nacida. Esta cuesti\u00f3n ha sido ampliamente discutida, y tanto la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n en el fallo F.A.L. como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Artavia Murillo concluyeron que no representa delito.<\/p>\n
La reforma infringe el derecho a la autonom\u00eda de las mujeres y personas con capacidad de gestar, ampl\u00eda injustificadamente la posibilidad de castigar y va en contra de la promoci\u00f3n de derechos establecida por la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU) y de la normativa vigente.<\/p>\n
Otro avance que se ve afectado es el acceso a la interrupci\u00f3n legal del embarazo: el c\u00f3digo penal en su art. 86 establece las causales para acceder a una interrupci\u00f3n legal del embarazo (ILE) y el Protocolo para la Atenci\u00f3n Integral de las Personas con Derecho a la Interrupci\u00f3n Legal del Embarazo (2015) adhiere a la definici\u00f3n de salud integral emitida por la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud (OMS). Las modificaciones solo mencionan el concepto de \u201csalud f\u00edsica o mental\u201d, lo que da lugar a que el t\u00e9rmino \u201csalud\u201d sea interpretado de forma restrictiva.<\/p>\n
El proyecto impulsado por el Ejecutivo es anacr\u00f3nico, atrasa y no tiene en cuenta derechos que como sociedad ya hemos incorporado. El encabezado que proponen para el art. 86 dice: \u201cSe impondr\u00e1n las penas establecidas en el art\u00edculo 85 e inhabilitaci\u00f3n especial por el doble del tiempo de la condena a prisi\u00f3n, a los m\u00e9dicos, cirujanos, parteras o farmac\u00e9uticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo\u201d. El mismo Estado que impulsa este texto, por otro lado, insta a cumplir el Protocolo para la Atenci\u00f3n Integral de las Personas con Derecho a la Interrupci\u00f3n Legal del Embarazo y el Plan Nacional de Prevenci\u00f3n del Embarazo No Intencional en Adolescentes (Plan ENIA). Por otro lado, se incumple con la Ley 26.473 de Identidad de G\u00e9nero (2012), ya que se omite a otras personas con capacidad de gestar, negando as\u00ed los avances en materia de reconocimiento de los derechos humanos de las identidades de g\u00e9nero, conseguidos gracias a la lucha del movimiento LGBTTTIQ+.<\/p>\n
Este intento de reforma fue presentado a los medios de comunicaci\u00f3n como \u201cdespenalizaci\u00f3n\u201d del aborto, solo porque establece que si una mujer interrumpe su embarazo no ser\u00e1 penada. Es decir, que las personas que decidan interrumpir una gestaci\u00f3n deber\u00e1n hacerlo en la clandestinidad, de forma insegura y sin acompa\u00f1amiento, lo que profundizar\u00e1 las diferencias socioecon\u00f3micas entre quienes puedan pagar una pr\u00e1ctica en condiciones sanitarias m\u00e1s seguras y quienes no.<\/p>\n
Creemos firmemente que la mejor propuesta que se presentar\u00e1 en el Congreso sobre ampliaci\u00f3n de derechos sexuales y reproductivos ser\u00e1 el proyecto de ley de IVE que elaboramos desde la Campa\u00f1a Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de forma horizontal, con la participaci\u00f3n de todos los sectores que intervienen en esta realidad y con la incorporaci\u00f3n de conceptos modernos en el marco de la garant\u00eda de los derechos humanos de las mujeres y las identidades con capacidad de gestar.<\/p>\n
Los abusos sexuales, embarazos no deseados, abortos clandestinos e inseguros y dem\u00e1s problem\u00e1ticas que pesan sobre nuestros cuerpos deben ser resueltas con el dise\u00f1o de pol\u00edticas p\u00fablicas que garanticen los derechos humanos, la salud, la libertad, la autonom\u00eda y los proyectos de vida de las mujeres y otras identidades, no con amenazas penales.<\/p>\n
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Comunicado Campa\u00f1a Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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