Relevamiento de condiciones laborales y acceso a la justicia
Presentación de la Investigación
En la provincia de Buenos Aires mujeres cis y disidencias que se encuentran en situación de violencia encuentran múltiples obstáculos en el acceso a la justicia. Si bien la normativa vigente es clara y promueve la protección integral a través de un sistema formal muy completo[1], apuntalado por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, esto no se condice con las experiencias de las personas que acuden al Poder Judicial.
Al mismo tiempo, las trabajadoras y los trabajadores que se desempeñan en las dependencias donde se inician los procesos judiciales por hechos motivados en violencia familiar y de género desarrollan sus tareas en condiciones laborales de gran precariedad que exceden las características formales de empleo. En este sentido, las problemáticas vinculadas con la organización del proceso laboral resultan un punto interesante para comprender las falencias en el acceso a la justicia. La sobrecarga de tareas, la escasez de personal, las exigencias emocionales, son aspectos que inciden en la efectiva atención de las violencias. Además, dichas condiciones tienen impacto en el bienestar y en la salud de los trabajadores y las trabajadoras judiciales, no solo en términos físicos sino también psicosociales.
El principal objetivo de este informe es trazar un diagnóstico de las condiciones laborales de los y las trabajadoras judiciales que abordan las violencias por razones de género y su relación con las dificultades que atraviesan las personas en situación de violencia para acceder al sistema de justicia. Las dependencias del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires seleccionadas en esta investigación son aquellas a las cuales asisten inicialmente las personas en situación de violencia (juzgados de Paz, juzgados de Familia, fiscalías, centros de Asistencia a la Víctima, defensorías).
La investigación en la cual se basa este informe es el resultado de una construcción colectiva, democrática y de consenso, libre de imposiciones y condicionamientos, realizada en virtud de un trabajo mancomunado de diferentes organizaciones. En primer lugar, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores, CTA-T), representada a través de las compañeras nucleadas en Judiciales Unidos Bonaerenses (JUB), la Secretaría de Géneros y el Instituto de Investigación para el Desarrollo Económico y Social de la Provincia de Buenos Aires (IDESBA). Desde estos ámbitos que integran la Central tenemos la férrea convicción de que este aporte permitirá dar un salto cualitativo en la discusión pública sobre un tema de interés tanto para las trabajadoras y los trabajadores implicados como para la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, fue decisivo el aporte de la Friedrich Ebert Stiftung (FES), fundación que cree en la voz de las trabajadoras y los trabajadores para elaborar diagnósticos y proponer alternativas políticas.
La principal motivación ha sido la convicción de que debe cambiar el encuadre del sistema de justicia, pues no es justicia equitativa ni social aquella que a través de grandes premisas ejerce un control social acrítico sobre la población, sin atender a las diferentes interseccionalidades que atraviesan a la ciudadanía. Es por ello que debemos cambiar la perspectiva de análisis hacia una reforma judicial anclada en el paradigma de los Derechos Humanos y feminista, atendiendo primero a la particularidad hasta llegar a la premisa general. Para este cambio de justicia, resulta imperiosa la incorporación de todas las voces, de las trabajadoras y los trabajadores, de la población en sus diferentes expresiones y de las investigadoras y los investigadores que abordan el tema, estableciendo para cada quien el mismo nivel de importancia.
En este orden de ideas es que tiene especial relevancia el presente trabajo. Asumimos el rol que tenemos en esta discusión abierta de la manera más frontal, consciente y plural que pudimos. Elegimos comenzar por apuntar, desde nuestra experiencia como trabajadoras y trabajadores judiciales, las principales circunstancias que coartan el acceso a la justicia de las personas en situación de violencia por motivos de género en el sistema de justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires, como asimismo exponer las condiciones laborales y psicosociales de las trabajadoras y los trabajadores que desarrollamos la tarea específica en las dependencias donde se inician las intervenciones judiciales, entendiendo que ambas cuestiones se encuentran profundamente relacionadas.
Históricamente el Derecho, el Sistema de Justicia, se pensó a la medida del hombre. Sin embargo, el movimiento feminista ha conquistado nuevos derechos que fueron logrando una legislación con perspectiva de género, en cuya construcción han participado grandes mujeres. Hoy no es posible pensar en Derechos Humanos sin incluir los derechos de las mujeres cis y disidencias en razón del género. De igual manera, reconocemos que en general el sistema de justicia actual, en su organización, en su práctica política, en la determinación de prioridades, no jerarquiza la política de protección ni criminal de género. Estamos convencidas de que un óptimo abordaje de las violencias que padecen mujeres cis y disidencias por motivo de género requiere analizar la singular situación de cada persona, sabiendo que el miedo en el que están inmersas y las inseguridades propias del proceso que las atraviesa se constituye al mismo tiempo como un fenómeno disciplinar que coarta sus elecciones de vida.
Lo expuesto forma parte del sistema político, cultural y social que ejerce control hacia el género y que no es estable: se reinventa y vuelve a reproducirse muchas veces bajo el velo de la igualdad, la seguridad jurídica e, inclusive, como protección de las mujeres cis y disidencias de género. En este sentido, las trabajadoras judiciales nos vemos en la obligación ética de exponer esta problemática y creemos que esta investigación contribuye a saldar una deuda democrática. Nos resistimos a sumirnos en un sistema burocrático que no se centra en dar respuestas integrales a quienes sufren esas violencias. Nos resistimos a la pretendida homogeneización de los procesos judiciales. Nos resistimos a excusarnos corporativamente. En cambio, nos asumimos parte del sistema, pero no somos cómplices. Entonces, organizadas, trabajamos y militamos para incidir en las políticas públicas necesarias de modo imperativo.
Existen algunos antecedentes, como los encuentros impulsados por JUB que tuvieron lugar en el año 2020 entre trabajadoras y trabajadores judiciales y el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Estos encuentros fueron el puntapié inicial de un proceso de construcción colectiva y de escucha entre judiciales que trabajan en el abordaje de situaciones de violencia de género, que permitió empezar a identificar los obstáculos que se presentan tanto en la tarea judicial como en el acceso a la justicia, y plasmarlos en informes que fueron presentados al Ministerio y que en algunos casos incluyen propuestas de superación. En algunas departamentales, como en San Martín, el encuentro promovido por la Secretaría de Género posibilitó la elaboración de recurseros zonales, que fueron dispuestos como insumos de las mesas locales y cuyo espacio continúa funcionando con el objeto de ser el lugar de intercambio de las trabajadoras y los trabajadores. En el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ante reclamos de trabajadores y trabajadoras de las Fiscalías Especializadas en Violencia Familiar y de Género atento el gran cúmulo de trabajo, integrantes de la agrupación Frente Judicial por la Unidad efectuaron un pormenorizado análisis de situación mediante el cual se pusieron en evidencia las malas condiciones laborales del sector y, en consecuencia, la imposibilidad de brindar asistencia en forma integral y oportuna a la población efectuando, en virtud de ello, las solicitudes correspondientes a la asociación sindical con el objeto de que se tomen las acciones pertinentes, obteniendo la creación de nuevas fiscalías especializadas en la violencia intrafamiliar y de género. En Mar del Plata los propios trabajadores y trabajadoras del Ministerio Público Fiscal han sistematizado el malestar, que volcaron en notas a sus superiores, lo que a su vez permitió diálogos a través de los cuales se dio inicio a un proceso que debiera mejorar las condiciones laborales.
No obstante, este trabajo es la primera investigación sistemática sobre esta problemática encarada en la provincia más poblada del país. Los principales resultados de esta tarea llevada adelante entre los meses de mayo y octubre de 2021 han quedado plasmados en este documento, el cual comienza con una caracterización del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, seguida por una breve descripción de la metodología empleada (para mayor nivel de detalle sobre la cuestión se remite al anexo). A partir de allí el trabajo se estructura en dos grandes secciones, una dedicada a analizar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores judiciales y otra en la cual se abordan los aspectos institucionales y organizativos que obstaculizan el acceso a la justicia de mujeres cis y disidencias. El documento cierra con las consideraciones finales y algunas recomendaciones de política pública para mejorar tanto las condiciones de trabajo en el sistema judicial bonaerense como el acceso a la justicia por parte de las mujeres cis y disidencias en situación de violencias.
[1] Tales como la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y la Recomendación 19 del Comité de Seguimiento sobre la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW); la ley nacional 26.485 y la ley provincial 12.569, entre otras. Asimismo, los procesos deben respetar las Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia para las personas en situación de vulnerabilidad, a las que nuestro país también adhirió.
