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Beatriz Gimeno analiza con maestría el sistema judicial español en “Misoginia judicial. La guerra jurídica contra el feminismo”. En el libro habla del SAP y de la coordinación de parentalidad, realizada por profesionales sin ningún tipo de formación concreta en salud mental y que velan por los valores de la familia tradicional.

Nos gusta pensar que la justicia es imparcial e igual para todas las personas ante delitos no económicos ni cometidos por personas públicas. Nos tranquiliza el creer que, cuando la verdad está de nuestra parte, cuando la injusticia y el daño es tan evidente, cuando el culpable está tan bien identificado, se hará justicia. No hay discusión posible. No caben las opiniones ni las dudas porque, ¿Qué pasaría si esto no fuera así? Ese es el análisis de la política y activista feminista Beatriz Gimeno en su última obra, Misoginia judicial. La guerra jurídica contra el feminismo (Editorial Libros de la Catarata, 2022).

Partiendo de la premisa de Hannah Arendt que dice “donde hay más igualdad hay más violencia, porque es más necesaria; que cuando la desigualdad está instalada en las leyes y en el cuerpo social, la violencia no es necesaria porque todo lo refleja; no existe resistencia”, Gimeno analiza algunos de los casos más escandalosos de injusticia, conocidos por su amplia cobertura mediática, y que ponen de manifiesto esta violencia institucional.

Profusamente documentado, apoyándose en artículos periodísticos y documentos de trabajo de distintas conferencias profesionales, comienza el análisis en Ciudad Juárez, donde la vida de las mujeres parece no tener valor y donde las instituciones, tanto judiciales como policiales, no hacen nada por protegerla y garantizarla. Esto nos podría parecer fruto de la violencia en la que está sumido el país a causa de los cárteles, pero el Estado tiene el compromiso ante la comunidad internacional de velar por su vida, cosa que se está incumpliendo sistemáticamente. Ni siquiera se investigan las desapariciones ni los asesinatos de mujeres en un acto no de dejadez, si no de encubrimiento.

Pero no hace falta que nos vayamos tan lejos, en nuestro país la justicia es un calvario para muchas de las mujeres que denuncian abusos contra ellas o contra sus hijos e hijas o violaciones. El machismo ha calado en el poder judicial, en algunas actuaciones policiales y en los medios de comunicación que cubren estas situaciones.

No es un error, es el sistema
No es un error, es el sistema – Beatriz Gimeno 

La autora nos recuerda Infancia Libre. Un caso particularmente mediático en el que se acusaba a una serie de mujeres de formar parte de esta asociación (prácticamente se mostraba en la prensa como una secta) creada para interponer denuncias falsas y sustraer así a los niños y niñas de sus padres. Particularmente televisiva fue la acusación contra María Sevilla, cuyo informe policial dibujaba una situación dantesca en la que se encontraba su hija: sin escolarizar y en estado “casi animal”. En este informe la policía afirmó que la niña “olisqueó” a los agentes. La policía presentó una documentación contra estas mujeres llena de inexactitudes, opiniones, datos sesgados y medias verdades retorcidas y los medios corrieron a hacerse eco por el morbo insano y machista que despertaba que se pudiera estar dando esta situación. No fue tan diligente la prensa a la hora de seguir el caso y dar cuenta de que la Fiscalía, en 2020, desmontó este informe, salvo honrosas excepciones como las de Marisa Kohan en PúblicoPatricia Reguero en El Salto y Patricia Ortega, María Sosa y Miguel Á. Medina en El País.

Tras esta exposición de machismo impregnando en las actuaciones policiales y que cuestiona la veracidad de otros profesionales que tienen la obligación de denunciar de oficio las situaciones de abuso que encuentran, como es el caso del cuerpo sanitario, Gimeno nos adentra en la cuestión de la violencia vicaria, analizando los casos de Ángela González Carreño e Itziar Prats. Esta misoginia judicial, asentada en la creencia de que un maltratador puede ser un buen padre y que no va a cumplir las amenazas de hacer daño a sus hijos o hijas, conduce a poner en riesgo sus vidas, faltando a su deber de velar por sus intereses y protegerles, llevándoles al asesinato en manos de sus padres.

Es aquí cuando Gimeno explica el concepto del SAP (Síndrome de Alienación Parental) y de la coordinación de parentalidad y nos llama a la rebelión. ¿Cómo es posible que una falsa teoría, desmentida por la comunidad científica y específicamente perseguida esta doctrina por el Consejo General del Poder Judicial, haya calado entre juezas, jueces, Fiscalía y profesionales de los Puntos de Encuentro Familiar?

El SAP es un falso síndrome elaborado para defender a los padres en los procesos de custodia durante los divorcios, acallando y encubriendo casos de abuso (sobre todo sexuales del padre sobre las hijas e hijos) quitándoles la voz a las y los menores y señalando a las madres por crearles falsos recuerdos y lavarles el cerebro en contra de sus progenitores masculinos. Niega en rotundo la posibilidad de que se produzcan estos abusos y acusa a madres, hijos e hijas y profesionales que denuncian de oficio de inventarse estos episodios. Esta negativa bloquea cualquier iniciativa de investigar qué ha sucedido para que los y las menores rechacen ir con sus padres o encontrase con ellos en los PEF.


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Siendo conscientes de este peligro, el CGPJ lucha una y otra vez contra la propagación de esta falsa teoría, pero la autora nos descubre otra figura que ha conseguido colarse en el ordenamiento de la Comunidad foral de Navarra, que no está reconocida legalmente, que no existe en ninguna otra parte del mundo y que es aún más peligrosa, ya que tiene el poder de anular sentencias judiciales, modificarlas a su gusto y cuyos informes están por encima de los y las profesionales específicamente facultados para denunciar los casos de abuso: la coordinación de parentalidad. Unas supuestas profesionales sin ningún tipo de formación concreta en salud mental o resolución de conflictos, formadas a través de un máster de oferta privada y que velan por los valores y la composición tradicional de la familia. En palabras de Gimeno: “La coordinación de parentalidad se aplica en procedimientos de familia ‘de alta conflictividad’, sin distinguir si el conflicto procede de violencia de género, de abusos sexuales o no. La finalidad con la que se utiliza no es otra que el cumplimiento de las visitas de los menores con el padre cuando hay custodia materna y cuando los menores se niegan a participar en ellas. La coordinación de parentalidad sostiene que esas visitas son siempre beneficiosas, aún cuando el padre sea un maltratador o un abusador sexual

 

Todos los casos que analiza Beatriz Gimeno en esta obra son una llamada constante a la lucha feminista contra la misoginia que aún encontramos en nuestro sistema judicial. Ese sistema que encarcela a María Salmerón por defender a su hija e impedir que visitara contra su voluntad a un padre maltratador, la que arrebata a Sara BB a sus hijas y se las entrega a su exmarido maltratador y abusador de su hija mayor, que ni si quiera es el padre reconocido de la menor, y que también la encarcela a ella. Un sistema para el que solo vale la sumisión de la mujeres y menores a la voluntad del hombre, que solo cree a la víctima perfecta y te pregunta si cerraste bien las piernas o te resististe con todas tus fuerzas ante una violación. Un texto necesario para abrir los ojos ante la realidad de la (in)justicia en España.

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