Días pasados el gobernador de la provincia, que asumió en esa función en diciembre de 2015, emitió un comunicado expresando su preocupación por la situación que atraviesa la provincia en materia de violencia de género.
Por Sandra Saidman*
Expresó que enviará a la legislatura un proyecto de ley para declarar la Emergencia en esta materia, “que se extenderá por el término de dos años, con el objetivo de implementar una política estratégica y coordinada entre los distintos estamentos del Estado, orientada a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en todas sus manifestaciones”.
Desde hace años venimos diciendo que resulta imperiosa la necesidad de políticas públicas serias y efectivas, adaptadas a los cambios culturales estructurales que conlleven el respeto de los derechos de las mujeres y que cuestionen la inevitabilidad de la violencia en las relaciones de género. Y con urgencia, impostergable que se lleven a cabo los derechos y los consiguientes deberes y responsabilidades del Estado provincial, conforme lo disponen instrumentos internacionales, leyes nacionales y locales para atender hoy mismo a las mujeres víctimas.
El sábado 16 de febrero se llevó a cabo en la ciudad de Sáenz Peña el Segundo plenario de mujeres, lesbianas, travestis y trans del Chaco con el objetivo de “construir, de manera participativa, las bases de un proyecto político hacia el 2019, desde una perspectiva de género, inclusiva, disidente, anti imperialista y antipatriarcal”.
A la semana siguiente más de treinta organizaciones académicas, sociales, sindicales y colectivos feministas de la provincia emitieron un comunicado exigiendo un mayor presupuesto para la asistencia de víctimas de violencia de género. Hicieron hincapié en la precarización del personal tanto la línea 137 como del Equipo Interdisciplinario de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia Familiar y del Delito, como también en la omisión de la creación y funcionamiento de este equipo en las 5 circunscripciones judiciales restantes, lo que implica un abandono de las mujeres víctimas del interior provincial. En las dependencias mencionadas el trabajo profesional y especializado de sus integrantes se retribuye con sueldos ínfimos. No tienen personal suficiente ni vehículos para realizar las visitas domiciliarias, como tampoco los insumos mínimos indispensables para el funcionamiento.
A poco de concluir su mandato, el primer mandatario chaqueño tomó nota y plantea ahora la declaración de emergencia proponiendo a la legislatura un plan de acción de 15 puntos coincidentes con el elaborado en Sáenz Peña en el Segundo Plenario de mujeres, lesbianas, travestis y trans.
Para llevar a cabo una política integral de presupuesto con perspectiva de género no bastan ni expresiones de deseo y menos aún anuncios demagógicos porque de esto las mujeres ya hemos tenido bastante. Deben considerarse todas las fases de elaboración presupuestaria: la formulación, la planificación, la elaboración del presupuesto y la evaluación de impacto de las políticas públicas implementadas. Mencionamos lo precedente porque ya en junio de 2015 el gobernador de aquel entonces Jorge Capitanich decretó la emergencia provincial en materia de violencia de género (decreto 1251/15: declara la emergencia provincial en materia de violencia de género, con el objeto del efectivo cumplimiento de la LN 26.485 “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contras las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”) y acá estamos, ante una realidad mucho más angustiante.
Esperamos esperanzadas entonces, no sólo la anunciada declaración de emergencia, sino la efectiva y sincera decisión política para atender la situación que bien se escribió en el comunicado del gobernador y él conoce.
*Vicepresidenta de Asociación Pensamiento Penal
