En España las personas trans podrían cambiar de sexo sin un informe médico, según la nueva ley
En un borrador se fija la despatologización de la transexualidad, en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los dos partidos (PSOE y Unidas Podemos), prometieron impulsar una ley: “que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos”
Por: Daniel Héctor Saban*
En un apunte, que ha redactado el Ministerio de la Igualdad, se establecería la posibilidad del cambio de sexo, sin que fuera preciso un informe médico a partir de los 16 años, y entre los 12 y 16 años, se debería contar con la autorización de los padres o quienes tuvieran la tutela de los adolescentes. El acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y PSOE, ha abierto una brecha en el movimiento feminista y entre los socios del Ejecutivo.
Para el colectivo transexual, sería un gran avance: la sola voluntad de ser hombre o mujer, bastaría para que el Estado así lo reconozca. Parte del feminismo lo apoya, pero para otra fracción constituiría una amenaza porque consideran que el sexo no es algo que se elija, porque entonces todas las leyes que evitan la discriminación de las mujeres se encontrarían en riesgo.
Aquellas personas que no se sientan hombre ni mujer podrían tener la opción de no poner el sexo en el DNI. De esta forma, el Ministerio de Igualdad, propondrá un proyecto de ley para lograr la igualdad real y efectiva de las personas trans. Con la norma cualquier persona, por decisión propia podrá cambiar su nombre y género en su documento, logrando de esta manera el importante paso hacia la autodeterminación.
La Ministra de Igualdad, tiene la expectativa de poder llevar la propuesta al Consejo de Ministros en la primera quincena de febrero. Al proyecto le falta aún recorrer un trayecto, que incluye informes de otros ministerios y organismos, pero es la intención de Irene Montero y su equipo, llevar a buen puerto la propuesta de una ley para la transexualidad que incluya el pacto entre su partido y el PSOE. La letra pequeña del acuerdo intentaría eliminar las discriminaciones que sufren las personas transexuales, que constituyen según la Federación Española, un 0.01% de la población.
La FELGTB, aplaude la iniciativa porque están seguros que mejorará las condiciones de vida, a un colectivo muy golpeado. En un informe efectuado en 2019, sostiene que cuatro de cada 10 personas trans son discriminadas en el trabajo y un 40% sufren maltrato psicológico. Un tiempo atrás, todos los grupos reclamaban “las despatologización de las identidades trans” y que fueran eliminadas “para siempre” las exigencias de informes y tratamientos médicos. Doce comunidades autónomas habían propuesto leyes parecidas a la normativa que se está presentando en estos momentos y que ha conducido hacia el debate.
A partir del momento que se apruebe la ley, no será más necesaria una prueba psicológica ni médica para lograr el cambio de nombre y la mención relativa al sexo en todos los registros y documentos administrativos, ni tampoco” modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médico, quirúrgicos o de otra índole”. Los trámites serán llevados a cabo por el encargado del registro civil.
Dos agrupaciones se han manifestado contra el borrador presentado; una denominada Contra el Borrado de las Mujeres, que está conformada por un centenar de asociaciones feministas, y alertaron de los riesgos que traía la asimilación de teorías que consideran que el sexo se pueda elegir o que es fluido. A juicio de esta agrupación, se denuncia que la norma pretende borrar a las mujeres, siendo el objetivo de la misma permitir el cambio de sexo legal a cualquier persona aunque no sean transexuales y no experimenten disforia o incongruencia de género.
La otra agrupación es la Confluencia Movimiento Feminista, quien considera que: “el borrado jurídico del sexo, que operan las leyes de autodeterminación de genero imposibilita la aplicación de cualquier acción positiva basada en dicha categoría, destinada a corregir la situación de discriminación que sufrimos las mujeres en el espacio público por el mero hecho de ser mujeres”.
En nuestro país, se aprobó en 2012 una ley de identidad de género, de 15 artículos en cuatro páginas. Cerca de 9.000 personas, gracias a la misma, han cambiado su identidad y sexo en sus documentos. Alba Rueda, es una mujer trans que ha sido la subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, ha sostenido que “no es el Estado el que decide quien es quien. El Estado ejerce una función administrativa, y son las personas quienes se convierten en su propio tribunal “.
Añade la ex subsecretaria que: “las personas trans así como las lesbianas siempre fuimos parte de los feminismos. Nuestros derechos no limitan los derechos de otras, sino que le dan valor, textura y diversidad”.
¿En qué consiste la ley?
Las personas trans, con posibilidad de gestar tendrán acceso a los sistemas de reproducción asistida. Podrán también tener “la posibilidad real y efectiva” para acceder a técnicas de congelación de tejido gonadal y de células reproductivas en personas que se sometan a tratamientos hormonales, analiza el diario El País de España.
En las pruebas deportivas, eventos y competiciones, las personas trans participarían “atendiendo a su sexo registral”, estando prohibidas las pruebas de verificación de sexo. Con respecto al tema referido a la educación, se debe garantizar el derecho a los alumnos a “exteriorizar”, su identidad de género. “Se deberá respetar su imagen física, la elección de su indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones del centro educativo conforme a su identidad de género”, añade el borrador de la ley.
El proyecto de ley, contempla asimismo la situación de las personas trans en las cárceles, el derecho de los extranjeros residentes en España, y las dificultades que enfrentan las personas trans en el trabajo.
Lo real es que no hay un texto definitivo, pero el proyecto que está preparando el Gobierno de coalición para proteger los derechos de las personas trans en España, lleva semanas levantando críticas, especialmente, entre una parte del sector feminista que niega o bien cuestiona la identidad de género Las claves de la futura norma, son dos, una es la despatologización de las personas trans y la otra es que los menores de edad puedan cambiar de sexo en el registro.
La Secretaria de Igualdad que dirige la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo sostiene que las leyes que reconocen la autodeterminación de género “desdibujan a las mujeres cómo sujeto político y jurídico, poniendo en riesgo los derechos, las políticas públicas de igualdad y los logros del movimiento feminista”.
Con una opinión opuesta, la ministra de Igualdad Irene Montero (Podemos) y la ministra de Hacienda María Jesús Montero (PSOE), han defendido la ley argumentando que la misma corrige una deuda histórica con las personas trans por la vulneración de sus derechos.
El texto del borrador, mantiene también el derecho a la identidad de sexualidad libremente manifestada. El equipo de Montero sostiene que toda persona tiene derecho “al reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada”, sin límite “por razón de edad, sexo, origen racial o étnico, nacionalidad, religión, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición personal”.
Para superar las críticas, la regla elaborada por Montero sostiene que la norma “no deberá alterar la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad” a la modificación. Otro cambio que intentaría Igualdad, es la introducción de una casilla específica en el DNI, pero aún. No ha ideado la propuesta que le gustaría.
Montero, dijo en su intervención en el Senado que “2021, sería el año en que los transexuales verán reconocidos sus derechos y necesidades”.
(*) Columnista de Diario Digital Femenino
