Personas que habitan cuerpos olvidados, cuerpos negados, cuerpos encorsetados en estructuras de “normalidad laberíntica», interpelan la soberanía territorial.
Por María Paola Casariego*
dra.mariapaolacasariego@gmail.com
Personas que habitan cuerpos olvidados, cuerpos negados, cuerpos presos y encorsetados en estructuras binarias de “normalidad laberíntica” que en contraposición, interpelan la soberanía territorial con la construcción de andamiajes para una concreta transformación inclusiva de personas con discapacidad.
Deviene relevante replantearse y accionar, desde un punto de vista sistémico, políticas públicas integrales que garanticen la concreta autonomía funcional de las personas sin discriminación.
“Personas” -en tanto “cuerpos que habitan contextos”- en territorios minados de obstáculos, diseñados con arquitecturas para la “normalidad” , tienen que atravesar la vida como campos de batalla.
Estructuras y artefactos preexistentes diseñados de manera camuflada en el territorio -efectores de salud, educación, esparcimiento, justicia, transporte, infraestructura, etc- detonan inadvertidamente la autonomía funcional de las personas con discapacidad.
En el mundo de lo «normal», las cosas se construyen sobre cimientos prejuiciosos e invisibilizadores de estructuras capitalistas, incomodando el funcionamiento de lo diverso.
Por ello es necesario conmover/se desde esa zona de confort repensando las diferencias para fortalecer la autonomía funcional.
Saber que las personas habitamos cuerpos, que estos cuerpos muchas veces se encuentren temporal o definitivamente presos por vallas culturales, sociales, económicas, arquitectónicas, afectivas, etc. , que permanecen desconocidas, estigmatizadas y/o negadas.
Urge la visibilización y puesta en diálogo para quebrar el silencio y propiciar el cambio de idiosincrasia donde cada persona sea considerada como ser holístico (bio-psico-social) inmerso en un contexto y realidad particular.
Entender la discapacidad, más allá del impedimento particular abarcativa de la interacción compleja entre los factores biológicos, psicológicos y sociales de las personas, generando mecanismos de oportunidad e igualdad.
Nuestra constitución incorpora en el año 1994 instrumentos de protección a los derechos humanos.
Particularmente Argentina, como estado parte suscribe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 61/106, el 13 de diciembre de 2006, entrada en vigor el 3 de mayo de 2008, establece los principios generales en su artículo 3: a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b. La no discriminación; c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e. La igualdad de oportunidades; f. La accesibilidad; g. La igualdad entre el hombre y la mujer; h. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
En tanto, es obligación del Estado – en sus tres poderes – asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna, haciendo efectivos los derechos reconocidos en la Convención
Es prioritaria la transformación inclusiva en consonancia con los tratados internacionales, en todo el territorio nacional a través del efectivo fortalecimiento de las políticas públicas con enfoque en derechos humanos
Los resortes de los distintos niveles de protección y apoyo deben activarse superando los obstáculos que puedan obstruir la vida cotidiana de las personas.
(*) Abogada y mediadora con perspectiva de género , operadora en psicología social, escritora y docente, miembra de EsTILA.ar (Espacio de Transformación Inclusiva Latinoamericana).
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