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Por Norma Inés Rivera
Dentro de las leyes para proteger y garantizar la seguridad de las personas, especialmente las mujeres, consideradas junto con las y los niños como uno de los grupos más vulnerables, el Presidente de la República, Felipe Calderón, firmó recientemente los decretos que expiden la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como las reformas que permitirán combatir con mayor eficacia los feminicidios, los delitos contra las mujeres y los abusos contra la niñez.
Lo anterior significa, sin duda, un gran avance en la protección a las mujeres, sin embargo, hace falta todavía mayor voluntad política para destinar programas y recursos para garantizar la operatividad de esas leyes, que incluya la capacitación de las autoridades judiciales, quienes en muchos de los casos, tratan a las víctimas como si fueran culpables de ese fenómeno.
La trata de personas, considerada como la nueva esclavitud, es uno de los negocios más despreciables y lucrativos del crimen organizado, del que cuatro millones de personas, principalmente mujeres, niñas y niños, son víctimas cada año y cuyas ganancias anuales ascienden a más de 30 mil millones de dólares en el mundo, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los esfuerzos internacionales para combatir este fenómeno se encuentran contenidos en el Protocolo de Palermo, adoptado por Naciones Unidas en 2000, mismo que representa el primer instrumento mundial legalmente vinculante con una definición acordada sobre la trata de personas, cuyo objetivo, además de la investigación y enjuiciamiento de los responsables de cometer ese delito, es el de proteger y asistir a las víctimas con pleno respeto de sus derechos humanos.
En nuestro país, desde noviembre de 2007 fue promulgada la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y su reglamento a nivel federal, se publicó en febrero de 2009. En ese mismo año, el Distrito Federal y 22 entidades federativas más, decretaron reformas en sus códigos penales, para tipificar algunas formas de trata, aunque únicamente la capital mexicana y Chiapas cuentan con leyes específicas sobre la materia.
La firma de este decreto por parte del Ejecutivo federal tiene un gran significado, ya que por primera vez se ataca toda la cadena productiva de este delito, a la vez que fija obligaciones para las instancias de la administración pública de los tres órdenes de gobierno.
Sin embargo, a pesar de este avance, debe pugnarse por combatir la corrupción en todos los niveles que pone en riesgo el cumplimiento de la ley, que afecta a las grandes redes de trata de personas que perciben millonarias ganancias.
Por lo que respecta al tema del feminicidio y a pesar de los buenos propósitos, nos encontramos todavía muy lejos de abatir ese flagelo que sufren una gran mayoría de mujeres en México y cuyo primer paso para prevenirlo, es la educación, para evitar en lo posible, la violencia de género, primer paso en la cadena de este crimen.
Fuente: El Sol de México

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