Bonadío y una decisión insensible

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Por Admin septiembre 22, 2016 11:19

Por Lic. Sandra V. Miguez[1]

La decisión del Juez Claudio Bonadío de mandar a destruir las cunas que iban a ser entregadas a madres que fueran asistidas en sus partos en las maternidades  públicas,  muestra una incapacidad para ver la problemática de la salud pública desde una perspectiva de derechos humanos.

El juez –que no previó otras posibilidades que podrían aportar los expertos para salvar estos recursos y dar continuidad a un programa que busca la reducción de la tasa de mortalidad materno infantil- contribuye a invisibilizar la realidad de las mujeres de los sectores más vulnerables que ven restringida la asistencia

Bonadío y una decisión insensible

Bonadío y una decisión insensible


Una de las principales causas de muerte en bebés recién nacidas y nacidos, es el ‘colecho’. Por comodidad, por pauta cultural e incluso por razones de hacinamiento, muchas mamás ponen a dormir con ellas a sus bebés. Sin embargo existen numerosos estudios de especialistas en salud que muestran que el lactante que duerme en la misma cama con sus padres tiene un mayor riesgo de muerte. Por eso en distintos países del mundo se han implementado la entrega de cunas –e incluso cajas- para ser ubicadas al lado de la madre, evitando así este riesgo y posibilitando una disminución  en los índices de mortalidad infantil reales, sobre todo en los sectores de mayor vulnerabilidad social.
Diferentes entidades científicas –entre ellas la Organización Mundial de la Salud[i]– vienen advirtiendo sobre la necesidad de adoptar medidas prácticas que permitan reducir el riesgo de muerte de niñas y niñas sobre todo en el período crítico que implica los  primeros 28 días de vida. Para evitar estas muertes, es esencial garantizar un parto seguro y cuidados eficaces durante la gestación y en el período neonatal, ya que el 45% de las mismas se produce a causa de partos prematuros, asfixias  e infecciones durante los primeros días, así como explicar el riesgo que implica que las y los bebés duerman con los padres, lo que provoca anualmente numerosas muertes por asfixia o muerte súbita[ii].
Se trata de concientizar sobre la necesidad de cumplir con los controles durante el embarazo,  con los cuidados, alimentación y vacunas que debe recibir la madre en cada período de gestación, como también prepararla sobre cuestiones que tienen que ver con el seguimiento del estado de salud del bebé, la lactancia, y demás cuidados, para con ello disminuir los riesgos de enfermar y morir que tienen las criaturas a esa temprana edad.
Una de las costumbres que aún está vigente en el imaginario colectivo es la de hacer dormir a los bebés con las madres, una situación que los especialistas ven con preocupación y que en distintos países ha llevado a entregar cunas o cajas en donde pueden ser colocados sin que corran riesgo de aplastamiento, asfixia o muerte súbita.
Las medidas adoptadas para reducir la mortalidad infantil han logrado progresos considerables para lograr el cumplimiento de uno de los Objetivo de Desarrollo del Milenio[iii], que desde 1990 ha alcanzado una reducción en la tasa de mortalidad de menores de 5 años de 91 a 43 por 1000 nacidos vivos en 2015.
No todos nacemos en cuna de oro
Nacer es una tarea difícil, tanto para la madre como para las y los bebés, que deben enfrentarse a situaciones complejas tanto en  el momento del parto, y posparto, como también a nivel socio familiar, ya que  sin lugar a dudas constituye un momento crucial para cada familia e implica una serie de gastos cada vez más altos para cubrir las necesidades mínimas del bebé y la madre.
La delicada situación social a la que miles de familias tienen que enfrentarse a diario -logrando sustento económico-, torna aún más preocupante el momento del nacimiento, con todos los costos que trae aparejada la atención del bebé. 
Contar con los elementos indispensables, una alimentación y asistencia y controles médicos estrictos marca directamente las posibilidades de sobrevida. Los datos estadísticos señalan drásticamente que existe una mayor incidencia de muertes de recién nacidos de madres jóvenes y de sectores vulnerables, o pobres, quienes justamente no han tenido igualdad de oportunidades para acceder a la asistencia médica, una de las prácticas que precisa de atención integral, la orientación de instrumentos y recursos para lograr una reducción de los riesgos del embarazo.
Es por eso que el Estado debe trabajar fuertemente para poder garantizar  y mejorar  la salud materna y neonatal abordando diferentes factores que son fundamentales para el acceso a una atención especializada antes, durante y después del parto, como garantía de uno de los derechos básicos.
Pero cuando se habla del Estado, no se trata solo del sistema de salud, ni tan siquiera del poder ejecutivo, sino de una  política integral que contemple a todos los poderes y recursos (del estado) para poder gestionar en forma eficiente la infraestructura, los suministros y la financiación, en función de evaluar las necesidades y hacer un seguimiento de los casos.
Por eso, no es un dato menor que el juez  Claudio Bonadío, haya dispuesto la destrucción de 60 mil cunas afectando directamente la posibilidad –y el derecho- de miles de niñas y niños de familias humildes. Esto se contrapone a los constantes esfuerzos que se hacen a diario desde el sector sanitario, así como desde organizaciones de la sociedad civil, entidades científicas e instituciones de bien público.
La decisión de Bonadío, cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, y desde una perspectiva de género, se muestra insensible con los sectores más vulnerables, mujeres cada vez más jóvenes y más pobres que llegan a las maternidades públicas al momento de parir. Miles de mujeres que no tienen la posibilidad de asistir a una clínica o maternidad privada, son invisibilizadas, con la decisión de este juez que fijó una postura intransigente ante esta problemática socio sanitaria.
Para esas y esos bebés–que no nacieron en cunas de oro- estaban destinadas las cunas provistas por el programa nacional Qunita, para las y los nacidos en las maternidades públicas del país, donde además se entregaban distintos insumos indispensables para los primeros meses de vida, y se fomentaba los controles prenatales.
Para todas los poderes del estado debiera ser un objetivo central la disminución de la mortalidad maternoinfantil – unas dos mil muertes de bebés y de cien madres por año- garantizando el control del embarazo y el nacimiento en maternidades seguras y también reducir la ocurrencia de aquellas muertes infantiles relacionadas con el colecho y con condiciones ambientales desfavorables, como una política inclusiva y niveladora del bienestar familiar.
No todas ni todos nacemos en cunas de oro, hay quienes nacen en condiciones muy desfavorables, por eso se habla de una política de estado inclusiva, que a través de acciones directas, pueda brindar oportunidades para que todas y todos tengan la posibilidad de acceder a condiciones dignas, como puede ser tener un ajuar, una cuna, a un bolso con insumos, al momento del nacimiento
Desde el año 2015 hasta los primeros meses de este año-cuando fue desactivado por el actual gobierno- se habían entregado 47 mil equipos. En ninguno de los casos se registraron inconvenientes, ni muertes, ni stress térmico, que fueron los motivos que adujo el juez Claudio Bonadío para argumentar su destrucción, basado en un informe del Instituto Nacional de Tecnología (INTI).
Aun cuando exista controversia respecto a la seguridad de estas cunas entregadas, hasta el momento el juez Bonadío no previó la consulta a un equipo interdisciplinario,que pudiera reunirá a especialistas en muerte neonatal,  muerte súbita, representantes del INTI , así como expertos del Ministerio de Salud o de bioingeniería, para poder resolver los aspectos que se cuestionan o garantizar que las cunas no sean utilizadas después de los seis meses, otra de las sugerencias de los especialistas.
La ejecución de este tipo de programas son un tema prioritario de salud pública, ydeben por tanto ser sostenidos en el tiempo, más allá de los gobernantes de turno, para reducir los índices de muertes materno infantiles.
Este plan tenía un objetivo claro al incluir a quienes quedan al margen del sistema, con asistencia y seguimiento estricto médicos especialistas en neonatología. Queda claro que al desarticular el programa,  las damnificadas directas son las personas en situación de vulnerabilidad social, madres jóvenes de bajos recursos.
Países con cajas y cunas
Un artículo publicado en 2013 en la BBC[iv], da cuenta que durante 75 años, las mujeres embarazadas en Finlandia han recibido cajas de cartón del Estado. “Es como un paquete inicial con ropa, sábanas y juguetes que a su vez puede ser usado como camita. Muchos argumentan que esta política ha ayudado a que el país nórdico sea una de las naciones con menor tasa de mortalidad infantil en el mundo” señala la nota que explica que la medida nació en 1938,  y fue pensada  al principio sólo para familias de bajos recursos. Pero desde 1949 fueron todas las futuras madres las que recibieron la caja, a través de una nueva legislación que significó que tuvieran que visitar a un médico y una clínica pública prenatal antes de los cuatro meses de embarazo como parte de la asistencia pública del Estado para prevenir mortalidad materno infantil.
Del mismo modo en México, Inglaterra, sur de Asia, entre otros países han adoptado la modalidad con el mismo objetivo, poder brindar asistencia en el momento del parto, garantizando los controles pre natales.
Por eso es que desde Unicef Argentina, así como desde el Ministerio Público Fiscal, distintas organizaciones, diputados de la oposición, legisladores provinciales, entre otros referentes e instituciones, cuestionaron la resolución del juez, que ha sido rechazada unánimemente, porque el tema de la salud pública no debe tener banderías políticas, sino un solo objetivo, salvar vidas y dar la mejor calidad de vida posible a las personas.
 



[1] Periodista especializada en salud
Red Internacional de Periodistas con Visión de Género
Becaria del ICFJ -NIH
 
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