Argentina, donde la Justicia le da impunidad a los violentos

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Por Admin marzo 16, 2017 13:36

Argentina, donde la Justicia le da impunidad a los violentos

Crecen los reclamos para poner freno a los femicidios y erradicar la violencia de género. Las mujeres denuncian, pero el Poder Judicial no acompaña. Falta predisposición de fiscales y jueces para investigar los casos.
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Por Violeta Bondarenco
En la Argentina, una mujer es asesinada por razones de género cada 37 horas. Así se desprende del último informe que presentó el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2016. Asimismo, en los primeros 43 días de 2017 hubo un total de 57 femicidios en el país, conforme investigaciones realizadas por el Instituto de Políticas de Género Wanda Taddei en comisarías y fiscalías.
Mientras florecen las campañas estatales impulsando a denunciar varones violentos para reducir los femicidios, las mujeres organizan marchas multitudinarias demandando que la Justicia acompañe esas denuncias. Uno de los reclamos más recurrentes apunta a los fiscales que todavía sostienen ideologías machistas, otorgando sobreseimientos a hombres denunciados por violencia, sin investigar los casos ni tampoco llamarlos a declarar. Solo queda salir a la calle para exigir al Estado que haga su trabajo.
“En el 2009, las estadísticas revelaron que el 89 por ciento de las causas penales por violencia de género fueron archivadas sin llamar a declarar al denunciado. La vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco instó al Poder Judicial a investigar cada caso, pero luego no se publicaron más estadísticas”. El dato preciso fue aportado por la abogada Claudia Hasanbegovic, doctora en políticas sociales que considera a la violencia de género una manera de violencia política.
A falta de nuevas cifras oficiales del fuero penal, se multiplican los reclamos de las víctimas testimoniando que nada cambió desde entonces.
Cabe destacar que la Argentina adhirió en 1994 a la Convención Interamericana de Belem do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la cual impone a sus Estados parte, el deber de investigar y sancionar la violencia de género.
Cada vez que un fiscal solicita el sobreseimiento de un denunciado por violencia hacia una mujer, sin investigación ni declaración, la justicia argentina está violando este compromiso internacional.
COMPLICIDAD DEL ESTADO
“La prolongación de la violencia de género a través del tiempo implica la complicidad del Estado con el agresor y su responsabilidad en términos de derecho internacional”, afirmó Hasanbegovic.
 “El sistema penal es el único que puede frenar a los violentos. Tiene que ser modificado, porque ahora no les sirve a las mujeres. El Estado no sanciona, solo aparece cuando hay un femicidio, mientras que la denuncia anterior es desoída”, reflexionó la letrada en entrevista con MisionesCuatro.com.
En ese sentido, también expresó que “deben ser sancionados” los funcionarios que solicitan sobreseimientos sin investigar las causas por violencia machista. Además propuso reproducir el control de medidas cautelares que realiza el Uruguay, que consiste en una tobillera colocada al agresor para monitorear el cumplimiento de la perimetral, en un trabajo conjunto entre el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y Desarrollo Social. También realizan un programa de reeducación para los varones violentos y de empoderamiento para las mujeres. “Es un plan exitoso, que redujo los femicidios en ese país”, remarcó.
SOBREVIVIENTE
Corina Fernández sobrevivió a tres tiros que le disparó a sangre fría su expareja el 2 de agosto de 2010 en Buenos Aires, en la puerta del colegio de sus hijas. Había realizado ochenta denuncias por la violación sistemática de la restricción perimetral. Javier Weber fue condenado a 21 años de cárcel por “tentativa de femicidio” en el primer juicio que nombró ese delito en la Argentina.
A siete años del drama, Corina considera que el sistema judicial no presenta mejoras para proteger a las denunciantes. “La Justicia está igual, diría peor. Hay conciencia social y compromiso, pero el Poder Judicial no acompaña”, enfatizó.
“Yo tiemblo cada vez que le digo a una mujer que denuncie, es un momento crítico, porque sé que queda desprotegida”, contó Fernández, quien ha creado una asociación para ayudar a las víctimas y también relató su historia en una película. Seguidamente comentó: “a la hora del proceso penal, no hay abogados gratuitos y la víctima solo podrá ser querellante si puede pagar costosos honorarios”.

VIOLENCIA MACHISTA
Por su parte, el psiquiatra Enrique Stola afirmó que “todo macho-violento que amenace de muerte, puede concretar su idea en cualquier momento”. Luego describió: “la amenaza es la expresión verbal de la fantasía de eliminar a esa mujer; debe ser tomada muy en serio, pero lamentablemente no es lo que hacen la mayoría de los fiscales ni jueces”.
El especialista agregó que “en las estadísticas de las mujeres asesinadas no se cuentan las que terminan suicidándose por la violencia de sus parejas o las que mueren por enfermedades crónicas producto del estrés postraumático o depresión presentes en toda mujer que sufre violencia machista”.
Para Stola, “la protección estatal hacia las mujeres víctimas de violencia de género extrema es casi nula”. Opinó que “muchas víctimas se habrían salvado si los mecanismos del Estado se hubieran puesto en marcha, por ejemplo, si la violación de una perimetral se considerara una grave amenaza para la mujer (que lo es) y el macho-violento fuera inmediatamente preso”.
Y continuó analizando: “La violencia de género extrema -esa que se produce contra las mujeres concretada en violaciones, agresiones psicológicas sistemáticas, golpes y muerte- es instrumental a la necesidad de los machos de mantener la dominación masculina en el mundo”.
En ese sentido, añadió que “gran parte de la sociedad no quiere que maten mujeres, pero tampoco que se modifique la situación de subordinación que tienen en relación a lo masculino”, advirtiendo que “mientras esto último no cambie, los violentos seguirán considerando que cualquier mujer es un cuerpo posible de tener dueño y ser violado”.
Luego describió: “Para avanzar hay que admitir que vivimos en una sociedad machista, que es necesario educar desde una perspectiva de género, porque es el único abordaje que explica como se estructura la dominación y perjudica nuestras existencias”. Además destacó que “es ineludible dedicar más recursos económicos y profesionales para prevenir la violencia extrema y todas las demás violencias machistas”.
ESTADÍSTICAS DEL PODER JUDICIAL
El último informe difundido por el Registro Nacional de Femicidios fue elaborado con datos relevados entre abril y mayo de 2016, que corresponden a los crímenes ocurridos durante el 2015. El total de víctimas ascendía a 235 en un año. Siete de esos femicidios cuentan con sentencias condenatorias, lo cual representa un tres por ciento del total. Asimismo, se contabilizan siete sobreseimientos y no se registran sentencias absolutorias. El 14 por ciento de las causas corresponden a otras formas de terminación del proceso durante la instrucción o en la etapa oral.
En el 70% de los casos el perpetrador fue un allegado de la víctima. Al menos el 20% de ellas había denunciado previamente por violencia de género al imputado. En el 27% se certifica que no existieron denuncias previas. Mientras que en el 53% no fue posible constatar este dato. El total de imputados es de 236.
El 43% de las víctimas tenía entre 21 y 40 años al momento de ser asesinadas. El 25%, entre 41 y 60 años, mientras que el 11% se encontraba entre 16 y 20. El nueve por ciento superaba los 60 años y un porcentaje similar era menor de 16. En el tres por ciento de los casos la edad no se encuentra disponible. A su vez, el 54% de los imputados fueron varones mayores comprendidos en el rango etario de 19 a 40 años. El 28% tenía entre 41 y 60 años. El 6% eran mayores de 60, mientras que el 6% tenía entre 16 y 18 años. Hay un único imputado menor de 16 años. En el 6 por ciento de los casos este dato no se encuentra disponible.
 
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