Abortos: el Penna ya trabaja con el nuevo protocolo

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Por Admin julio 29, 2012 19:33

 
 
 
AMPLIACION DE LAS INTERVENCIONES NO PUNIBLES
Dos asistentes sociales participaron de una reunión informativa en La Plata y mañana habrá un encuentro multidisciplinario en el sanatorio. Toda mujer violada podrá someterse a la intervención sólo con su consentimiento y una declaración jurada. Juan Pablo Gorbal «La Nueva Provincia»
Luego de la exhortación realizada en marzo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), al resolver el caso de la violación de una menor chubutense y desatar la polémica por ampliar los tipos de abortos no punibles, las autoridades sanitarias provinciales dieron instrucciones para el nuevo protocolo y el Hospital Penna ya está en marcha.
Mañana (lunes 30)  habrá una reunión multidisciplinaria de la que tomarán parte los directivos del sanatorio y médicos del área de Ginecología y Obstetricia.  Durante el encuentro, Nora Stulli y Ana Briera, referentes del departamento de Asistencia Social del Penna, darán a conocer detalles de la información que recibieron la semana última en La Plata, en una jornada de trabajo organizada por el ministerio de Salud provincial que se desarrolló en un centro médico de Ensenada.
La información procedimental, la interpretación legal y las preguntas más frecuentes abordarán los especialistas sanitarios, con el fin de despejar todas las dudas, como paso previo a la instrucción de la nueva Guía de Procedimientos Médicos (obstétricos).
De todas maneras, el Penna, como cualquier otro centro asistencial bonaerense, ya está en condiciones de ampliar la franja de abortos no punibles (ANP).
Hasta la resolución judicial, sólo las mujeres idiotas o dementes violadas y aquellas que sufrieran un riesgo de vida o de salud podían abortar.
Ahora están en condiciones de hacerlo todas aquellas que son sometidas sexualmente, cualquiera sea su condición psiquiátrica, con el consentimiento y una declaración jurada, sin necesidad de denuncia previa.   «Con eso sólo alcanza y el médico tendrá un plazo de diez días para resolver la intervención», adelantó el doctor César Comezaña, director ejecutivo del Penna.
En poco menos de dos años, el establecimiento de Láinez y Necochea debió intervenir en tres situaciones puntuales relacionadas con abortos judicializados.
Se trata de dos menores –una de 11 años que sufrió la práctica y otra de 13 que a fines del año pasado no pudo ser intervenida por el grado avanzado del embarazo– y una mujer cuya vida corría riesgo en caso de no interrumpir su estado de gravidez.  «Podemos decir que ya estamos en condiciones de poner en marcha el protocolo», reconoció Comezaña.

Cómo será. Criticada duramente por la Iglesia y sectores allegados al clero, la medida que deriva del fallo puso fin a la incertidumbre que existía en torno al alcance del artículo 86, inciso 2 (aborto), del Código Penal, que de ahora en más se aplicará para toda víctima violada.   Los médicos provinciales fueron instruidos para la constatación de causales.
      Por ejemplo, en el caso del riesgo de vida o salud para la mujer, les explicaron que «la salud debe ser entendida como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones».
    Para el supuesto de una mujer violada, el facultativo deberá solicitar la declaración jurada de ella o de su representante legal, que se incluirá en la historia clínica, sin ser necesario ningún otro requisito.
     «La exigencia de que las víctimas de violación, para calificar para el aborto, tengan que elevar cargos contra su agresor, obtener informaciones policiales, requerir autorización de un tribunal o satisfacer cualquier otro requisito que no sea médicamente necesario, puede transformarse en una barrera que desaliente a quienes tienen expectativas legítimas de buscar servicios sin riesgos y en forma temprana; retrasa el cuidado necesario y aumenta la probabilidad de abortos no seguros».
      Dicho párrafo fue incorporado al nuevo protocolo y hace alusión a una guía de la Organización Mundial de la Salud y al fallo de la CSJN.
      Cuando el embarazo sea producto de una violación de una menor de 18 años, desde el sanatorio se deberá notificar al Servicio Local de Derechos del Niño y, si tiene menos de 13, la información tendrá que llegar a la fiscalía correspondiente, sin que ello obstaculice el acceso a la práctica solicitada por su representante legal, consentida por la menor.
Finalmente, en el caso de un atentado sexual contra una mujer con discapacidad mental, se deberá solicitar la declaración jurada de su representante; la declaración de insanía, con firma debidamente certificada o dictamen médico de equipo interdisciplinario de salud mental.
     Se le atribuye al director del hospital constatar las condiciones para la realización del ANP y disponer de los recursos necesarios para la realización del procedimiento.
      El plazo para definir si existe una causal de ANP y realizarlo, tal como adelantó Comezaña, será «no mayor a diez días siguientes a la solicitud».
Objeción de conciencia.
Todo profesional de la salud tiene derecho a ejercer su objeción de conciencia respecto de la práctica de abortos no punibles sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente. La objeción de conciencia es siempre individual y no podrá ser institucional, por lo que en cualquier caso se deberá garantizar la intervención.
Antes 1. Para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si ese peligro no podía ser evitado por otros medios. 2. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal debía ser requerido para el aborto.Ahora1. Para evitar un peligro para la vida y la salud de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.2. Si el embarazo proviene de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. 3. Si el embarazo proviene de una violación, conforme la manifestación de la propia víctima o su representante legal y con prescindencia de la denuncia y/o calificación penal del hecho.
El fallo bisagra
     El 12 de marzo último se conoció la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que modificó de manera sustancial esta cuestión.
    Fue en el caso de una menor de 15 años, identificada como A.F., quien quedara embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro en Chubut.      De esta manera el máximo tribunal nacional rechazó el recurso extraordinario que interpusiera el asesor general subrogante de la provincia patagónica y confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que, en marzo de 2010, autorizó la práctica abortiva.
   La resolución fue por unanimidad y la Corte aclaró que, si bien el aborto ya estaba consumado, se configuraba en este caso uno de los supuestos de excepción que, según su jurisprudencia, la autoriza a pronunciarse.
     De esa manera, estableció que las mujeres violadas, sean normales o insanas, podrán practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal. Y también exceptuaron de castigo el médico que practique la intervención.

 
 
 
Fuente: La Nueva Provincia
 
 
 

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